Andrea Marín Mena
Periodista
Proteger las nacientes de agua de su finca y una quebrada pública, ubicadas cerca de la servidumbre de paso, llevó a Manuel Fernández Astúa, a plantear un proceso agrario, pues existe un interés por ampliar el camino con maquinaria pesada y con ello, generar una posible afectación ambiental.
Con la asesoría de la Defensa Pública Agraria el proceso avanza, con un interés claro de proteger el recurso hídrico de su propiedad, siempre dándole salida a la finca vecina.
Unos 54 kilómetros desde el centro de San José deben recorrerse para llegar hasta la propiedad de don Manuel, ubicada en La Uruca de Sabanillas de Acosta.
“Yo he sido una persona defensora de la naturaleza. Mi potrerito está rodeado de árboles. Uno vive de la naturaleza. Yo estoy dispuesto a seguir permitiendo que salgan y entren por mi finca, pero sin perjudicar la naciente veranera de la cual toma agua mi ganado”, expresó Fernández Astúa.
La protección de bosques de conservación, quebradas, zonas de protección de nacientes y la regeneración ambiental, son aspectos que las y los defensores públicos agrarios tutelan desde el servicio gratuito de asistencia letrada que brindan en materia agraria. |
 |
Don Manuel Fernández Astúa busca defender las fuentes de agua en su finca ubicada en La Uruca de Acosta, sin privar de salida a la finca vecina. |
|
“Las y los defensores tutelan y reconocen la protección ambiental como un plus de los derechos reales, de posesión y de propiedad y pedidos que hacemos ante los juzgados, para tutelar los derechos de nuestras personas usuarias, dentro de estos conceptos modernos que tienen que ver con la conservación y regeneración ambiental”, explicó Erick Núñez Rodríguez, Subjefe de la Defensa Pública.
Enfoque ambiental
 |
En la foto, acompañan al usuario Manuel Fernández, los defensores públicos agrarios, Mario Rosales Vargas y Frank Álvarez Hernández. |
|
La Defensa Agraria está facultada para intervenir el caso y abordarlo iniciamente desde mecanismos alternos de conflicto para buscar una conciliación, antes de judicializar el conflicto; siempre resguardando los derechos de las personas que representan.
“Tenemos mucha cautela con los procesos donde está de por medio zonas de protección, donde la legislación ambiental vigente es muy puntual en cuanto a protección de nacientes de agua, ríos y quebradas. Y se les hace las previsiones respectivas a las personas usuarias en materia de protección amabiental”, puntualizó Frank Alvarez Hernández, Coordinador de la Unidad de la Defensa Pública Agraria.
Los asuntos que se atienen en zonas indígenas son sumamente delicados; muchos tienen que ver con la defensa de la propiedad de estas poblaciones.
“Luchamos mucho por la recuperación de territorio, con una estrecha relación con el tema ambiental, pues la forma en que trabajan sus territorios implica un nivel de cohesión con el ambiente”, explicó Frank Alvarez. |
Conciencia ambiental en aumento
“La Zona Atlántica es la más compleja en materia de ligitiocidad, por ello cuenta con dos defensores. La Zona Sur se ha comenzado a despertar, existe mucha presión social, sobre todo por el problema de que hay muchas personas que carecen de inmuebles para trabajar la tierra y muchas fincas han sido invadidas”, detalló el Coordinador de la Unidad de la Defensa Pública Agraria, Frank Alvarez.
La cantidad de migración que registra el país es un tema que amenaza a la Zona Norte.
En la provincia de Guanacaste el tipo de conflicto ha evolucionado al pasar de solo derechos reales de propiedad, a puntos fuertes sobre protección ambiental, ligado al tema hídrico.
Tal es el caso de “Don Gerardo”, un adulto mayor, que con 98 años de edad, es propietario de toda la vida de un terreno en Nicoya. Él se ha mantenido firme en la protección de una quebrada que traspasa su finca y cuenta con el acompañamiento legal de la Defensa Pública Agraria destacada en la zona.
Sin celular, sin teléfono fijo, sin un canal inmediato que permita la comunicación fluida dentro del proceso agrario, el defensor público agrario ha tenido que adaptarse a las condiciones de la persona usuaria y se traslada hasta la finca de “don Gerardo”, cuando surge un asunto de urgencia en el proceso o porque así se requiere.
“Esto termina de evidenciar que se está haciendo una buena labor desde la Defensa Pública Agraria, siguiendo directrices institucionales y se es proactivo en brindar el mejor servicio a nuestras personas usuarias”, destacó el Coordinador de la Defensa Pública Agraria. |
 |
La protección hídrica es uno de los principales componentes que destacan en los procesos agrarios. |
|
Servicio Judicial Agrario Especializado
Estas funciones las llevan adelante un total de 16 defensoras y defensores públicos agrarios, distribuidos en todo el país.
A marzo del 2018, un total de 2529 asuntos agrarios nuevos los atendían 9 defensores, con un promedio de 300 asuntos por plaza.
Con la intervención de la Dirección de la Defensa Pública y la Dirección de Planificación entraron a laborar este mismo año 7 plazas más, que permiten al día de hoy contar con una plaza de Defensa Pública Agraria por cada juzgado agrario del país. (15 juzgados agrarios funcionan en total).
 |
Defensa Pública Agraria. 16 defensores y defensoras atienden la materia en todo el país. |
|
La mayoría de las personas usuarias que acuden a la asistencia legal agraria y gratuita son de poblaciones en condición de vulnerabilidad, mujeres, personas adultas mayores, personas trabajadoras de la tierra y poblaciones indígenas.
Es una labor de campo pues requiere el traslado permanente a las fincas, zonas productivas, zonas de protección ambiental involucradas en los procesos agrarios y que demandan recorrer distancias muy amplias.
“En muchas ocasiones el traslado representa varias horas a pie, a caballo, en lancha, panga y en situaciones bastante complicadas, sin embargo la labor debe cumplirse”, explicó Erick Núñez Rodríguez, Subjefe de la Defensa. |
Las y los defensores agrarios están detacados en Limón, Guápiles, Turrialba, San José, Cartago, Alajuela, San Carlos, Upala, Liberia y Nicoya.
La Zona Sur la cubren tres profesionales en Pérez Zeledón, Corredores y Buenos Aires, ésta última tiene como prioridad la atención de las personas usuarias indígenas.
“La preparación y especialización académica de nuestros defensores agrarios, refuerzan su labor, pues somos una garantía y tutela de derechos fundamentales, acceso a la justicia, derechos patrimoniales, derechos ambientales, no discriminación, igualdad, tutela de poblaciones en vulnerabilidad. Todo eso encierra la Defensa Agraria”, manifestó el Subjefe de la Defensa, Erick Núñez.
Reforma Procesal Agraria… lo que viene
La reciente aprobación de la Reforma Procesal Agraria por parte de la Asamblea Legislativa, representará para la Defensa Pública el reto de aplicar un nuevo modelo de justicia oral y público.
“La preparación académica será fundamental, siempre manteniendo los principios y valores que caracteriza la Jurisdicción Agraria de paz social y garantía de armonía en la resolución de las situaciones de interés”, detalló Erick Núñez, Sub jefe de la Defensa Pública.
Fortalecer el servicio de asistencia letrada agraria gratuita, será determinante.
“El reto será consolidar las actuales plazas extraordinarias e impulsar porque se dote a la Unidad de la segunda plaza en cada juzgado, para atender los denominados “interes contrapuestos”, pues el principio de acceso a la justicia señala que la persona demandada también tiene acceso al servicio de asistencia legal gratuita”, explicó Erick Núñez.
La reforma también permite cobrar honorarios y crear un fondo para invertir recursos a favor de la Defensa Pública Agraria y la judicatura y sufragar sus requerimientos. |
 |
La Jurisdicción Agraria demanda mucha labor de campo y el traslado por diversos medios hasta llegar a las fincas y zonas donde reside el conflicto. |
|
|
