Este es uno de los temas que analiza al Comisión Especial Legislativa que tiene a cargo la tramitación de la reforma al régimen jubilatorio judicial.

Andrea Marín Mena
Periodista

La propuesta de crear una Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,  es parte de las reformas que se discuten en el ámbito legislativo.  Esto  implicaría que los recursos para su funcionamiento lo asuman las personas trabajadoras judiciales activas, así como las jubiladas y pensionadas.
 
Este monto se sumaría  al aporte obrero que actualmente se cotiza a favor del régimen de jubilaciones judicial.
 
La proyección sobre el costo estimado de una Junta Administrativa que tenga a cargo el manejo del Fondo, fuera de la institución, lo realizó la Dirección de Planificación.
             
El informe 113-PLA-2013, que se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial, proyecta que una estructura básica para la administración del Fondo, ascendería a los ¢328 millones anuales.
 
Este monto no incorpora el costo del funcionamiento actual de las plazas Institucionales especializadas que tienen a cargo el fortalecimiento, inversiones y riesgos del Fondo.  Además, deberá sumarse el valor de la administración de una cartera crediticia.  Estos aspectos aumentarían el costo total.
 
El Poder Judicial está abierto a que se emprendan modificaciones en la administración del Fondo para una integración bipartita pero sin que esto represente un costo adicional para el personal judicial activo, jubilado y pensionado ni el Estado; lo que se lograría únicamente si la administración permanece dentro del Poder Judicial.
  
Actualmente la administración del Fondo está  a cargo de la estructura interna de la Institución.
 
Mediante órganos especializados en finanzas, mercado bursátil y contabilidad, se garantiza el incremento de los rendimientos en las inversiones y la disminución del riesgo de pérdidas.
 
Para esta administración no es necesario el pago de dietas o rubros adicionales como se propone en el proyecto gremial.
 
La estructura administrativa del Fondo, a cargo de la institución, cumple con las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República dadas en el 2012.
 
Además, se apega a las recomendaciones de la Auditoría Interna y se aplican como buenas prácticas, las que emite SUPEN.