Andrea Marín Mena
Periodista
Un rediseño total de los procesos que se desarrollarán en tres despachos judiciales del país, con el objetivo de agilizar su tramitación, propiciar el litigio en línea, la aplicación de la oralidad mediante un proceso por audiencias y la puesta en marcha de los despachos cero papel, es lo que caracterizará al ambicioso proyecto que se implementará en el Poder Judicial, de parte del Programa Corte- Banco Interamericano de Desarrollo.
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La Gerente del Proyecto Corte-Bid, Jenny Quirós Camacho y el Coordinador de Proyecto Corte-Bid Fernando Ruiz Elizondo destacaron las ventajas del sistema. |
La celeridad y la mejora del servicio serán los objetivos fundamentales que guiarán a tres despachos pilotos que iniciarán en el mes de octubre. El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, el Juzgado de Trabajo de Cartago y la Sala Constitucional asumieron este compromiso de utilizar la tecnología en beneficio de la administración de justicia y las personas usuarias.
“Los tres programas pilotos tendrán un período de aplicación, prueba, mejoramiento y evaluación de cuatro meses. Una vez culminado ese término se analizarán los resultados. El proyecto pondrá en ejecución en cada despacho de un rediseño de procesos, para mejorar la organización de los despachos y el servicio público y darle celeridad a los trámites”, explicó Jenny Quirós Camacho, Gerente del Proyecto Corte-BID.
“Lo que se busca es digitalizar los asuntos existentes. El manejo de los casos desde el Escritorio Virtual, que es un producto informático elaborado por el propio Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial, las notificaciones se realizarán por formas no tradicionales e incluso los Tribunales de Apelación recibirán los expedientes de manera virtual “, señaló la Gerente del Proyecto Corte-BID.
“Lo que se busca es digitalizar los asuntos existentes. El manejo de los casos desde el Escritorio Virtual, que es un producto informático elaborado por el propio Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial, las notificaciones se realizarán por formas no tradicionales e incluso los Tribunales de Apelación recibirán los expedientes de manera virtual “, señaló la Gerente del Proyecto Corte-BID.
Las demandas podrán recibirse vía correo electrónico, a través del sistema de gestión en línea, que únicamente requiere que las partes se apersonen hasta el despacho y soliciten su clave de acceso y a partir de allí cualquier gestión o consulta del caso se realiza desde Internet o las personas puede apersonarse a la oficina y se escanea el documento de la demanda.
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Las salas de juicio cuentan con equipos de grabación de audio para respaldar cada proceso. |
Al ser un proceso por audiencias, los despachos pilotos estarán equipados con equipo de grabación de audio para respaldar cada proceso y las partes podrán entregar un disco compacto nuevo para la grabación de las mismas o incluso bajar las sentencias y audiencias desde Internet. Los proyectos pilotos se implementarán con la esperanza de que a futuro, una vez evaluada su efectividad, puedan replicarse en los diversos despachos judiciales del país y conforme a las condiciones con que cuente el Poder Judicial y los dispositivos tecnológicos que se requieran.
De acuerdo con Fernando Ruiz Elizondo, coordinador el Proyecto Corte-BID, para cada oficina judicial la empresa consultora realizó un mapeo de cada uno de los procesos que se desarrollan en el despacho, desde el ingreso de un expediente hasta su terminación y a partir de allí se construyó el rediseño de procesos, eliminando los tiempos muertos, con miras a la puesta en funcionamiento de los despachos cero papel, mediante audiencias que comprenden la aplicación total de la oralidad y garantizando un trabajo efectivo con los recursos humanos y tecnológicos existentes en casa despacho.
El Programa que se enmarca en el proyecto Corte-BID lo dirige la Lic. Jenny Quirós Camacho, Gerente del Proyecto y Fernando Ruiz Elizondo, Coordinador, así como especialistas del Poder Judicial que trabajan en coordinación y apoyo con las empresas consultoras.
Los equipos de la contraparte lo integran: de la Jurisdicción Laboral, la magistrada Julia Varela Araya y el juez Adrián Pérez Carpio, en la Jurisdicción Penal se cuenta con la participación del magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, Rodolfo Solórzano Sánchez y Marta Picado Lagos. Los representantes de la Sala Constitucional son la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda y Max Vargas Céspedes.
La consultoría de la Jurisdicción Penal ronda los $263 mil, en de la Jurisdicción Laboral $200 mil y en materia constitucional $80 mil.
De parte del Programa Corte-BID, módulo de Gestión de Despacho se reconoció el apoyo dado por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial en cuanto a las gestiones necesarias para dotar de los equipos requeridos por las oficinas pilotos como scaners, computadoras, sistemas de grabación, pantallas para información al público de audiencias a realizar, certificados digitales de firma digital para jueces y juezas y scanner de firma holográfica para personas usuarias.
Compromiso en materia penal
El piloto en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea dará inicio el 1 de octubre y comprenderá la máxima expresión de la oralidad, bajo el lema “Audiencia pedida, audiencia concedida”, siempre garantizando el resguardo de las garantías de las partes y los trámites legales.
“Lo que se quiere es dar excelencia en el servicio de justicia, a través de proceso céleres y la aplicación de un proceso penal por audiencias, que esperamos sean concedidas en el momento mismo en que se solicitan, a través de la oralidad que facilitará mucho estos logros. Debemos entender que estamos impulsado un trámite eminentemente digital, que nos lleve hacia el cero papel dentro de un modelo de gestión que no solo traería ahorro y eliminación de los trámites burocráticos, sino también una justicia con modelos de trámite nuevos”, explicó el Presidente de la Sala de Casación Penal, José Manuel Arroyo Gutiérrez.
Para el magistrado Arroyo Gutiérrez dichos esfuerzos, en la medida que se cumpla con los trámites adecuados, se traducirán en tiempos razonables de resolución, que se reflejará en ventajas para los usuarios del sistema, sea víctimas, victimarios, Ministerio Público, Defensa Pública o personas particulares o quienes demanden un servicio judicial.
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Las personas usuarias podrán presentar sus demandas en forma digital. |
Jurisdicción laboral lista
Para el 4 de octubre, le corresponderá al Juzgado de Trabajo de Cartago iniciar con el nuevo modelo de gestión.
Según explicó la Gerente del Proyecto Corte-BID, Jenny Quirón, la digitalización comprenderán los asuntos existentes excepto los que están listos para sentencia y así darle forma la visión del juzgado cero papel.
Las demandas se tomarían desde el mostrador o por escrito, las cuales se incluirán en el sistema a través del escaneo de los documentos que se presenten y así inician su proceso desde el escritorio virtual.
De acuerdo con la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, se busca agilizar y mejorar el servicio, mediante la eliminación de trámites innecesarios, que no agregan valor al quehacer judicial.
“No se trata de hacer simplemente un proyecto piloto, sino que funcione, que los operadores del sistema lo mantengan, sostengan y que se pueda replicar en otros despachos con el fin de mejorar el servicio. Estos impulsando un modelo dirigido a litigar en línea, generando agilidad al proceso con la aplicación de la oralidad y el despacho electrónico”, afirmó Varela Araya.
Sala Constitucional
“En la materia constitucional, el trabajo comprenderá la digitalización de aproximadamente el 30% o 40% de los asuntos que analiza la Sala Constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad, recursos de hábeas corpus y amparo relacionados con los artículos 27 y 41 o denominados derechos de petición”, explicó Jenny Quirós Camacho.
El inicio de esta nueva forma de trabajo se programó para el 11 de octubre y contempla la reorganización total del personal de apoyo del Tribunal Constitucional, para asegurar una gestión más eficiente, una valoración de los asuntos que ingresen, mediante un profesional que verificará que los documentos están completos y de no ser así, indicar a la persona recurrente lo que hace falta.
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