Sara Arce Moya Jefa, Oficina de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público

Desde hace 16 años, las personas víctimas de un delito sin distinción de etnia, edad, sexo, género, nacionalidad ni preferencia política o religión, son parte importante de un exitoso programa del Poder Judicial.

Disminuir su revictimización por medio de un trato más humano con respecto a sus derechos, son los retos que se trazó el Ministerio Público a través de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos. Acciones llevadas a cabo, éxitos logrados, nuevas proyecciones y otros temas profundiza la Jefa de esta Oficina, Sara Arce Moya en nuestra sección: La Entrevista.

¿Cuáles han sido los logros más relevantes para la Oficina de Atención y Protección a Víctima en los últimos tiempos?

Sin dejar de reconocer como pilares importantes, quienes iniciaron la tarea en el año 2000 por acuerdo del Consejo Superior, para mí los últimos tiempos de esta oficina abarcan desde el 2010 a la fecha. Tras la promulgación 8720 en el 2009, se ha tenido una gran evolución, debido al esfuerzo de todas las personas que han trabajado aquí y los que aún lo hacen.

Tener hoy presencia en las principales cabeceras de provincia, contar con 18 Oficinas a nivel nacional y además espacios temporales ubicados en Cañas, Siquirres, San Ramón y Nicoya, donde se brinda atención, convirtiendo el acceso a los servicios en una realidad, a pesar de que no se tienen los equipos de trabajo completos y que nuestra área administrativa tampoco ha tenido crecimiento, significa el compromiso de un gran equipo y por supuesto un logro relevante.

Contar con el reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia y Paz al nombrar la oficina como “Constructora de Paz” en el año 2013 y la reciente postulación de la ciudadanía, con la que se obtuvo el primer lugar del premio al Aporte al Mejoramiento a la Calidad de Vida, que otorgó la Defensoría de los Habitantes de la República en el 2015, generan una gran responsabilidad en el equipo de trabajo de hacer la mejor labor todos los días.

Se ha venido trabajando en el rediseño de procesos y con la ayuda de PRONAFE, algunas de nuestras sedes ya no trabajan en papel, lo que redunda en la mejora del servicio . En el 2015 se adjudicó la compra de un vehículo con las características establecidas en la Ley 7600 y fue recibido este año, resultando ser el único de esta naturaleza en la institución, el cual resulta de mucha utilidad para el transporte seguro y cómodo de esta población.

¿Cuáles son los delitos de mayor demanda para el Programa de Atención y Protección a Víctimas y en qué zonas del país requieren mayor atención del servicio?

En el informe de labores de 2015 los delitos que encabezan la lista de ingresos en esta oficina a nivel nacional, corresponden al Incumplimiento a medidas de Protección con 1139 asuntos, seguido por maltrato con 992, mientras que en el programa de protección fue el delito de Amenazas con 885, agresión con arma 612 y delitos previstos en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres 590.

Recordemos que esto no refleja un aumento o disminución de este flagelo, sino que han optado por utilizar los servicios de la oficina.-

¿Cómo Coordinadora Técnica de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas, cuál ha sido el impacto en la implementación del PISAV?

Quienes realizaron esta propuesta como plan piloto que inició funciones en el 2011, realmente tuvieron una visión acertada entre la realidad y la necesidad que se tenía, pues con esta nueva modalidad de trabajo, el mayor impacto que se logra es mejorar las circunstancias en las que se encuentra la persona destinataria de estos servicios, quien antes de su existencia tenía que acudir a varias oficinas judiciales en busca de una respuesta institucional que hoy puede encontrar en un solo lugar.

Actualmente se trabaja en las dos plataformas que están operando en visualizar las fortalezas y debilidades del modelo de trabajo, mediante la revisión de los procesos y encuestas de percepción de servicio, en busca de mejora y sostenibilidad.-

¿Cuáles regiones del país contarán con PISAV y cuáles son los avances?

En el año 2011 inició el plan piloto en Pavas, en marzo de 2015 se abrió la Plataforma de La Unión, Tres Ríos; actualmente se está trabajando para la puesta en marcha y la apertura en San Joaquín de Flores en la provincia de Heredia y Siquirres.

¿En qué consiste el Programa de Atención “Empredurismo de Víctimas de Violencia Doméstica y dónde se desarrolla actualmente?

En este programa se encuentran mujeres que tienen en trámite causas penales de los delitos contenidos en la Ley de Penalización Contra las Mujeres. Se procura que por medio del empoderamiento y brindando herramientas teóricas prácticas a mujeres víctimas en condición de vulnerabilidad, con respecto al tema de emprendedurismo puedan concretar un proyecto de vida, mediante la articulación con otras instituciones, mientras permanecen en el proceso penal.

¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos y los proyectos este año, de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas?

Con el apoyo del señor Fiscal General, todos los esfuerzos y proyectos se orientan en cumplir el mandato legal de proteger los derechos de las personas víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, de una forma humanizada, para las personas que participan en el proceso penal, como víctima directa, su familia, testigos, así como todas las personas funcionarias judiciales, que juegan un papel sumamente importante.

Esta es una labor diaria, pues aunque se logró un avance con la promulgación la Ley 8720 en el año 2009 y reformas al Código Procesal Penal, muchas personas no conocen esta normativa y aunque el país ha suscrito varios instrumentos internacionales, en materia de protección y asistencia a esta población, aún no se ha logrado que se aplique. A modo de ejemplo, le puedo decir, que algo que genera mucha inconformidad en las personas usuarias, es la revictimización secundaria que sufren al entrar en contacto con el sistema judicial, por el trato que reciben de las funcionarias y funcionarios judiciales cuando son atendidas , por eso se redoblará esfuerzos para que cuando éstas acudan a las diligencias judiciales lo hagan de la mejor forma e informadas de sus derechos.

Considero que sí es posible minimizar el impacto sufrido por las personas víctimas de delitos penales, con los servicios que brinda la oficina, articulándonos oportunamente con otras instancias judiciales, pero disminuir su revictimización está cada día en manos de las personas funcionarias judiciales al hacer su labor, convirtiéndonos todos en actores importantes que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.

Quedan muchos retos por cumplir.