Fuente: Ley N° 9103 y sus Modificaciones Vía Ley de la República.

El Poder Judicial logró ejecutar durante el 2013 un 96.86% de su presupuesto, superando en 3.31% el nivel de ejecución del año 2012.

Cabe destacar que si consideramos los recursos que quedaron comprometidos el porcentaje de recursos utilizados alcanzo un 98.69%.

Dichos datos se reflejan en el Informe de Ejecución Presupuestaria, presentado por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial ante la Corte Plena y el Consejo Superior.

En el informe se explica la ejecución de los diferentes programas presupuestarios y resalta que este nivel de ejecución fue alcanzado por primera vez en la historia del Poder Judicial, gracias al trabajo tesonero de una gran cantidad de servidores y servidoras que laboran en diferentes oficinas del ámbito administrativo, así como de la Administración del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial.

En el documento se indica que el Departamento Financiero Contable, en conjunto con las Administraciones Regionales y demás encargados de programas y centros de responsabilidad realizaron análisis periódicos con la finalidad de concretar evaluaciones del comportamiento de las subpartidas de acuerdo a la ejecución y de esta forma determinar las necesidades proyectadas para concluir el período.

Lo anterior, con el fin de cubrir el pago de contratos vigentes y gastos de operación que se tramitan por el Fondo de Caja Chica y por el procedimiento de Compras Menores, además, de otros requerimientos de equipos diversos, construcciones, entre otros.

Asimismo, se incentivó a los administradores a acelerar los procesos de contratación, de tal forma que los compromisos pendientes de pagos al cerrar el año fueran los mínimos posibles, con la finalidad de no afectar el presupuesto del año siguiente.

El informe resaltó el gran esfuerzo por parte de la Dirección Ejecutiva, Departamento de Personal, Departamento de Proveeduría y el Departamento Financiero Contable en el análisis de las diferentes partidas, subpartidas y procesos con el propósito de maximizar el uso de recursos y atender las necesidades totales a nivel Institucional.

El documento expone que al cierre del año 2013, se han desarrollado importantes avances en la pruebas para algunos módulos como el caso de Contratos, Caja Chica, así como la puesta en marcha de otros módulos mediante un Plan Paralelo que son claves y que permite evaluar la idoneidad del avance del proyecto.

Los módulos que funcionan en paralelo y que han tenido pruebas satisfactorias son los Módulos de Modificaciones Internas, Externas, Cambios de Línea, Módulo de Salarios, Solicitudes de Pedidos, Pedidos, Reservas, entre otras, tomando en cuenta la complejidad, el volumen de transacciones, cuantía financiera y la complejidad administrativa del Poder Judicial en cuanto a su estructura organizativa por la variedad de labores que involucran la administración de la justicia. Lo anterior con el fin de que a la mayor brevedad se disponga de esa herramienta informática, cuyo principal objetivo es agilizar los trámites administrativos, presupuestarios y financieros en concordancia con los controles internos que satisfagan la salvaguarda de los bienes del Estado y de esta forma lograr una mayor efectividad en el uso de esos recursos asignados a nivel global.

La mejora continua de los procesos judiciales, administrativos, de investigación y otros procesos, han promovido que la persona usuaria cuente con un acceso a la justicia más ágil, oportuna y con mejores estándares de eficiencia, gracias a las diferentes inversiones económicas que se han realizado.

Se ha trabajado también por mejoras en la infraestructura de edificios en diferentes zonas, nuevas oficinas que ofrecen una adecuada atención a las personas usuarias, recursos tecnológicos como la puesta en marcha de trámites en línea, equipo de cómputo actualizado, nuevos sistemas informáticos, equipo de comunicación para agilizar la conexión entre oficinas, sistemas de videoconferencia entre otros, que han permitido un mejor servicio en los asuntos de oralidad.

El financiamiento del Poder Judicial está consignado en el artículo 177 de la Constitución Política, en el cual se asigna como mínimo un 6% de los ingresos corrientes estimados, de ahí la importancia de ejecutar y aprovechar al máximo los recursos disponibles para beneficio de la ciudadanía.