Propuesta de ley busca resolver situación crítica de Depósitos Judiciales

VEHÍCULOS DECOMISADOS: DEL DETERIORO AL USO EFECTIVO

Autoridades judiciales esperan apoyo del Poder Ejecutivo y que proyecto de ley pueda tener un trámite expedito. Realizan inventario nacional para determinar situación actual de estos depósitos y tomar acciones para descongestionarlos. El Depósito en San Joaquín de Flores sobrepasó su capacidad de almacenamiento en un 27,6% a julio del 2011. “Los centros de acopio lo que hacen es permitir el deterioro de una importante calidad de vehículos, que son una riqueza nacional que podría aprovecharse”, Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte

Andrea Marín Mena Periodista Dar un uso efectivo a los vehículos decomisados por diversas causas judiciales, evitar su deterioro en los Depósitos Judiciales de Vehículos Automotores y resolver los problemas de espacio que actualmente registran estos centros de almacenamiento, es lo que procura la propuesta de ley del presidente de la Corte Dr. Luis Paulino Mora Mora y que presentará la Corte Suprema de Justicia ante el Poder Ejecutivo, con el fin de impulsar su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los inconvenientes y trabas para poder hacer uso de estos vehículos decomisados, así como el respectivo deterioro que registran en los patios judiciales y en muchos casos la carga económica que presenta para el Poder Judicial una posible indemnización por los daños sufridos durante su decomiso, llevó a las autoridades judiciales a proponer un texto de ley, que permita el uso efectivo y provisional de estos automotores mientras terminan los procesos judiciales a los que están sometidos. “Los centros de acopio lo que hacen es permitir el deterioro de una importante cantidad de vehículos, que son una riqueza nacional que podría aprovecharse y el proyecto de ley lo que propone es facultar a los jueces a tomar determinaciones más rápidas y la obligación que para decomisar un vehículo se fundamente para qué se necesita y si procede su depósito se pueda disponer de estos. Esto nos ayudaría mucho a descongestionar nuestras instalaciones y las del Poder Ejecutivo”, destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora. El desarrollo del inventario nacional de vehículos decomisados se realiza desde hace un año y medio. Según explicó el jerarca judicial, lo que se busca es simplificar trámites y quitar la mayor cantidad de trabas para que los jueces puedan hacer el depósito provisional o definitivo al inicio del proceso penal. “Se puede continuar con la causa pero ya con el vehículo depositado o devuelto, a efectos de que no se deteriore, ya sea entregándoselo al propietario ahora corresponde que las autoridades judiciales hagan entrega ante el Ministerio de Justicia, que tiene iniciativa legislativa, para que se presente registral o ante la ausencia de éste a una entidad pública u organización de beneficencia que solicitan este tipo de donaciones, pero en carácter de depositario. El bien lo cuidan y le dan un uso efectivo y no se deterioran en los patios judiciales”, puntualizó Mora Mora. El texto del proyecto ya cuenta con la aprobación del Consejo Superior y Corte Plena, por lo que a la corriente legislativa y una vez en el Congreso se le pueda dar un trámite expedito. (ver texto completo).   La iniciativa de ley establece que la persona física o jurídica legitimada para constituirse como depositaria judicial provisional del vehículo automotor es la que figure como propietario registral, poseedor de buena fe así reconocido por la autoridad judicial que conoce del caso o la persona física o jurídica que haya operado una subrogación legal. A partir allí, la autoridad judicial que ordene un depósito judicial provisional del bien, notificará a la persona física o jurídica, con el fin de que se apersone a suscribir el depósito con las prevenciones de ley, quien tendrá un mes para acudir a la oficina judicial. En el caso de que la notificación no pueda realizarse, el texto de ley propone, que se publiquen en el Diario Oficial La Gaceta la orden de depósito judicial provisional, la prevención del plazo para apersonarse correrá a partir de dicha publicación. Finalizado dicho plazo, en los casos en que un automotor no se haya podido dar en depósito judicial provisional y que no proceda el comiso, “la autoridad judicial declarará como depositario provisional, al Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, y lo autorizará para que entregue los vehículos automotores únicamente a instituciones públicas o privadas dedicadas a labores de interés social… Antes de proceder con la entrega y utilización, la institución beneficiaria deberá asegurar el vehículo por su valor, cuando proceda, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o destrucción”, destaca el proyecto de ley. De acuerdo con el Presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, proponente del proyecto de ley, este se presentará ante el Ministerio de Justicia con el fin de que se impulse su tramitación en la Asamblea Legislativa. La propuesta señala que el comiso de un vehículo automotor secuestrado o decomisado puede ser ordenado en cualquier estado del proceso y que no serán entregados en depósito judicial provisional aquellos automotores cuyo número de motor, chasis o de identificación vehicular haya sido falsificado, alterado o suprimido, puesto que en estos casos se ordenará el comiso del vehículo. “Se exceptúan los casos en que la persona interesada, en un plazo no mayor a un mes contado a partir del secuestro o decomiso del vehículo, aporte los documentos que acrediten la causa adquisitiva y procedencia de las partes modificadas, en cuyo caso tendrá un plazo adicional de dos meses para tramitar la inscripción del cambio de características ante el Registro Nacional”, señala el documento propuesto. Situación actual Ante la necesidad de establecer acciones a mediano y largo plazo para solventar los problemas de espacio en el Depósito Judicial de Vehículos Decomisados, desde el año pasado, a través de un acuerdo del Consejo Superior se estableció el desarrollo del Proyecto de Descongestionamiento de Vehículos Decomisados. El acuerdo del Consejo Superior del 12 de enero del 2010 dispuso que un inspector asistente iniciara un proceso de seguimiento a la situación de los vehículos que se encuentran ubicados en el Depósito de Vehículos Decomisados. Según explicó Martiza González Gramajo, encargada del proyecto, el trabajo que se realiza a partir de la orden del Consejo Superior, ya lleva un año y cuatro meses de ejecución y el principal objetivo ha sido elaborar un inventario a nivel nacional de los vehículos decomisados por provincia.

Muchos de los vehículos se decomisan por alteraciones de señas y marcas y en algunos casos, las partes alteradas se mantienen retenidas.

“El trabajo ha significado el establecimiento de la cantidad de vehículos decomisados que están a la orden de las autoridades judiciales y ejecutivas. Determinar la situación física y jurídica de cada automotor y propiciar acciones para resolver de la mejor forma posible los casos en los que amerite su devolución, comiso y donación o destrucción”, puntualizó González Gramajo. Dicho inventario pretende abarcar el 100% de los depósitos de tránsito, la policía municipal, la policía fiscal, la policía de frontera, la Fuerza Pública y el depósito judicial. “Al mes de agosto del presente año ya se tiene inventariado las provincias de Puntarenas, Limón, Alajuela, Cartago, está por concluirse Guanacaste y en el caso de San José, por ser una de las provincias que registran mayor cantidad de vehículos decomisados por la cantidad de despachos existentes, se realizará un informe diferenciado para los más de 10 mil vehículos decomisados existentes”, destacó la coordinadora del Proyecto. A este momento, faltaría por inventariarse los automotores decomisados en la Zona Norte y Heredia

De esta manera, las listas se depuran, se le incorpora la información recabada sobre el automotor y el listado actualizado se entrega a cada despacho judicial y a cada Consejo de Administración de Circuito, con el objetivo de que se realicen las diligencias respectivas para movilizar estos bienes y se orden lo respectivo sea éste su depósito provisional, la devolución al propietario, su donación o destrucción”, explicó Maritza González.

Es a partir de esta información actualizada, que tanto los Juzgados como el Ministerio Público les compete la definición según el estado del proceso penal, máxime si ya éstos cuentan con sentencia en firme y requieren una definición sobre su estado jurídico.

Otra de las acciones adoptadas por el Consejo Superior para solventar esta problemática de congestionamiento de vehículos decomisados, es que se identifiquen los expedientes que mantienen como evidencia estos vehículos y que sea una información que sea revisada por el juez penal para resolver la situación judicial de este tipo de bienes.

Los datos estimados que arroja este inventario nacional según las provincias hasta ahora analizadas, destaca que San José es la zona con mayor número de vehículos decomisados al registrar aproximadamente 10 mil bienes, de los cuales 5 mil son vehículos y 5 mil motocicletas.

La segunda provincia con mayor número de decomisos es Alajuela que registra cerca de 822 automotores y 2222 motocicletas. En el caso de la provincia de Cartago, se inventariaron un promedio de 1800 vehículos y 500 motocicletas y Guanacaste a nivel general se contabiliza un aproximado de 1500 vehículos y motos en decomiso.

En Limón y Puntarenas se mostraron números un poco más conservadores, al registrarse en el caso de la provincia caribeña aproximadamente 406 vehículos y 427 motocicletas decomisadas y en el puerto del pacífico un promedio de 240 vehículos y 371 motocicletas.

Para Maritza González, las provincias de San José, Cartago y Alajuela registran los números más altos respecto a vehículos decomisados, debida a que estas regiones abarcan despachos territorialmente muy grandes.

Seguimiento, control y definición

A partir del desarrollo de este inventario, otra de las acciones que estableció el Consejo Superior en mayo del 2010, fue una serie de directrices que deben emprender los jueces y juezas de primera y segunda instancia, así como los y las fiscales para darle seguimiento a los vehículos decomisados que son parte de un proceso penal, como es el velar porque la sentencia que ponga fin a la causa debe resolver lo correspondiente al destino del bien o bienes decomisados cuando los hubiere.

“El personal auxiliar de los tribunales de juicio, juzgados penales y fiscalías a quienes les corresponda, deberán indicar de manera notoria en el expediente desde el momento de inicio del expediente judicial y hasta su finalización por cualquier motivo, la existencia de un bien decomisado a la orden de ese despacho, haciéndolo ver así en la carátula del expediente, respetando las directrices vigentes sobre su uso, cuando el expediente sea pasado a resolver, a fallo o antes de la realización del debate. Deberán los jueces y juezas tramitadoras de los tribunales de juicio, los y las asistentes y auxiliares judiciales de los despachos que conozcan materia penal, que tengan a cargo esa función, antes de pasar a notificar, revisar que en la sentencia o resolución final se haya dispuesto sobre el bien decomisado, caso contrario, devolverá el expediente a quien corresponda para que resuelva sobre el bien”, puntualizó lo establecido por el Consejo Superior.

Además se determinó la obligación de los despachos que conocen la materia penal, de llevar un control en forma digital de los vehículos decomisados y designar a una persona específica para esta labor, que comprenderá mantener una comunicación estrecha con la Administración Regional y el Depósito de Vehículos Decomisados para llevar un control cruzado de los bienes decomisados que están a la orden del despacho según sea la ubicación física.

Por su parte las administraciones regionales deberán llevar un estricto control sobre este tipo de bienes decomisados, que se encuentren en las instalaciones de los diversos circuitos del Poder judicial, tomando como base el censo general que se realiza, con el fin de que informen a la Dirección Ejecutiva aquellos casos en los que se detecte un incumplimiento de las directrices en esta materia. (Obligaciones según cargo judicial. Ver más)

Radiografía en San Joaquín de Flores

Un caso que refleja la situación real que se registra en el Poder Judicial con la cantidad de vehículos decomisados, es el Depósito de Vehículos Decomisados de San Joaquín de Flores.

Según explicó Jorge William Calvo Madrigal, encargado del Depósito de Vehículos Decomisados, no se puede determinar con exactitud la cantidad de vehículos y motos decomisadas pues todos los días cambian la cantidad de ingresos y salidas, sin embargo, “la mayoría de los bienes que se tienen en custodia judicial corresponden a automotores que registran alteración de señas y marcas, los cuales ingresan en tres categorías. La primera donde se verifica que todas las partes son originales y lo que procede es su devolución al propietario registral, los parcialmente alterados en cuyos casos se puede entregar las partes originales y se retienen aquellas alteradas, para que luego se defina su comiso y los totalmente alterados donde el despacho judicial debe definir su comiso”, explicó Calvo Madrigal.

Un caso similar se dio con una vagoneta, la cual se mantuvo por aproximadamente cuatro años en el depósito judicial, la cual se había sacado de un guindo en Puriscal, donde fue abandonada después de robársela a su propietario. El dueño finalmente indicó que no estaba interesado en el vehículo y por ende, se donó hace apenas 6 meses.

Un dato a resaltar es que los vehículos decomisados que registran un ingreso y salida en el corto tiempo, son los que corresponden a procesos judiciales más recientes.

Para Calvo Madrigal, una norma legal como la que se propone en el proyecto de ley vendría a mejorar la situación, para disponer de una forma más efectiva y oportuna de los vehículos decomisados.

De esta forma, muchas situaciones que actualmente se registran en el Depósito Judicial y que retrasan la salida de la mayoría de estos vehículos podría resolverse. Tal es el caso de los bienes que ingresan por alteración de señas y marcas, pues cuando se logra determinar que no están alterados y por tanto no hay delito, corresponde al Ministerio Público citar al propietario registral para su devolución, sin embargo en los casos en los que no existe inscrita una persona física o jurídica, el vehículo debe quedarse en el depósito.

Según indicó el encargado del Depósito de Vehículos Decomisados de San Joaquín, en muchos de los casos los mismos propietarios indican que no están interesados en recuperar el automotor, sin embargo es importante que se apersonen al despacho judicial para manifestar esta posición y así poder disponer del vehículo ya sea para su donación o destrucción según las condiciones en que se encuentre.

Los problemas también surgen cuando a pesar de que se citan a los propietarios éstos no llegan al depósito y en ocasiones en las sentencias judiciales no se determina la situación judicial de estos bienes decomisados.

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