| Acciones y proyectos buscan mejorar procesos de acceso a la justicia en esta materia |
JUSTICIA COSTARRICENSE
SE IMPARTE EN IDIOMAS |
Señalan necesidad de que en el país se constituyan entes que certifiquen a quienes asumen compromiso de ser intérpretes o traductores en procesos judiciales.
Recientemente Poder Judicial aprobó nuevos lineamientos que dictan las pautas para su incorporación a la lista oficial de la institución, derechos, deberes y procesos a seguir para su contratación.
Jurisdicciones Penal, Familia, Civil y Contravención y Menor Cuantía son las que registran mayor número de solicitudes.
San José, Puntarenas, Alajuela y Zona Sur concentran el mayor número de solicitudes para diversos procesos judiciales.
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Andrea Marín Mena
Periodista
Más de 17 idiomas y dialectos conviven muy de cerca con la administración de justicia costarricense. Y desde siempre, intérpretes y traductores se facilitan a las personas usuarias que no hablan o entienden el español , con el fin de que puedan comprender los diversos procesos judiciales que se desarrollan en el país.
El acceso a la justicia a través de traductores e intérpretes ha caminado por muchos años, de la mano de los diversos despachos judiciales y de las personas usuarias que así lo requieran.
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Datos de la Dirección Ejecutiva, señalan que a agosto del 2012, el Poder Judicial ha invertido en el programa de traductores e intérpretes un total de ¢ 21,387,139.10. |
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Para solucionar inconvenientes y contar con profesionales debidamente acreditados, el Poder Judicial trabaja en una serie de acciones y proyectos para mejorar este programa, que permite a una persona que es parte del proceso, entender el trámite judicial y sus alcances.
Según explicó el Director Ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones León, actualmente la Lista Oficial de Traductores e Intérpretes con que cuenta el Poder Judicial ronda las 46 personas inscritas, las cuales cubre los idiomas y dialectos: braile, leguaje bribrí, cabécar, ngôve (guaymi), dialecto yan ping, mandarín, intérpretes en lenguaje de señas costarricense (LESCO), idioma inglés, italiano y francés.
“El programa de peritos y ejecutores en general, que comprende a los intérpretes y traductores, constituye una herramienta de vital importancia para la Administración de Justicia. De tal forma, que actualmente los despachos judiciales del país, que requieran la colaboración de profesionales especializados en diversas materias o bien, necesiten de traducción o interpretación oral o escrita para el trámite de las causas, cuentan con un sistema totalmente accesible, que fue diseñado para que en forma imparcial y aleatoria, designen al profesional que requieren de manera inmediata, sin que se ocasionen atrasos en los procesos, lo cual contribuye a lograr el cometido constitucional de justicia pronta y cumplida”, destacó Alfredo Jones.
El sistema que contiene la lista oficial también está accesible en la página web del Poder Judicial, lo que ha permitido que esta misma lista sea utilizada por usuarios externos para contratar a peritos en las diversas ramas. |
De un total de 2017 designaciones registradas desde el año 1995, los intérpretes o traductores en el idioma inglés ocupan el primero lugar de designaciones, al registrarse 1213, en el segundo lugar se encuentra el intérprete en señas con 370 asignaciones, seguidos de los intérpretes en lenguas como el Ngöbe (Guaymí 105 designaciones), Cantonés (98 designaciones) así como Bribrí y Cabécar. (66 y 59 designaciones respectivamente.
Los menos frecuentes son el alemán, eslovaco, hindú, holandés, italiano, mandarín, portugués, rumano y ruso.
Los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva muestran que las provincias que requieren los servicios de intérpretes con mayor frecuencia son la provincia de San José, que ha registrado un total de 995 requerimientos, seguido de Puntarenas con 321 solicitudes y el tercer lugar lo comparten Alajuela y Puntarenas específicamente en la Zona Sur con 163 gestiones.
Según la materia y la especialidad sobre los casos que se atienden, del total de designaciones de intérpretes y traductores que se registró a agosto del 2012, la Jurisdicción Penal concentra la mayor de las solicitudes con un total de 1396, seguido de la Jurisdicción de Familia, que contabilizó 193 designaciones, y las Jurisdicciones de Civil y Contravencional y Menor Cuantía, con 187 y 159 designaciones respectivamente.
Estimaciones de la Dirección Ejecutiva señalan que durante el 2011, el Poder Judicial invirtió en el programa de traductores e intérpretes un total de ¢17,790,179.48 y en el 2012 hasta el mes de agosto se registra un total de ¢ 21,387,139.10, sumas que en total contabilizan, poco más de ¢39 millones.
Regulación actualizada
Uno de los esfuerzos institucionales por implementar mejoras en este programa, que resguarda el acceso a la justicia de personas que no hablan o no entienden el idioma español, comprendió la aprobación del “REGLAMENTO PARA REGULAR LA FUNCIÓN DE LAS Y LOS INTÉRPRETES, TRADUCTORES, PERITOS Y EJECUTORES EN EL PODER JUDICIAL”, por parte de los magistrados y magistrados de Corte Plena durante el primer trimestre del presente año. (ver documento completo)
El documento contiene aspectos relacionados con requisitos,
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En el caso de las poblaciones indígenas, la Comisión de Acceso a la Justicia señaló la necesidad de contar con entes públicas que certifiquen a quienes manejan los diversos dialéctos; así como el iniciar la discusión para el establecimiento de peritos antropológicos, que puedan trasmitir la cultura, tradiciones y raíces indígenes en los procesos judiciales. |
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inscripción, funciones y la materia disciplinaria que regirá la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial
De esta manera, la norma reglamentaria señala que su ámbito de aplicación regula la labor que realiza las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial, como auxiliares de la Administración de Justicia.
Uno de los aspectos fundamentales para la efectividad del programa se concentra en la forma de garantizar a las partes del proceso la objetividad de las personas que fungen como auxiliares de la administración de justicia, como intérpretes o traductores.
Según explicó el Director Ejecutivo del Poder Judicial, Alfredo Jones, “…La objetividad de la selección del traductor se garantiza por medio del Sistema Automatizado de Administración de Peritos, que es automático y aleatorio. Ahora bien, la objetividad de la traducción que realizan los intérpretes en los procesos judiciales es un tema que atañe a la ética con la que el traductor o intérprete debe realizar su labor y a la que se encuentra obligado como Auxiliar de la Justicia. Al respecto, el Reglamento para
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La magistrada Anabelle León Feoli, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, señaló la importancia de que el país cuente con entes que certifiquen también a intérpretes para personas sordas. |
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regular la función de las y los intérpretes, traductores, peritos y ejecutores en el Poder Judicial, establece en el artículo 13 los requisitos que deben contener estas traducciones y el numeral 14 señala que en caso de que su actuación sea contraria al ordenamiento jurídico, el despacho jurisdiccional deberá informar a la Sección de Asesoría Legal de la Dirección Ejecutiva para que proceda a tramitar el procedimiento disciplinario administrativo que corresponda”.
Necesidad de entes certificadores
Desde la Comisión de Acceso a la Justicia, a cargo de la Magistrada Anabelle León Feoli, el tema se ha abordado con mucha seriedad, ante el trabajo que existe por delante, principalmente en el tema de entes públicos certificadores.
Para León Feoli, los traductores o intérpretes son llamados auxiliares de justicia “…porque realmente vienen a jugar una labor muy importante, como la voz y oídos de quienes no hablan el idioma español y que son todos los extranjeros de lenguas distintas, la
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población indígena y personas sordas, en su mayoría y también se puede encontrar con algún otro grupo que tenga alguna dificultad por alguna discapacidad” explicó la magistrada.
La funcionaria judicial explicó que en el caso de los idiomas extranjeros, se cuenta con la posibilidad de acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues por ley le corresponde contar con una selección de traductores oficiales, donde se da una garantía de la capacidad y conocimiento de estas personas, sin embargo son pocas las personas certificadas en esta rama, en el país. De ahí que la Dirección Ejecutiva tiene la potestad de mantener una lista para su búsqueda e inscripción.
En el caso de las poblaciones indígenas, el trabajo pendiente es mayor ante la ausencia de una entidad certificadora, lo que dificulta el conocer el nivel de capacitación y dominio de un lenguaje. “De repente nos encontramos con una persona que empíricamente ha aprendido el lenguaje, pero quién lo evalúa, por ello en estos casos el trabajo judicial se orienta más a los líderes de las diversas comunidades indígenas, que son quienes mejor conocen sus dialectos”, explicó la magistrada coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia.
Para Anabelle León, en este caso específico también surge la necesidad de que se comience a introducir el tema del perito antropológico, donde se tomen en consideración las costumbres, tradiciones y raíces de cada población indígena, las cuales deben tomarse en cuenta en cada proceso judicial en particular.
La labor también debe focalizarse en las poblaciones de sordos. “El asunto es tan complejo o más que el de las poblaciones indígenas, pues uno se encuentra con personas que se comunican de diversas formas, el sordo que habla, el lectolabial, el que maneja el lenguaje LESCO y los que se comunican con señales o gestos. Lo más grave es que en el país no hay una entidad que emita un certificado y es muy difícil encontrar a alguien que nos garantice y certifique que este intérprete es válido. Hemos tenido mucho acercamiento con la Asociación Nacional de Sordos, con diferentes organizaciones o grupos de sordos y todavía hoy no me atrevería a decir que tenemos por satisfecho el problema”, determinó la magistrada.
Compromiso institucional
Una serie de acciones se desarrollan dentro de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, que brinden una mejora al programa de traductores e intérpretes, como lo es la propuesta de brindar una capacitación a quienes conforman la lista oficial de la institución, con el fin de que conozcan y tomen conciencia de cuál es |
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El Sistema Automatizado de Administración de Peritos es de uso obligatorio para todos los despachos que requieren contratar un traductor o intérprete. |
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“Hablamos a lo interno de la comisión de poder crear un equipo importante de jueces, fiscales, defensores públicos y personal del ámbito administrativo que den esta capacitación. También estamos analizando de qué manera las interpretaciones para las personas sordas puedan ser grabadas y que de esta forma en algún momento, ellas también puedan hacer uso de la defensa material y técnica. El trabajo es de nunca acabar pero siempre se encontrará el espacio para mejorar y el compromiso institucional de avanzar”, explicó Anabelle León Feoli.
Otra de las acciones es el acercamiento y orientación que se ha solicitado al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que es el ente rector de poblaciones en condiciones de discapacidad, con el fin de que colaboraran con el Poder Judicial en la construcción de lineamientos y selección de un buen intérprete, en atención a esta población costarricense, pues la Ley 7600 hace referencia a la validación por parte de las diversas asociaciones pero este aspecto no se ha concretado.
“La sensibilidad es un mandato legal. Afortunadamente la institución ha avanzado muchísimo en una toma de conciencia y que ha pesar de que la Constitución Política dice que todos somos iguales y que todos tenemos acceso a la justicia, la realidad es que ni somos tan iguales ni todos tenemos tanto acceso y yo creo que eso, en el caso de las personas que requieren acceso, es un ejemplo muy claro de que efectivamente, la institución tiene claro que estamos hablando de derechos humanos, que se exigen, que se otorgan, que se reconocen y que no es un tema opcional”, puntualizó la magistrada León.
A estos esfuerzos se suman las más de 200 servidoras y servidores judiciales capacitados como facilitadores en lenguaje LESCO, que brindan orientación a las personas que así lo necesitan
Sistema de selección automatizado
Cada despacho judicial que requiera nombrar un intérprete o traductor realiza el trámite directamente en el Sistema Automatizado de Administración de Peritos.
Para ello deben remitir ante la Dirección Ejecutiva, una solicitud por correo electrónico de la clave de los usuarios del sistema, para su respectiva habilitación. Dicha clave debe cambiarse cada 30 días.
A través de la intranet, el Sistema Automatizado de Administración de Peritos está a disposición de los despachos judiciales, el cual es de uso obligatorio. |
| Reseña |
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Antes de la entrada en vigencia de la nueva reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el año 1994, cada despacho realizaba directamente las designaciones, a partir de una Lista Oficial con que contaba la institución, así lo explicó la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.
Y es a partir del 1 de enero de 1994, cuando la reforma a la Ley Orgánica, entró a regir y donde se señalaron los pasos a seguir en este tema, mediante la creación de una Oficina de Ejecutores y Peritos Valuadores.
Esa así como el programa se inició a partir de la publicación de la primera lista de peritos, mediante la circular del 11 de noviembre de 1994 y publicada en el Boletín Judicial Nº 11 del 16 de enero de 1995 donde se incorporaron los primeros intérpretes en inglés, cinco personas en total; francés, 5 personas; portugués, una persona y traductores en el lenguaje de señas, una persona.
Hoy en día, de manera sistematizada y con regulaciones y normas más claras, se ha mejorado la administración de estos auxiliares de la justicia.
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“Habilitado el usuario, el despacho judicial realiza directamente la designación de los auxiliares peritos y ejecutores de conformidad con la especialidad que requieran en cada caso concreto. El perito que haya sido designado por un despacho judicial no podrá rehusar el cargo sin que medie causa justa que lo imposibilite y el despacho en caso de que ocurra esta circunstancia, lo justificará en el Sistema de Administración de Peritos para que puedan realizar una nueva designación” destacó Jones León.
Herramienta efectiva
Para varios administradores de justicia, consultados por Observatorio Judicial, es destacado el acceso a la justicia que brinda el Poder Judicial, a través de la designación de intérpretes y traductores, en todas las causas judiciales que lo requieren.
Según indicó el juez coordinador del Juzgado Agrario de San Carlos, Federico Villalobos Chacón, los extranjeros o personas que no conozcan el idioma español, tienen en este programa una garantía dentro del proceso, pues pese a que en ocasiones no se cuenta dentro de las listas oficiales con personas que manejen idiomas o dialectos poco comunes, la institución autoriza la búsqueda de personas que puedan brindar este servicio y de esta manera facilitar el proceso y el acceso a la justicia.
Una opinión similar externó el juez coordinador del Juzgado de Tránsito de Pococí, José Urías Espinoza Salazar, quien aseguró que en lo que va del año, solo han requerido de un intérprete en idioma mandarín, para darle a la persona usuaria la garantía del proceso judicial. A su criterio el Programa es eficaz y oportuno, pues la persona puede participar con toda libertad de las fases del proceso y se muestra su satisfacción por haber entendido todo el procedimiento aplicado y los alcances del mismo.
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EN HISTÓRICA SESIÓN PODER JUDICIAL RECHAZA AMENAZAS
A SU INDEPENDIENCIA |
Un mensaje claro dieron el pasado 19 de noviembre los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, quienes mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía manifestaron que “…No aceptamos que se pretenda la existencia de una magistratura “alineada” a ningún partido político y rechazamos categóricamente las claras amenazas de la Jefatura del Partido de Gobierno para amedrentar a las magistradas y magistrados de esta Corte”.
Corte Plena analizó el tema de la no reelección del magistrado Fernando Cruz Castro y señaló en su manifiesto que aseguraban “…a la ciudadanía que la judicatura costarricense se mantendrá con absoluta firmeza frente a cualquier amenaza a su independencia, fiel a su juramento constitucional ”.
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MARCHA POR
LA DIGNIDAD
DE LA JUSTICIA |
En un hecho histórico para el Poder Judicial y para la República de Costa Rica y en una jornada pacífica y cívica, magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representantes del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública; así como servidores y servidoras judiciales de diferentes circuitos judiciales del país; se unieron esta mañana en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia para iniciar la denominada “Marcha del Silencio” hasta la Asamblea Legislativa.
Antes de dar inicio con la marcha, el Dr. Luis Paulino Mora Mora destacó que la principal razón de esta manifestación es por la defensa de una de las cualidades más preciadas de la judicatura, “su independencia”.
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| VIGILIA FUE UNA MUESTRA DE CIVISMO |
Funcionarios y funcionarias judiciales participaron este miércoles en una vigilia realizada frente a la Corte Suprema de Justicia como un acto para reafirmar la independencia del Poder Judicial y el rechazo a la intromisión política en la labor de la institución.
La Presidenta de la Sala Constitucional Magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, resaltó en su discurso que con la madurez política que tenemos estamos llamados a recordar, cuál es el verdadero sentido de la democracia y exigir sobre su inquebrantable respeto.
La Jueza del Tribunal Penal de San José, Dra. Alicia Monge Fallas , dijo que como juezas y jueces que han crecido en esta institución levantan su voz, ante las actuaciones generadas tras la no reelección del Magistrado Fernando Cruz Castro. |
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