Información destaca del Tercer Informe Estado de la Justicia

Un total de 114 nuevas leyes aprobadas por el Congreso entre el período 1990-2018, modificaron la organización, competencias o funcionamiento del Poder Judicial. Este resultado se obtiene del Tercer Informe del Estado de la Justicia que se presentó el 8 de junio 2020 en sesión de Corte Plena

“… El Congreso agregó 1.034 nuevas funciones al Poder Judicial. La base de datos elaborada para este Informe permitió identificar que el 68,1% de estas nuevas competencias están dirigidas al ámbito jurisdiccional (salas, tribunales y juzgados), pues se refieren a reformas procesales, creación de nuevas jurisdicciones o delitos”, detalla el Estado de la Justicia.

El análisis determinó que, de las 114 nuevas leyes aprobadas, más de la tercera parte (42 leyes), se catalogaron como legislación de alto impacto, al registrar amplios efectos sobre el Poder Judicial.

“…la ampliación de funciones encargadas a la institución proviene, en su gran mayoría, de legislación que no identifica recursos específicos para ejecutarse 34 de las 42 leyes de “alto impacto” (81%) no contenían una previsión específica del costo adicional implicado en su implementación, ya sea a partir de la identificación de nuevas fuentes de ingreso, o de una reasignación presupuestaria. Solo en dos leyes el legislador previó la creación de una fuente de ingreso para financiar las nuevas funciones, y en seis adicionales efectuó una reasignación de recursos presupuestarios con el fin de cubrirlas”, indica el informe.

Los resultados muestran la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en el impulso de reformas legales importantes, pues de las 42 leyes de alto impacto, tres cuartas partes se gestaron, directa o indirectamente, desde la cúpula judicial, así queda establecido en este estudio.

Resaltan leyes aprobadas como la Ley de creación de tribunales superiores, el Código Procesal Penal, la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código Notarial, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal (2009), y las Reformas Procesales Laboral, Civil y Agraria.

El estudio señala que, a partir del 2018, el presupuesto judicial inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país y que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. “Esta estrechez fiscal limita directamente la aprobación de nuevas reformas, a la vez que dificulta la implementación y el seguimiento de aquellas que, aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad.

La mayoría de las reformas judiciales se centran en el ámbito jurisdiccional.

El informe de Estado de la Justicia es información pública que puede ser consultado en las siguientes direcciones: http://www.estadonacion.or.cr/. La presentación del informe se encuentra accesible: https://livestream.com/poderjudicial-costarica.