A partir de ese año, desde la visión de la Defensa Pública, tomó fuerza el abordaje especializado que se dio a los procesos judiciales donde las partes involucradas eran personas indígenas.

“El Principio de Acceso a la Justicia para poblaciones vulnerables como lo es la indígena debe leerse en clave intercultural, de forma tal que desde la Administración de Justicia se respeten las costumbres, tradiciones y prácticas que son diferentes a las de la mayoría de la población, siempre y cuando garanticen el respeto a los derechos humanos de las partes en el proceso.” reafirmó la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.

Destacó que, los esfuerzos de éste órgano auxiliar de justicia, los ha llevado a establecer cuatro circulares específicamente sobre esta población usuaria, que contienen lineamientos puntuales y necesarios a considerar en los procesos penales como lo son peritajes culturales, normativa nacional e internacional, intérpretes, entre otros.

“Se han realizado procesos de formación y capacitación a los funcionarios y funcionarias de la Defensa, con el fin de que brinden una mejor atención para las personas usuarias indígenas en materia penal, ejecución de la pena, pensiones alimentarias y con ello garantizar un mejor acceso a la justicia.”, puntualizó Muñoz Cascante.

“El peso de la cultura es muy grande, en diversos delitos que involucran personas indígenas. Y lo que buscábamos con esta prueba era profundizar en el por qué pasan situaciones determinadas en la comunidad indígena, en el lugar donde se perseguía el hecho delictivo. El peritaje se nos presentó como el puente entre la visión de la persona y la comunidad indígena y cómo ocurrieron las cosas.”, explicó Ligia Jiménez Zamora, defensora pública y Supervisora Encargada de la Atención de Personas Indígenas.

El peritaje comprendió un amplio trabajo de campo sobre el territorio Indígena de Cabagra, ubicado en Buenos Aires, en el Pacífico Sur del país, en las estribaciones de la Cordillera de Talamanca.

El documento integró aspectos sobre las chichadas, la violencia, delincuencia, relaciones sociales, litigios por tierra, historia comunal, el papel de la Asociación de Desarrollo Indígena, las costumbres, tradiciones, la resolución de conflictos, el idioma bribri, entre otros aspectos.

Se realiza una visita anual por parte de la Unidad de Atención a Personas Indígenas, a las personas privadas de libertad, con el fin de conocer sus condiciones. Solo en lo que va del 2016 se presentaron siete procedimientos de revisión y diversas gestiones tendientes a mejorar la atención de las y los privados de libertad indígenas.

“Se ha implementado la solicitud y el uso de peritajes culturales en los procesos penales que según el caso lo amerite, a fin de brindar a los juzgadores una visión intercultural para el juzgamiento respectivo. En este momento están pendientes y autorizados dos peritajes culturales, uno por una infracción a la vida silvestre y otro por relaciones sexuales consentidas entre los gnöbes.”, detalló Marta Iris Muñoz, Directora de la Defensa Pública.

La labor de coordinación entre la Defensa y el Instituto Nacional de Criminología (INC), permitió la elaboración de una circular a lo interno de este instituto, para el abordaje integral durante el ingreso, permanencia y egreso de las personas privadas de libertad indígenas.

Defensa Pública de Coto Brus.

"En Coto Brus tenemos muchos casos en los cuales se atiende a la población indígena, esto por contar con un territorio bastante extenso en donde está la población indígena gnöbe, un pueblo que mantiene su cultura, su idioma, su vestimenta. También atendemos los pueblos que atraviesan el país costarricense, quince mil personas que vienen de Panamá a recoger el café en Coto Brus y la Zona de los Santos, entre agosto y febrero de cada año y los delitos en esos períodos aumentan.”, describió Laddy González Salazar, Coordinadora de la Defensa Pública de Coto Brus.

De ahí que el trato sea prioritario por atenderse una población vulnerable en lo cultural, económico y lejanía, sistema de vida e idioma.

“En todos los casos se nombra intérprete cada vez que deben comparecer ante los Tribunales, en cualquier diligencia, con el fin de garantizar sus derechos y el pleno entendimiento de lo que se dice y se hace. En algunos casos cuando previo estudio se determina la necesidad del nombramiento de un perito cultural también se solicita dicho estudio antropológico cultural, para garantizar el acceso a la Justicia y la protección de sus derechos.”, explicó González Salazar.

Defensa Pública de Buenos Aires

“Desde el primer momento en que se nos indica que la persona usuaria es indígena se toman las medidas para asegurarle que va contar con un defensor de su confianza, así como, con un intérprete en su idioma. Por parte de la Defensa Pública se ha sensibilizado a los defensores y defensoras para que el abordaje de una persona usuaria con estas características, así como, también cualquiera proveniente de una población vulnerable, se le atienda con la mayor sencillez en cuanto al lenguaje utilizado.”, afirmó Michael Conejo López, defensor público de Buenos Aires.

Para una atención prioritaria se toma en consideración su etnia, el poblado de procedencia y el tiempo que tardó en llegar hasta la cita judicial y toma relevancia si la persona requiere un intérprete o traductor según su idioma.

“La labor de nosotros como defensores y defensoras es indicarle a la persona usuaria cual es la investigación que se está llevando a cabo, la prueba que existe en su contra, las posibilidades en aplicar una medida alterna, aportar prueba o elevar la causa a juicio, en donde se va a discutir su responsabilidad penal. Todo esto salvaguardando los derechos procesales que por ley le asisten a toda persona.”, indicó Conejo López.

Defensa Pública de Golfito

“Cuando se atiende a la población indígena, lo más importante es considerar que a estas personas les cuesta muchísimo llegar a Golfito. Nosotros recibimos poblaciones indígenas ubicadas en Conte, Alto Conte y Progreso, que están aproximadamente a una hora y media de distancia en carro a Golfito, pero para ellos, les puede tome entre tres o seis horas más, caminando. Quienes habitan el territorio Indígena de Altamira, que está más cerca de Punta Burica, requieren caminar por la playa hasta seis horas; muchos sin acceso a infraestructura vial. Otras comunidades cerca de la zona fronteriza, solo puede llegarse por el lado panameño.”, puntualizó Christy Vargas Sandoval, coordinadora de la Defensa Pública de Golfito.

Aseveró que se aplican las reglas establecidas para garantizar el acceso a la justicia de estas poblaciones, iniciando con el acompañamiento de un traductor.

El compromiso con estas comunidades, llevan al equipo de trabajo de la Defensa Pública de la zona a desarrollar actividades, para contribuir con las necesidades básicas, por ser poblaciones en pobreza extrema, mediante recolección de artículos personales, alimentos, artículos escolares, entre otros.