Teresita Arana Cabalceta
Comunicadora
“Salimos a las 7:00 a.m. en un vehículo y realizamos un recorrido de dos a tres horas, dependiendo de las condiciones climáticas. El citador se traslada en cuadraciclo, en caballo y en muchas ocasiones tenemos que caminar para llegar hasta los territorios indígenas, por el difícil acceso del camino” … Así inicia un día de trabajo de visita a poblaciones indígenas del juez Contravencional de Turrialba, Marvin Durán Fernández, con el fin de llevar a cabo alguna diligencia judicial.
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Personal judicial del Juzgado Contravencional de Turrialba camina largos trechos para realizar diligencias judiciales en territorios indígenas. |
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Consultas, audiencias sobre pensiones alimentarias, juicios orales de contravención, atención de consultas y recepción de denuncias contravencionales, son parte del compromiso que viene desarrollando este despacho con las poblaciones indígenas de Grano de Oro, Roca Quemada y Paso Marcos de ese circuito.
“Hace un año que venimos entrando tres veces al mes a estas comunidades. El objetivo de estas giras es permitirle el acceso a la Justicia a estas personas y con ello aprovechamos para escuchar sus inquietudes, evitamos su traslado desde comunidades tan alejadas y les brindamos una ayuda con respecto a los problemas legales que tienen en sus lugares”, resaltó Durán Fernández.
Las visitas se llevan a cabo en el Colegio de Roca Quemada, Escuela de Paso Marcos y Delegación de la Fuerza Pública de Grano de Oro, por los jueces Durán Fernández y Randall Gómez Chacón, quienes van acompañados por un auxiliar judicial, una defensora pública y un citador que aprovecha para realizar notificaciones en dichas regiones indígenas.
“Siempre he contado con el apoyo de mis compañeros y compañeras de oficina, así como de la Administración; en lo personal es una gran satisfacción poder ayudar a estas personas en sus problemas, escucharlos y conocer sus necesidades, eso me ha sensibilizado mucho”; concluyó el juez. |
Todas estas personas cuentan con una realidad diversa de condiciones y el Poder Judicial mediante la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas realiza esfuerzos importantes, para asegurar el cumplimiento y aplicación de la legislación nacional y los convenios internacionales sobre la materia.
La Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, quien preside la Comisión de Acceso a la Justicia y Coordina la Subcomisión de Pueblos Indígenas, se ha caracterizado por su compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos de estas poblaciones.
“La experiencia de trabajar en la Subcomisión de pueblos indígenas ha tenido un profundo significado, no solo para el Poder Judicial, sino también para las distintas instituciones que la conforman, por el esfuerzo logrado en común. Ha sido un trabajo muy enriquecedor por medio de diálogos, consultas, visitas a la mayoría de los territorios indígenas”; expresó la magistrada Escoto Fernández.
Agregó que “hemos tratado de capacitar al personal a fin de aplicar convenios, acuerdos y normativas en general que conllevan la puesta en práctica de los Derechos Humanos de las personas indígenas, sobre todo ahora con la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, aprobada recientemente por la Asamblea General de la OEA. Debemos reconocer el esfuerzo activo de todos los ámbitos del Poder Judicial, en poner en práctica las reglas y acciones planteadas por la Subcomisión y con el apoyo obtenido por Corte Plena, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior y Unidad de Acceso a la Justicia”. |
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Juez Contravencional de Turrialba, Marvin Durán Fernández. |
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Este compromiso por garantizar la atención oportuna y humanizada con estas poblaciones, ha sido asumido por muchos servidores y servidoras judiciales; entre ellas el Circuito Judicial de la Zona Sur, quienes trabajan muy de cerca con la población Ngöbe.
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Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, quien preside la Comisión de Acceso a la Justicia y Coordina la Subcomisión de Pueblos Indígenas del Poder Judicial. |
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Desde el año 2014, la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Corredores también lleva a cabo una importante labor con regiones indígenas.
Peritajes sociales y psicológicos de las personas usuarias, remitidos por autoridades de la zona, son parte de las diligencias que realiza este despacho en las regiones indígenas de Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa.
“Realizamos un trabajo in situ con las poblaciones Ngöbe al menos dos veces al mes; nos desplazamos una Trabajadora Social y una Psicóloga y recorremos hasta tres horas o más por la extensa área geográfica que se atiende. Llegamos a escuelas, colegios o centros de salud de territorios indígenas, a fin de realizar las valoraciones referidas y lograr la accesibilidad de estas poblaciones a la justicia; lo anterior, debido a que la mayoría no cuentan con recursos económicos para solventar los gastos que implica el traslado a los Tribunales de Justicia”, comentó la Coordinadora de la Oficina de Trabajo Social de Corredores, Olga Hidalgo Badilla.
Otro importante ejemplo en esta temática, es el Juzgado Mixto de Buenos Aires, despacho que tiene a cargo la atención geográfica de seis territorios indígenas: Boruca, Rey Curré, Cabagra, Ujarrás, Salitre y Térraba, a partir de la incorporación de la materia agraria en el año 2015. |
El ingreso de esta nueva materia trajo consigo un importante aumento en procesos relacionados con la tenencia de tierras en territorios indígenas.
“Hemos dimensionado la atención a la persona usuaria en condición de vulnerabilidad para promover un acceso a la justicia plena. La institución ha adoptado las Reglas de Brasilia, Reglas Prácticas de Atención a la Persona Indígena de la Contraloría de Servicios y otras políticas que hemos visualizado e implementado de acuerdo a esa vivencia diaria en el Juzgado. La práctica con estas poblaciones ha sido de sensibilización y de un entendimiento de su entorno para poder brindar un esquema de atención, claro, sencillo y oportuno”; señala el juez coordinador del Juzgado, Jean Carlos Céspedes Mora.
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Personal de la Oficina de Trabajo Social y Psicología de Corredores realiza trabajo in situ con poblaciones Ngöbe dos veces al mes |
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Identificación de expedientes con cintillos distintivos, informar a la persona usuaria indígena de sus derechos y de contar con intérprete de su lengua materna, señalamientos de audiencias in situ y en el despacho, en horarios accesibles, sensibilización del personal técnico y profesional respecto a la utilización de lenguaje sencillo y en casos determinados brindar ayuda económica para el pago de traslado de estas personas; son algunas de las acciones que implementa este despacho, tras adoptar como eje central las Reglas Prácticas de Brasilia.
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Personal del Juzgado Mixto de Buenos Aires |
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Un aspecto importante de este despacho según lo indicó el juez Céspedes Mora, en materia agraria y en atención a los conflictos de tenencia de tierras, es que el juzgado ha proyectado señalamientos en agenda con prioridad, con el fin de dar respuesta pronta y ha establecido como práctica el hecho de crear un banco de peritajes culturales o antropológicos propios del Juzgado, para tener noción clara de cada evento cultural que suceda según el caso concreto y así formar conceptos de cada uno de los territorios que ayuden a resolver disputas futuras.
“Es un trabajo diario en el que participa todo el despacho, hemos tratado de hacer conciencia y de coordinación con otras instancias como la Fiscalía Penal Juvenil, Defensa Pública y Administración Regional. La experiencia con pueblos indígenas es muy positiva. Particularmente me ha permitido aprender sobre la cultura y cosmovisión de los territorios indígenas y me ha sensibilizado para los momentos de abordar las disputas de forma distinta, no tengo palabras para expresar la importancia de esta experiencia”, resaltó el juez Céspedes Mora.
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Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial
Al ser Costa Rica un país multiétnico, plurilingüe y multicultural, existen cerca de 103 mil personas indígenas, 8 culturas y 24 territorios indígenas.
El Poder Judicial hace más de 11 años ha realizado una labor encomiable, a través del trabajo comprometido de jerarcas, funcionarias y funcionarios sensibilizados en brindar mejores oportunidades de acceso a la justicia a estas poblaciones que presentan una condición altamente vulnerable.
“Ha sido muy enriquecedora la experiencia de trabajar en la temática de poblaciones indígenas desde Poder Judicial, hemos aprendido mucho de su cultura, idiosincrasia y valía de un pueblo que lleva en sí nuestras raíces. Hemos llevado a cabo grandes acciones y se han obtenido políticas gubernamentales e institucionales importantes, sin embargo debemos optar por un compromiso con respeto y conciencia, impregnado en la reciente reforma del artículo 1 de nuestra Constitución Política, que indica:“Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiénica y pluricultural”, indicó la magistrada Escoto Fernández.
Entre las principales acciones dirigidas a estas poblaciones, se encuentran pendientes la aprobación de la Política Institucional, a pesar de que ya se cuenta y se aplican reglas prácticas, para garantizar el acceso a la justicia, cuyo objetivo es la adecuación de los servicios del Poder Judicial a las principales necesidades de esta población, a fin de marcar la ruta para orientar el correcto proceder del personal judicial.
Las doce reglas prácticas ya aprobadas por el Consejo Superior y Corte Plena desde el 2008, contienen entre otras, actividades de capacitación y concientización, boletines informativos, divulgación de circulares, así como otras acciones llevadas a cabo a través del Programa de Gobernabilidad Democrática en Costa Rica, con el fin de mejorar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas Bribris, Cabécares, Malekus y Ngäbes-Buglés, entre otros.
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Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial |
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Además de acciones y lineamientos, esta Subcomisión también promueve actividades de tipo humanitario a través de donaciones a distintas comunidades indígenas, como fue la colecta de donativos en beneficio de la población indígena de Alto Telire, realizada el pasado mes de abril.
La Subcomisión está integrada por la magistrada Escoto Fernández; como coordinadora, Damaris Vargas Vásquez, magistrada suplente y Directora del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional; Alejandra Monge Arias, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia, así como por representantes del Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Contraloría de Servicios, Escuela Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Instituto Nacional de las Mujeres, Caja Costarricense de Seguro Social, Patronato Nacional de la Infancia, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Dirección General de Migración y Extranjería y Casa Presidencial. |
En resumen…
Magistrada Carmenmaría Escoto Fernández
“Considero importante recordar al personal judicial, que atiende personas usuarias indígenas, la aplicación de las acciones y reglas obtenidas a través de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y la Comisión de Acceso a la Justicia, así como tomar conciencia de la importancia de un trato especial a estas personas que afrontan muchas situaciones de vulnerabilidad social.”
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Damaris Vargas Vásquez
"El Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional coadyuva con la Subcomisión de Pueblos Indígenas en la articulación de acciones que faciliten a las personas juzgadoras agrarias, contenciosas administrativas, penales, laborales y demás áreas jurisdiccionales, desarrollar competencias que les permitan ofrecer una justicia pronta, cumplida y sin denegación a las personas usuarias indígenas. Para ello, desde la Subcomisión se procura socializar la normativa internacional de rango supra constitucional que regula los derechos de esa población, así como la regional e interna, incluyendo las políticas y circulares definidas por Corte Plena y el Consejo Superior. Se insta con ello a tramitar y resolver esos procesos atendiendo lineamientos tales como disponer de personas traductoras, peritajes culturales, audiencias en los territorios indígenas, entre otras disposiciones; en especial, resolver conforme al Derecho Indígena. De igual manera se coordinan acciones con otras instituciones del Estado procurando garantizar la participación activa de personas indígenas en las decisiones de gestión."
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Alejandra Monge Arias
“Considerando las especiales circunstancias que recaen sobre la población indígena: ubicación geográfica, idioma, situación de pobreza, marginación, discriminación y exclusión que les afecta, hacemos un llamado al personal judicial a brindar un servicio de calidad, acorde con los lineamientos que se establecen en las Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de estas personas y recordarles la obligación de proveerles de personas intérpretes en todos los casos y suministrar las ayudas económicas previstas, cuando se requieran.” |
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