Andrea Marín Mena
Periodista

Los datos estadísticos que registra el Poder Judicial entre el 1 de enero y el 31 de marzo, en relación con la muerte de mujeres por diversas condiciones, ponen a las autoridades judiciales en la necesidad de hacer un llamado para que estos datos sean utilizados en el desarrollo de las políticas institucionales de prevención y atención a las personas víctimas de este fenómeno social. Según explicó la magistrada suplente y coordinadora de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, María Elena Gómez Cortés, los primeros datos con que se cuentan en este 2014, revelan que de las siete mujeres que han muerto entre el 1 de enero y el 31 de marzo, solo uno de los casos se ha tipificado como femicidio y los otros se ubican dentro del concepto de femicidio ampliado, el cual se incorporó dentro de las estadísticas judiciales para incluir los casos de muertes femeninas por otras circunstancias. En todos los casos, la persona imputada está descontando prisión preventiva y el proceso está en investigación y solo en uno, la víctima contaba con medidas de protección.

Las estadísticas judiciales permiten determinar cuáles son los grupos focales, en los que se requiere trabajar, su edad, condición socioeconómica; lo que permitirá evitar que se repitan lamentables historias.

“Analizado los lugares donde se han cometido estos últimos hechos, se evidencia que las situaciones más graves están ocurriendo en zonas rurales y de alta vulnerabilidad y pobreza. Y esto es un elemento importante a valorar, pues es necesario que estos indicadores se analicen como tema prioritario dentro de la política pública para fortalecer la prevención hacia estos sectores sociales, pues los avances logrados en el Poder Judicial mediante acciones en la aplicación y el servicio de la administración de justicia, ha de tener como contrapartida una fuerte política estatal de prevención y atención, que dé una respuesta más integral al tema de violencia doméstica”, destacó Gómez Cortés.

Los decesos que se registraron durante dicho período ocurrieron en Chomes de Puntarenas (femicidio), Nicoya centro, Hatillo, Paraíso y Taras de Cartago, Valle de la Estrella en Limón y La Aurora de Alajuelita. Y las edades de las víctimas oscilaron entre los 15 y los 40 años.

También cabe considerar que solo en el 2012 se registró un promedio de 50 mil medidas de protección dictadas a favor de víctimas de violencia doméstica, solicitadas por mujeres, hombres, personas menores de edad, adultas mayores y personas con alguna discapacidad.

La Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito realiza un trabajo preventivo en las comunidades, durante los fines de semana, mediante talleres informativos que abordan el tema de violencia.

Para Gómez Cortés, otro tema preocupante es la cantidad de víctimas de violencia doméstica, que nunca se han acercado a pedir medidas de protección y “que con el paso del tiempo siguen siendo víctimas de agresión, porque no rompen el silencio y en cualquier momento pueden morir en manos de sus parejas o exparejas y ese es un punto medular a valorar, frente a lo que está ocurriendo en el país”. “ Qué está pasando y qué hacer con las víctimas que no piden protección, es el eje temático hacia donde debe dirigirse esta fuerte política pública de prevención, no solo dirigida a las personas que viven esta violencia en forma silenciosa, sino también haciendo un llamado de atención a los grupos que las rodean, su familia, vecinos, comunidad que conoce de la situación de la víctima pero no la apoyan y que son indiferentes ante esta situación; porque erróneamente siguen pensando que la violencia doméstica es un asunto privado y que el problema solo es de ese hogar. La sociedad debe tener una posición más participativa ante este fenómeno”, puntualizó la jueza María Elena Gómez.

Para la funcionaria judicial ahora se cuenta con estadísticas más concretas que permiten determinar cuáles son los grupos focales, en los que se requiere trabajar, su edad, condición socioeconómica, con el fin de evitar que se repitan estas lamentables historias.

Poder Judicial presente en el cumplimiento de la Convención Belem do Para

El Poder Judicial en los últimos años y para cumplir con los compromisos que ha adquirido el Estado, al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención Belem do Para, y en cuanto a las responsabilidades que le compete, ha implementado una serie de acciones y esfuerzos para intervenir en la lucha contra esta clase de violencia, desde el servicio de administración de justicia que está disponible para todas aquellas personas víctimas de violencia doméstica y de género.

Entre estas acciones destaca el seguimiento a la aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica y la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, mediante acciones y el monitoreo con indicadores judiciales específicos. La capacitación y formación del recurso humano judicial en temas relacionados con género y violencia intrafamiliar, es una acción prioritaria dentro de la política institucional del este Poder de la República, mediante talleres, cursos, conversatorios, entrevistas con los y las funcionarias que aplican las normas legales. También destaca la especialización en la atención de los casos de violencia doméstica. “El Poder Judicial ha venido dando pasos a efectos de crear instancias y despachos especializados. Se inició con los Juzgados especializados de Violencia Doméstica, se siguió con la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, Género y Violencia Doméstica y los equipos de atención del Departamento de Trabajo Social y Psicología y de atención y protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y Juzgados de Violencia Doméstica electrónicos, entre otros”, detalló la funcionaria judicial María Elena Gómez. La puesta en marcha de la Plataforma Integral para el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia (PISAV), brinda un servicio integrado para la atención de personas víctimas de violencia, donde en un solo espacio físico se encuentran distintos despachos judiciales como la fiscalía, el juzgado penal, pensiones alimentarias, violencia doméstica, así como servicios de trabajo social y psicología, medicina legal y oficinas de entes públicos.

El trabajo en el tema de violencia doméstica se desarrolla en el Poder Judicial desde diversos sectores, así lo señalan la Jefa de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Sara Arce Moya, la jueza María Elena Gómez Cortés, la representante de la Secretaría Técnica de Género, Xinia Fernández Vargas y la Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, Alba Gutiérrez Villalobos.

También opera el Sistema de Registro de Personas Agresoras. “Este sistema registra a las personas a las que se les ha dictado medidas de protección y esta información permite a los jueces y juezas prevenir situaciones de riesgo y de mayor gravedad a futuro, en dicho sistema se puede consultar si una persona en los últimos cinco años ha tenido alguna medida decretada por algún despacho judicial del país, lo que permite valorar el riesgo de las situaciones que deba resolver”, destacó María Elena Gómez.

En los últimos cinco años, la producción de estadísticas género-sensitiva, por parte de la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, ha permitido incluir nuevas variables para el estudio del fenómeno de violencia en el país, cumpliendo así con una de las regulaciones que en forma expresa dispone la Convención Belem do Para, con información sobre la aplicación de la leyes, los sectores más vulnerables, áreas geográficas donde ocurren los hechos, la condición socioeducativa de las víctimas y agresores, el modo de actuar de las personas agresoras, las penas impuestas y en general, un panorama integral de esta temática.

Aunque la Ley de Penalización establece tipos penales muy específicos en cuatro formas de violencia: psicológica, física, patrimonial y sexual, otros casos de muerte de mujeres se enmarcan en el concepto de femicidio ampliado, creado para los datos estadísticos judiciales, que contempla las muertes de mujeres por condición de género e integra las tipificadas por la Ley de penalización. Las muerte por condición de género, por ejemplo, las que ocurren en manos de ex parejas o excónyuges, los casos de sicariato, las que suceden en el ámbito intrafamiliar, por atacantes sexuales y personas cercanas a las víctimas.

De igual manera, se prioriza en la homogeneidad de la respuesta judicial, mediante la confección de protocolos de atención e investigación de delitos sexuales y violencia doméstica, y la emisión de directrices y circulares para la aplicación de las leyes.

Uno de los programas que desarrolla al Poder Judicial en materia de Violencia Doméstica es la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), ubicada en Pavas.

El Poder Judicial también desarrolla trabajo de las instancias públicas, en el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el que están involucrados funcionarios y funcionarias judiciales, en las Redes de Apoyo, en distintas comisiones interinstitucionales, y en la coordinación con otras dependencias del Estado como el Ministerio de Seguridad Pública, el Sector Salud y la Comisión Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).. Para la representante de la Secretaría Técnica de Género, Xinia Fernández Vargas, el papel de esta dependencia judicial, desde su creación en el 2003, “ha ido muy direccionada a propiciar, dentro de las instancias del Poder Judicial que tienen responsabilidades en la atención a las víctimas de violencia, una revisión permanente y la definición de procedimientos que sean, cada vez, más inclusivos y respetuosos de los derechos de las víctimas y más adaptados a sus necesidades y características”.

La labor de la Secretaría es de un ente técnico asesor de otras instancias especializadas de la institución como las Comisiones de Género, de Seguimiento de la Aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica y el impulso en la creación de nuevas instancias como la Fiscalía especializada en violencia doméstica y el impulso del PISAV. A esto se suma el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, las comisiones judiciales y el Departamento de Trabajo Social y Psicología, en la definición de procedimientos más claros y homogéneos como la construcción de protocolos de atención para la atención de las víctimas, así como la promoción de temas de capacitación dirigidos a jueces, juezas, personal de la Fiscalía y policía judicial y la motivación desde la Escuela Judicial y las diversas Unidades de Capacitación para que en sus propuestas formativas incluyan la lectura de la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva de género.

Atención en detalle

Una reciente reforma legal a la Ley contra la Violencia Doméstica estableció la obligación de los jueces y juezas que atienden violencia doméstica, a dar seguimiento a las medidas de protección dictadas en todos los casos que atienden.

Actualmente la ley contiene 19 medidas de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica y desde esta labor de seguimiento, que tienen a su cargo los Juzgados Especializados de Violencia Doméstica y Contravencionales en todo el país, el Departamento de Trabajo Social y Psicología brinda este y otros servicios, mediante equipos interdisciplinarios con presencia en casi todo el país.

“Tenemos a cargo una labor pericial, que son las valoraciones que se hacen para conocer, una vez establecida la denuncia por violencia doméstica o por la vía penal desde la Ley de Penalización, si hay una dinámica de violencia, sus características, si existen factores de riesgo o si la persona cuenta con recursos de apoyo o factores protectores que les puedan ayudar a salir de esta dinámica de violencia. Este criterio técnico se remite al juez o jueza para que tome una decisión respecto a las medidas de protección que requiere una persona”, explicó la Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, Alba Gutiérrez Villalobos

“Los casos nos son referidos una vez impuestas la medidas de protección, para verificar su cumplimiento o no, establecemos contacto con la persona y analizamos los factores de riesgo en cada caso. Trabajamos con las personas a nivel socioeducativo para empoderarlas en sus derechos, para buscar alternativas de apoyo institucional, de personas o grupos comunales. El seguimiento se brinda mientras duren las medidas y la frecuencia o cantidad de sesiones estará ligado con lo riesgoso de cada caso. En los casos complejos se activa toda una red de instituciones para darle apoyo a las personas y se desarrolla un plan de seguridad atendiendo las particularidades de cada caso”.

El Sistema de Registro de Agresores se presentó oficialmente el 10 de junio del 2013. Y estuvo a cargo de la integrante del Consejo Superior, Milena Conejo Aguilar, la jueza María Elena Gómez, la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge y el ingeniero en sistemas, Luis Arroyo Acuña.

También se brinda acompañamiento, atención inmediata a las víctimas, cuando se requieren una intervención en crisis, pues “nosotros las orientamos en qué consiste el proceso y sus derechos. Este acompañamiento se da tanto al presentar la denuncia, como en las audiencias judiciales”, explicó Gutiérrez Villalobos. Los seguimientos están a cargo tanto de las y los profesionales de Trabajo Social y de Psicología, pero en los casos donde se atienden personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad o que por su condición tienen impedimento para acudir a los despachos judiciales, el seguimiento lo asumen los y las profesionales de Trabajo Social, quienes se trasladan hasta el domicilio de las víctimas. Solo en el 2013, el Departamento de Trabajo Social registró un total de 2670 pericias psicológicas y sociales en procesos de violencia doméstica. Los lugares que contabilizaron más pericias fueron en Santa Cruz, Alajuela, San José, Liberia y Goicoechea. Además en el 2013 dieron seguimiento a 4729 procesos. Zonas como Santa Cruz, Nicoya, Grecia, Liberia y Puntarenas registran la mayor cantidad de procesos de seguimiento durante el año pasado.

Otra instancia que interviene en la atención de los procesos de violencia doméstica, enfocándose en los asuntos tramitados por vía penal, es la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD).
“Hacemos la intervención desde la valoración de riesgos, con un equipo interdisciplinario, con personas profesionales en Trabajo Social, Psicología, Derecho y Criminología. En la valoración de riesgos se le ofrece a la persona los servicios que ofrecemos, sin embargo el ingreso al programa es voluntario. Una vez dentro del programa procuramos que las personas apliquen las recomendaciones de seguridad. Si están en riesgo se trabaja desde el Área de Protección y si no existe riesgo, se mantienen en el Área de Atención; nuestros servicios pueden hacerse extensivos al núcleo familiar”, afirmó Sara Arce Moya, Jefa de la OAPVD.

Desde la disciplina de Trabajo Social se hacen valoraciones sobre las condiciones socioeconómicas de la persona, las redes de apoyo que tienen y los tipos de recursos que pueden utilizarse a favor de la víctima para mejorar su condición.

De la parte emocional de las personas, se encarga la disciplina de Psicología, que propicia un acompañamiento durante la interposición de la denuncia penal, para empoderarla. También se da seguimiento al caso y se le da la modalidad de psicoterapia breve.

“Las personas son llamadas para hacer un abordaje integral, mediante terapias grupales, talleres para explicarles el círculo de violencia doméstica y las opciones que tienen para salir de éste. Cuando deciden no recibir nuestros servicios por vía judicial, tratamos de referirlas a otras oficinas estatales para que obtengan la atención requerida. Igualmente, ante esta negativa, no cerramos el expediente, esperamos a que pasen unos meses y volvemos a contactar a la persona para verificar su situación, pues nuestro interés es integrarlas a nuestros programas”, reconoció Arce Moya.

El acompañamiento se brinda hasta que finaliza el proceso, incluso en etapas de ejecución de la pena y se le da acompañamiento a todas las diligencias judiciales previstas, principalmente cuando se requiere que la persona realice un trámite en el despacho ubicado en la zona de riesgo.

La jefa de la Oficina de Atención y Protección, Sara Arce, señaló que también se hace un trabajo preventivo en las comunidades, durante los fines de semana y mediante talleres informativos se aborda el tema de violencia.

La OAPVD mantiene presencia en todas las cabeceras de provincia y contabiliza 16 oficinas en todo el país. “La Oficina no tiene jurisdicción territorial por lo que se desplaza hasta el lugar donde la víctima así lo requiera. Igualmente se le brinda la oportunidad a la persona usuaria de señalar la oficina más cercana para recibir la atención. Para brindar facilidades también contamos con un equipo vespertino en el II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea que trabaja de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., para ofrecer los servicios fuera del horario de oficina de las personas usuarias. Además los y las profesionales de la Oficina mantienen un rol de disponibilidad las 24 horas, ante cualquier situación que se presente en todo el país

Según información estadística de la OAPVD, en el 2013 se registró un total de 2846 casos en los que se les brindó protección y atención, por diversos delitos relacionados con la penalización de la violencia contra la mujer. Los tipos penales con mayor demanda fueron el incumplimiento de medidas cautelares, el incumplimiento de deberes agravado, amenazas contra la mujer, desobediencia a la autoridad y ofensas a la dignidad.