Andrea Marín Mena
Periodista
El resguardo de los derechos de las personas adultas mayores y su efectivo acceso a la justicia es una prioridad del Poder Judicial y desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores se emprenden acciones afirmativas para su garantía.
“Una persona mayor sigue siendo una persona con derechos, que están protegidos por la ley, por la Constitución Política y por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ningún derecho se pierde con la edad, por lo que a esta población no solo hay que respetarla, sino también crear acciones para que éstos sean efectivos”, afirmó la Jueza y Magistrada Suplente de la Sala Segunda Sandra Pereira Retana, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, órgano a cargo de impulsar la política institucional judicial en esta materia.
Pereira Retana señaló que desde la Subcomisión se visualizan los múltiples factores de vulnerabilidad que se presentan en la población adulta mayor como son las diversas formas de discriminación establecidas y aceptadas socialmente en razón de la edad, el género, la condición socioeconómica, la socioeducativa, la raza, etc. |
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Las acciones judiciales se orientan a promover que los factores de vulnerabilidad de esta población no influyan en su interrelación con el Poder Judicial y se garantice el efectivo acceso a la justicia. |
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“A esto se suman las diferentes formas de violencia a las que están expuestas las personas mayores, como la patrimonial, psicológica, física, sexual, y las múltiples condiciones que ocasionan un mayor riesgo de agresión no solo de familiares sino de instituciones, personas cuidadoras y otras. Por las brechas de género que persisten, los estereotipos y la educación basada en roles según el sexo, las mujeres cuentan con mayores factores de riesgo para ser violentadas, sin embargo, también los hombres están expuestos a ser víctimas de violencia. Uno de los objetivos de la subcomisión es tratar de que, en estas situaciones, y en general en su interrelación con el Poder Judicial las personas mayores se les garantice ese acceso a la institución y a los servicios que ofrece en un plano de igualdad estableciendo las medidas necesarias para ello”, explicó la coordinadora de la Subcomisión.
Población prioritaria en Poder Judicial
El Poder Judicial cuenta con una Política de Acceso a la Justicia para Población Adulta Mayor, la cual se constituye en un instrumento que guía las acciones de la institución, en aras de permitir un efectivo acceso a la justicia de estas personas que en razón de su edad y otros factores internos y externos se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Su implementación está a cargo de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores.
Se trabajan campañas internas para sensibilizar a la población judicial sobre los derechos de la población adulta mayor y los factores de vulnerabilidad que viven estas personas usuarias, con el objetivo de que se brinde un servicio adecuado a sus necesidades particulares. Actualmente, se trabaja en una campaña informativa sobre normas legales nacionales e internacionales, para promover procesos eficientes desde la especificidad de la persona. El personal judicial también se aborda a través de charlas de sensibilización y capacitación.
“El efectivo acceso a la justicia no solo es que una persona usuaria adulta mayor pueda llegar a una oficina judicial y se le atienda con prioridad, sino que pueda entender lo que sucede en el proceso judicial, que tenga las herramientas para enfrentarlo de una mejor manera, que se pueda mantener en el proceso y concluirlo de manera eficiente y ágil”, puntualizó la jueza Sandra Pereira.
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Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores realiza sesiones mensuales. |
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De esta manera, la política institucional se divulga y reafirma mediante circulares internas, sobre la atención prioritaria en mostrador y durante el proceso, la necesidad de identificar los procesos en que intervengan personas mayores, el otorgar un carné de identificación a las personas mayores usuarias del sistema judicial en los despachos judiciales del país para garantizar la atención de esta población desde su condición y necesidades específicas.
En este momento está en construcción un Protocolo de Atención a las Personas Mayores y se está analizando la política institucional a la luz de las nuevas legislaciones tanto nacional como internacional, incluida la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para determinar si se requiere la actualización de los lineamientos judiciales internos. |
La institución también ha considerado desde la tecnología formas de identificar expedientes en que intervienen personas mayores, en el Escritorio Virtual que utilizan los despachos judiciales se emite una alerta y se identifican con una bolita naranja, para poner un ejemplo.
“Además, actualmente estamos trabajando dentro de la Subcomisión en la construcción de un violentómetro para divulgar y visibilizar las formas de agresión que enfrentan las personas adultas mayores. Pretendemos evidenciar esas situaciones específicas de violencia contra ellas, pues, como ya se indicó, no solo son agredidas en sus hogares, sino en las casas de cuido, en hospitales, en transporte público y hasta por personas desconocidas. Una vez lista la herramienta, se espera ponerla en práctica en despachos de violencia doméstica, contravencionales y de familia, que son mixtos y atienden a esta población”, explicó la coordinadora de la Subcomisión.
Específicamente en cuanto al trámite en las situaciones de agresión a personas adultas mayores, desde hace varios años, los Juzgados de Violencia Doméstica, cuando reciben y tramitan una solicitud de persona mayor, no solicitan el requisito de parentesco como en los demás casos de violencia intrafamiliar, en aplicación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor y lo señalado por la Sala Constitucional, con respecto a la obligación de recibir siempre las solicitudes de esta población y atenderlas aplicando el trámite establecido en la Ley Contra la Violencia Doméstica, cuyo objetivo es la protección inmediata de la persona.
La jueza Pereira Retana indicó también que la agresión a una persona adulta mayor es un delito y las fiscalías del país reciben denuncias relacionadas con violencia en contra de esta población. |
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La jueza Pereira Retana indicó también que la agresión a una persona adulta mayor es un delito y las fiscalías del país reciben denuncias relacionadas con violencia en contra de esta población. |
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Desde la página web de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, se ofrece a la ciudadanía en general información sobre jurisprudencia, circulares internas, normas legales nacionales e internacionales, estadísticas, documentos y publicaciones importantes, para que puedan informarse. Usted puede ingresar a:
https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/subcomisiones/personas-adultas-mayores
Servicios judiciales y estadísticas
La atención que se brinda a las personas adultas mayores es una prioridad y así lo destacan despachos judiciales consultados.
“Siempre que se trata de una persona adulta mayor, realizamos los ajustes razonables o las medidas correctivas que permitan que su acceso a la justicia sea una mejora para su calidad de vida y para la experiencia ante la Administración de Justicia. Se les brinda información segura y confiable. Si es necesario en el caso concreto, realizamos visitas domiciliares, otorgamos medidas atípicas, es decir, acordes a la situación que se ha expuesto y si la persona lo requiere, se le explica la resolución ordenada, especialmente, si se debe denegar lo pedido”, manifestó la jueza coordinadora del Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, María Ester Brenes Villalobos.
El Juzgado también busca acompañamiento en las Oficinas de Gestión Social de las Municipalidades de Heredia y Barva, en una alianza estratégica para verificar la participación de las personas adultas mayores en grupos de apoyo y crecimiento personal. Además, se forma parte del Comité de Incidencia Política de la Persona Adulta Mayor del cantón de Heredia, que es un programa a nivel mundial y se focaliza en aspectos como el correcto acceso a la justicia y el derecho humano esencial para el disfrute de los demás derechos humanos.
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El Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia analiza las particularidades de cada caso y si es necesario, realiza visitas domiciliares y otorga medidas atípicas, es decir, acordes a la situación que se ha expuesto y si la persona lo requiere. |
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Entre el 2019 y el 2021, la demanda de servicios judiciales por parte de personas adultas mayores ha ido en aumento, donde las materias penal y de violencia doméstica registran la mayor cantidad de procesos judiciales.
Los datos brindados por el Subproceso de Estadística del Poder Judicial muestran que durante el 2019, se registró un total de 6.928 personas adultas mayores que se constituyeron en intervinientes en procesos judiciales en las diversas materias. Los procesos penales registraron 3.361 personas adultas mayores como parte del proceso, seguido de la materia de violencia doméstica con 1.853 expedientes con persona adulta mayor como parte.
En el 2020, la cantidad de expedientes con persona adulta mayor como interviniente contabilizó el ingreso de 3.519 casos más, para un 51% de aumento con respecto al año anterior. Un total de 4.634 personas mayores acudieron ante juzgados penales y 4.446 solicitaron los servicios judiciales en materia laboral. |
Los procesos judiciales de esta población se incrementaron en un 35% en el 2021, al registrarse un total de 14.079 asuntos; donde los procesos penales (6.417 expedientes) y de violencia doméstica (2.562 expedientes) registran la mayor demanda.
A mayo del 2022, se registra un total de 5.671 expedientes judiciales donde interviene una persona adulta mayor; 2.787 de estos correspondientes a la jurisdicción penal y 1.078 a la jurisdicción de violencia doméstica.
Desde el Juzgado de Violencia Doméstica del I Circuito Judicial de Alajuela, se emprenden diversas acciones afirmativas en favor de esta población, así lo destacó la jueza coordinadora Shirley González Quirós.
“Establecimos que previo al otorgamiento de las medidas es importante visitar a la persona adulta mayor, para ser escuchada y determinar si no tiene limitación en su capacidad volitiva y cognitiva y así respetar el derecho que les asiste de participar activamente en todas y cada una de las actuaciones, salvo cuando se carezca de dicha capacidad”, externó González Quirós.
Además, las diligencias a realizarse en los casos donde interviene una persona adulta mayor se realizan en su domicilio (entrevista, audiencias, solicitud de medidas), o bien incluso haciendo uso de la tecnología, siempre y cuando tengan acceso a ella.
El juzgado también dispuso establecer una fecha al año para realizar una actividad con personas adultas mayores y brindarles una charla sobre sus derechos, la forma de denuncia y la solicitud de protección, que ha tenido gran aceptación y se refuerza de forma permanente entre el personal del despacho, con un trato preferencial, humanizado y empático para las personas adultas mayores.
La Jueza y Magistrada Suplente de la Sala Segunda Sandra Pereira Retana, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores concluyó que “El envejecimiento es un proceso que inicia desde que nacemos y es constante durante la vida. Estar consciente de ello y trabajar en la atención a las personas mayores es un deber de todas y todos y el Poder Judicial como institución garante de los derechos de la población ha asumido su responsabilidad y brinda una respuesta efectiva a las personas adultas mayores. Hay mucho más por hacer, pero estamos trabajando en ello.” |
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