Teresita Arana Cabalceta
Comunicadora

Buenos días vengo a interponer una denuncia! Una persona menor de edad sufrió un abuso sexual! “Ansiedad, nervios, incertidumbre, inseguridad” son algunos de los sentimientos que experimentan los familiares y los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, en el momento de presentar una denuncia penal.

Programa de Atención a la Violencia Infanto-Juvenil responde al interés nacional de dirigir esfuerzos institucionales hacia las víctimas infanto-juveniles.

Con el fin de hacer ese momento menos doloroso y traumático tanto para la víctima como para la persona adulta que la acompaña, un profesional en el campo de Trabajo Social realiza un importante abordaje a estas personas en el cual primero se validan sus sentimientos, en medio de su situación, para luego, empoderarla de toda la información necesaria para enfrentar todo el proceso judicial. Se trata del “Programa de Atención a la Violencia Sexual Infanto-Juvenil” que desarrolla desde hace 16 años el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. “Esta importante labor de apoyo a la víctima, que se desarrolla a través del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, surgió como una iniciativa de un grupo de profesionales en Trabajo Social, que se inquietan ante la necesidad de brindar una atención especializada a las personas menores de edad en materia de violencia, principalmente la de tipo sexual, así como para minimizar la revictimización secundaria, explicó la máster Alba Gutiérrez Villalobos.

Basta con evidenciar que en nuestro país cada día se tramitan cientos de procesos judiciales por violencia sexual en perjuicio de personas menores de edad que son víctimas de sus propios padres, tíos, primos y personas ajenas a la familia, sin diferenciar clases sociales. En los últimos cinco años de un período comprendido entre el año 2009 y el 2013, sólo en el año 2011 se tramitaron en el Departamento de Trabajo Social y Psicología, 2.776 casos de atención inmediata y 2.388 casos referidos para atención socioeducativa.

Ante esta situación, el programa se orienta al trabajo de intervención con personas menores con edades comprendidas entre los 2 años y los 18 años, víctimas de alguna forma de violencia, como un delito de violencia sexual, abuso de patria potestad o incumplimiento de deberes parentales y también se atienden a los familiares que los acompañan al interponer la denuncia penal. Una labor que ha tenido gran éxito en San José y en otras zonas del país. Su accionar establece una estrecha coordinación con el Ministerio Público a través de las fiscalías. En la provincia de San José se trabaja por medio de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, Penal juvenil, Desamparados, Hatillo, Pavas y Puriscal y en cada oficina regional se coordina con los despachos donde se atiende esta materia, es decir, las fiscalías adjuntas. “Este programa cumple con el derecho que tienen las personas menores de edad a recibir un acompañamiento durante todo el proceso judicial, donde vayan a tener alguna participación”; afirmó la máster Gutiérrez Villalobos, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

Máster Alba Gutiérrez Villalobos; jefa Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial.

La ejecución de las acciones del programa durante el proceso de intervención, se ubican en tres momentos claves:

a. La investigación social o elaboración de dictámenes sociales en delitos sexuales, delitos de abuso de patria potestad, de maltrato, lesiones y otros donde hay menores de edad involucrados.

b. La atención socio-educativa, mediante un abordaje individual y grupal. Los temas de estos grupos se trabajan dependiendo de las edades, se desarrollan temas de prevención de la violencia, identificación de personas de confianza, proyecto de vida, redes de apoyo, plan de seguridad, familiarización del proceso judicial que incluye visitas a la sala de juicio y Cámara de Gessell para el caso de reconocimientos o para entrevista.

c. La atención inmediata. (en fiscalías, juicios, reconocimientos, anticipos-juridiccionales de prueba, entre otros). En la toma de denuncia las profesionales se trasladan a albergues, hospitales, escuelas, etc.

El abordaje en casos de atención inmediata:

1. La denuncia ingresa por medio del encargado de la persona menor de edad, CCSS, 911 o maestra (o) orientadora de algún centro educativo, quienes se apersonan al despacho judicial a interponer la denuncia.

2. De acuerdo con un procedimiento y directriz establecida por el Ministerio Público desde el año 2008, el fiscal correspondiente tiene la obligatoriedad de dar aviso a un profesional en Trabajo Social o Psicología que está disponible para la atención inmediata.

La toma de denuncia se puede hacer en la oficina de fiscales o en Cámara de Gessell, ahí se hace presente el o la fiscal, el o la Trabajadora Social y la persona menor de edad

El escenario en esta etapa es una sala en la Fiscalía, la cual reúne todas las condiciones de privacidad y confidencialidad; aquí el profesional en Trabajo Social realiza un abordaje donde se validan todos sus sentimientos y se le brinda orientación e información sobre todo el proceso judicial y sus derechos. Aquí se hace el primer vínculo con la persona menor de edad y también se observan las habilidades de la misma; esto se conoce como “Rapport”. Luego el profesional valorará e identificará los factores protectores y de riesgo, así como las habilidades, destrezas, capacidades y condiciones de la persona menor de edad para enfrentar el proceso y así evitar la revictimización en la instancia judicial.

3. Toma de denuncia: La misma se puede hacer en la oficina de fiscales o en Cámara de Gessell, ahí se hace presente el o la fiscal, el o la Trabajadora Social y la persona menor de edad y es hasta este momento en que la víctima relata su situación.

4. Luego de la toma de la denuncia, el fiscal o la fiscala hace una remisión para que el menor de edad sea incorporado al programa de acuerdo al artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia y se le brinde la atención pertinente.

El programa ofrece sesiones individuales o grupales con las víctimas, mediante un trabajo socioeducativo. Se trabajan grupos de acuerdo con las edades y se utilizan técnicas diversas, como por ejemplo representaciones con títeres.

La labor consiste en informar a los y las menores de edad sobre sus derechos, temas de prevención de abuso sexual, así como recomendaciones en casos de buscar ayuda en situaciones de riesgo y se les orienta sobre la dinámica y participación durante un juicio. Con grupos adolescentes, se tratan temas de plan de vida, prevención, relaciones constructivas y temas sobre explotación sexual y trata de personas. En este punto se pretende que la víctima reciba atención y acompañamiento mientras llega al juicio, para que pueda enfrentar esa etapa mejor informada y fortalecida.

Profesionales en Trabajo Social del Poder Judicial

“Nuestra visión es hacer que las personas menores de edad y sus familiares, logren transitar durante el proceso judicial con información de manera positiva…”

Más de catorce años de experiencia en este campo, le han proporcionado a la Licda. Ivette Aguilar Arrieta, Trabajadora Social una entera satisfacción en el trabajo social con víctimas de violencia sexual.

“Para mí el programa significa un impacto positivo para todas estas familias y personas menores de edad, porque trasciende no solo en la parte legal. Nuestra visión es hacer que las personas menores de edad y sus familiares/encargados, logren transitar durante el proceso judicial con información de manera positiva. El abordaje profesional les permite ser escuchadas, empoderarse con información en un lenguaje sencillo y coloquial”, indicó la Licda. Aguilar. “Yo amo esta profesión, yo no veo el dolor humano, yo veo en cada niño o niña, una joya que brilla, que está luchando, y con un potencial como persona... que va a salir adelante con sus proyectos y metas en la vida; y ese éxito se reafirma al comprobarse que las personas logran mantenerse hasta el final de proceso judicial que concluyen en el juicio”, agregó la Licda. Ivette Aguilar “Somos el puente entre estas personas y la institución, hacemos ese enlace entre la parte humana y la institución… somos el espacio para que la familia pueda venir a expresar sentimientos y aclarar dudas…”, enfatizó la Licda. Aguilar.

Para la Licda. Ivette Aguilar Arrieta, Trabajadora Social Para, el programa significa un impacto positivo para todas estas familias, el abordaje profesional les permite ser escuchadas, empoderarse con información en un lenguaje sencillo y coloquial, que les permite mantenerse durante todo el proceso judicial.

La capacitación constante en esta temática también forman parte del éxito del programa, las profesionales en este campo han recibido capacitación con el FBI de los Estados Unidos, organismos internacionales en temas como entrevistadores forenses, dinámicas del abuso sexual, explotación sexual comercial, trata y tráfico de personas y con el IAFA sobre la problemática de la adicción a las drogas, el Instituto WEW y el Hospital Nacional de Niños. Su labor ha trascendido con la participación de congresos relevantes, tales como el IV Congreso Internacional y VII Nacional de Trabajo Social, en setiembre del 2007, donde cuatro profesionales de San José participaron con la ponencia “La intervención de Trabajo Social Forense en la atención de personas de edad que han denunciado delitos sexuales en el Primer Circuito Judicial de San José, Poder Judicial costarricense.

El Programa fue aprobado el 15 de julio del año 1996, su nombre original fue: Programa de Atención a Víctimas y ratificado el 5 de agosto de 1996 por la Corte Plena. Fue respaldado y amparado legalmente el 6 de febrero de 1998, con la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente en el Título IV sobre Derechos de Acceso a la Justicia en su artículo nº 123, el cual versa:

“El Departamento de Trabajo social y el Departamento de Psicología del Poder Judicial deberán asistir al menor ofendido y a su familia durante el proceso. Finalizado éste la persona menor de edad deberá ser remitida a la institución correspondiente para el debido tratamiento (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998: artículo Nº123).”

Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) – Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad

A partir del año 2000 el Poder Judicial a través de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ), realizó el documento denominado: Directrices para reducir la revictimización de las personas menores de edad en procesos penales”, el cual comprende una guía con criterios que permiten, con su desarrollo, validar los derechos de las personas menores de edad.

Estas directrices fueron aprobadas por Corte Plena en el mes de mayo del año 2002. Algunas de las temáticas que se señalan en el documento refieren: la prontitud del proceso, la asistencia profesional especializada, las valoraciones corporales en delitos sexuales, las condiciones del debate, entre otros. Con estas directrices, se reforzaron la intervención y la validez de los programas del Departamento, para que las personas menores de edad reciban una atención especializada, cuando participan en los procesos penales.