Garantizar la igualdad de condiciones, servicios accesibles y una tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad es parte de la concepción de las 100 Reglas de Brasilia, aprobadas en marzo del 2008 en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil.

Los Poderes Judiciales participantes asumieron el compromiso para hacer efectiva dicha reglamentación, propiciando la aplicación de acciones afirmativas a través de la promulgación de leyes, reglamentos, políticas, directrices, protocolos, entre otros.

Se identificaron como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a las personas con discapacidad, indígenas, adultas mayores, migrantes y refugiadas, privadas de libertad, víctimas de delitos sexuales y de violencia doméstica, mujeres, niños, niñas y adolescentes, sin embargo, cada sistema judicial se encuentra facultado para incluir otras poblaciones que consideren podrían estar incluidas.

Por esta razón, en el mes de octubre el Magistrado Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional ante la Cumbre Judicial Iberoamericana presentará durante la Segunda Reunión Preparatoria, una propuesta de modificaciones como una iniciativa del país.

Dentro de las propuestas que se realizan está la implementación de una normativa para la tutela de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, que es una modificación al artículo 445 del Código de Trabajo, que está incluido en la Reforma Laboral. “Para que las personas con discapacidad que laboran, tengan la posibilidad que el sistema les nombre un defensor, independientemente de su ingreso”, aseguró Olaso Álvarez.

“Se requiere adecuar las reglas a un cambio en distintos tópicos, es un orgullo a nivel país tener normativa con la que otros países no cuentan en esta materia”, agregó el magistrado.

“Las Reglas de Brasilia son normas cargadas de humanismo, de nada sirve tenerlas y que sean motivo de orgullo para Costa Rica si no las implementamos; y en que radica, en sensibilizarlas a través del proceso, saber cuál es la población vulnerable que se atiende e implementarlas en el quehacer diario. Que no sea norma muerta”, enfatizó el coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

Uno de los principales logros institucionales en cuanto al tema ha sido la creación de la Comisión de Acceso a la Justicia, como órgano rector en materia de vulnerabilidad, integrada por el Ámbito Jurisdiccional, la Defensa Pública, el Ministerio Público y el sector administrativo, con la finalidad de lograr lineamientos integrales que involucren todas las perspectivas que coexisten en la institución.

Así mismo, la Unidad de Acceso a la Justicia es un órgano técnico que coadyuba a la comisión, subcomisiones y cualquier oficina del Poder Judicial que lo requiera en la materia. Dentro de las funciones de la unidad están el seguimiento de los acuerdos, políticas, atender consultas y acompañar a otras instancias que así lo soliciten sobre medidas (positivas y/o negativas) para personas en esta condición.

Melissa Benavides Víquez, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia señaló que las Reglas de Brasilia son parámetros mínimos para garantizar los servicios de administración de justicia según las condiciones de las personas usuarias.

“Es importante recordar que el acceso a la justicia también es un derecho instrumental y un principio interpretativo, y como tal, funciona como un vehículo para acercarse a la ciudadanía desde otro lugar. Considero que la Unidad de Acceso es una puerta que siempre debe estar abierta, un canal para que la ciudadanía se comunique con las dependencias judiciales, para hacer llegar sus necesidades, sus preocupaciones y hacernos llegar también a nosotras las oportunidades de mejora”, señaló Melissa Benavides.

Actualmente en la institución se trabaja en un programa de capacitación llamado “Programa de Acceso a la Justicia” que consta de diez cursos virtuales de autoformación los cuales son: Introducción a los Derechos Humanos, Población adulta mayor, Población niñez y adolescencia, Pueblos indígenas, Población privada de libertad, Población migrante y refugiada, Población con discapacidad, Población LGBTTTI, Población afrodescendiente y Derechos de las personas menores de edad en conflicto con la ley.

El objetivo es facilitar a toda la población judicial las herramientas básicas necesarias que permitan brindar un adecuado acceso a los servicios a las personas en estas condiciones.

El primer curso del programa inicia con un contenido introductorio sobre derechos humanos, que abarca de manera específica características poblacionales, conceptos básicos, sensibilización necesaria en la atención de estas poblaciones y herramientas básicas para la atención de estas personas desde cualquier ámbito de la organización.

Cheryl Bolaños Madrigal, jefa a.i. de Gestión de la Capacitación explicó que de los diez módulos se encuentran listos ocho y que se va a realizar con estos un plan piloto para luego ser incluidos en la oferta virtual.

Sobre esta herramienta de introducción y alineamiento para el personal de nuevo ingreso Bolaños comentó que también se convierte en una excelente estrategia para la proyección social en otras instituciones y países.

“El acceso a la justicia es parte del valor público que le damos a las personas que necesitan o requieren los servicios del Poder Judicial, debe ser un tema natural y fluir en el ADN de nuestro servicio, de nuestros procesos, de nuestro actuar, de la atención que le damos a cada persona que nos requiere. Con este programa, se pretende sensibilizar a la población judicial en como un trato oportuno, accesible y personalizado de acuerdo a las condiciones que presentan las personas con las cuales tratamos todos los días desde cada puesto de trabajo, hace la diferencia en el servicio, en los resultados y en la calidad de vida de las personas”, puntualizó la jefa de Gestión de la Capacitación.

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