Andrea Marín Mena
Periodista

“Tenemos un ineludible compromiso con valores constitucionales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la honestidad, la celeridad, el control de la corrupción, el Estado Social de Derecho y el respeto de las minorías”, manifestó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante la sesión solemne de Inauguración del Año Judicial.

El acto se realizó el viernes 26 de junio 2020, con la integración de las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo la modalidad presencial y virtual, ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19. Se contó con la presencia de los Presidentes de los Supremos Poderes, Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa. El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro expuso un amplio informe sobre las labores que se ejecutaron durante el 2019, reforzando con ello la política de transparencia y rendición de cuentas que fortalece el Poder Judicial año con año. El Magistrado Cruz Castro recalcó la importancia de fortalecer la independencia judicial como uno de los principios fundamentales y desde la construcción constante de la democracia con equilibrio de poderes.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, dirigió la sesión solemne de Corte Plena.

“La independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa, ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho, de la Constitución, una prevención indispensable para los autoritarismos que sobreviven como ley natural”, afirmó.

En la actividad participaron los representantes de los Supremos Poderes. En la fotografía, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith y el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada señaló la relevancia de la independencia de los Poderes Supremos y en particular, la independencia del Poder Judicial. “El Poder Judicial es uno de los principales basamentos de nuestro sistema democrático. La aspiración de una democracia es a un sano e independiente Poder Judicial. Aquí se dirimen conflictos, se mantiene la paz social en un orden de Estado de Derecho”, afirmó en su discurso el mandatario costarricense. El Presidente de la Corte, Fernando Cruz enfatizó en que “…La independencia judicial se fortalece con un procedimiento de selección y nombramiento de las magistradas y los magistrados, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y transparentes, a fin de que se nombre a los y las mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, una formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género”.

En la sesión solemne se hizo entrega de los premios institucionales, a cargo del magistrado Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, coordinador de la Comisión de Reconocimientos del Poder Judicial, quien destacó que son un reflejo del compromiso de las personas que laboran para la institución, por la humanización de los servicios de administración de justicia y el respeto de los valores judiciales. Ver nota

El premio “Luis Paulino Mora Mora” se otorgó a la Dra. Grettchen Flores Sandí, del Departamento de Medicina Legal Ver nota. El galardón “Ulises Odio Santos”, correspondió al Profesional en Derecho de la Sala Primera, Juan Pablo Salazar Carvajal Ver nota. El premio “Miguel Blanco Quirós” se entregó a la Coordinadora Judicial 2, del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Lilliana Garita Sharpe Ver nota.

Reformas internas: una prioridad

El doctor Fernando Cruz Castro asumió la Presidencia de la Corte en agosto del 2018 y con ello, su compromiso por el impulso de medidas tendientes a modernizar y fortalecer el Poder Judicial.

Este proyecto contempló el análisis, discusión y aprobación de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, proceso que inició en diciembre de 2017 en temas de gran relevancia como la Carrera Fiscal, régimen disciplinario y Código de Ética, protocolos de conducta para el personal judicial, procesos de diálogos permanentes con la sociedad civil, reformas a la Carrera Judicial, evaluación del desempeño, Gobierno Judicial, reforma integral al proceso penal y lucha contra la corrupción y el reglamento de la Defensa Pública.

Hoy ya se contabilizan 14 de los 22 productos aprobados, lo que representa un avance de ejecución del proyecto del 63,64%, siendo que los 8 productos restantes ya se encuentran para discutir en Corte Plena.

Transparencia institucional

“La transparencia es una de las medidas más importantes frente al abuso de poder, sin desconocer, por otra parte, que es una de las condiciones básicas para la vigencia de la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos”, puntualizó el máximo jerarca judicial, Cruz Castro.

Y desde este eje de trabajo, el quehacer judicial se vio fortalecido con el accionar de la Comisión de Transparencia y la creación de la Oficina de Cumplimiento, figura novedosa en un Poder Judicial, que buscar fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de la institución. El trabajo emprendido por el Poder Judicial en esta línea, le permitió alcanzar el primer puesto de 254 instituciones evaluadas en el Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP) del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, en donde se logró una nota 100. Durante el 2019 se promovió un cambio en la metodología de los Consejos Ampliados que reúne a las autoridades judiciales con la sociedad civil, para incluir mayor interacción entre ambos actores. De estos se tuvieron resultados muy positivos en Puntarenas, Santa Cruz y Nicoya. Además, se impulsaron las actividades de rendición de cuentas por parte de las Administraciones Regionales en los Circuitos Judiciales de todo el país.

Algunos magistrados y magistradas integraron Corte Plena de forma virtual.

Gestión de los despachos

Los más de 800 despachos judiciales de todo el país registraron un total de 606.141 asuntos terminados en el 2019, en las diversas jurisdicciones que atiende la institución. Las materias con mayor demanda de servicios durante el año pasado corresponden a Cobro Judicial, que recibió en ese período un total de 237.583 asuntos nuevos, mientras la materia Penal contabilizó 144.823 procesos nuevos.

En el ámbito administrativo, la ejecución presupuestaria institucional logró un 97,78%, que es la más alta en los últimos cuatro años. Estos datos muestran la inversión del Poder Judicial de ¢463.055.937.648 millones, que atendieron los requerimientos de los servicios que brinda el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo a la labor judicial.

Los lineamientos emitidos por el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva permitieron la efectiva administración de los recursos públicos asignados al Poder Judicial.

A esto se suma, los esfuerzos importantes por cumplir con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635; al ajustarse al cumplimiento de lo establecido en los temas de dedicación exclusiva, prohibición, evaluación del desempeño, la creación de nuevos componentes salariales como reserva de ley, topes salariales, regla fiscal y pago de IVA por compras. El presupuesto del 2020 decreció en un 0.2%, y no se registran plazas nuevas en cumpliendo con la regla fiscal. También se nominalizó el pago de los componentes salariales de anualidad y dedicación exclusiva.

Justicia Eficiente

En el 2019 se mostraron resultados efectivos en proyectos concretos para mejorar la gestión de los despachos judiciales.

El Modelo Penal promovió una reorganización integral de tribunales de juicio en todo el país, que elevó el rendimiento de la Jurisdicción en las agendas de juicio y dictado de sentencia.

El acto se realizó en el Salón Multiusos, lugar donde algunos magistrados y magistradas integraron de forma presencial.

El establecimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 marca la ruta del Poder Judicial en planes como la resolución oportuna de conflictos, confianza y probidad en la justicia, la optimización de los servicios, gestión del personal y planificación institucional. Se potenció la labor del Centro de Conciliación con un total de 13.503 asuntos resueltos en diversas materias y el apoyo al Sistema Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. A esto se suman campañas internas para sensibilizar a la población judicial sobre el servicio de calidad hacia las personas usuarias como la campaña ¿Y si fuera usted? Se destaca el trabajo emprendido por la Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, la Comisión de Teletrabajo; así como la Secretaría Técnica de Género, la Secretaría Técnica de Ética y Valores y la labor emprendida por la Escuela Judicial.

Tecnología: aliado de la Justicia

El Poder Judicial en el 2019 puso a disposición de las personas usuarias, de forma eficiente, una serie de servicios digitales que facilitan los trámites.

Solo en ese año se entregaron 2.038.088 hojas de delincuencia por plataformas digitales. Se otorgaron 71.964 claves de gestión en línea a personas usuarias y se contabilizaron 239.470 demandas en línea.

Al final de ese año se contabilizaron 1.120.281 expedientes digitales y se registró la presentación de 1.951.358 escritos digitales, 27.392 órdenes de apremio, 138.574 notificaciones, 217.937 consultas de impedimentos de salida y 1.588.117 consultas de jurisprudencia desde la plataforma NexusPJ.

Los servicios judiciales digitales tuvieron un importante incremento, en la emergencia sanitaria por el COVID-19, que facilitaron los trámites a las personas usuarias sin que deban trasladarse hasta los despachos de todo el país.

Estos servicios se complementaron con la reciente aprobación por Corte Plena de protocolos para la celebración de audiencias orales virtuales en las materias civil, laboral, penal, penal juvenil, familia y contencioso administrativo.

“Esta emergencia nacional ha impuesto un reto para el Poder Judicial y para la sociedad mundial, sin embargo, gracias a las herramientas tecnológicas que hemos implementado años atrás y que hemos potenciado aún más en los últimos meses, hemos podido garantizar nuestros servicios a cabalidad”, expresó el magistrado Cruz Castro.

Inversión en infraestructura propia

Mejorar los requerimientos en materia de infraestructura judicial en todo el país constituye una prioridad para el Poder Judicial, cuyas construcciones se caracterizan por ser sostenibles con el medio ambiente.

Es así como el año anterior se concretaron las construcciones de los edificios de los Tribunales de Justicia de Osa con una inversión de poco más de ¢3.606 millones y Los Chiles con una inversión de más de ¢2.487 millones. Ambas edificaciones cuentan con paneles solares para la alimentación eléctrica, luminarias led; un sistema de tratamiento y reutilización de las aguas servidas y tanques de almacenamiento de aguas pluviales para uso en los servicios sanitarios.

Los esfuerzos en materia de infraestructura permitieron la instalación de la Unidad de Patología Forense de San Carlos, acercando este servicio a las comunidades de la Zona Norte, con un costo de ¢296,6 millones. Además, la donación de ¢75 millones de la Municipalidad de la zona, se invirtió en la compra de un vehículo y la mesa de autopsias.

Se avanzó con la etapa de los planos para la construcción de tres niveles en los Tribunales de Puntarenas y se culminó el proceso de adjudicación para la construcción del Edificio Anexo E, que se ubicará al costado Norte del Edificio de la Corte.