Andrea Marín Mena
Periodista

Una iniciativa del Poder Judicial junto con el Viceministerio de Paz permite impulsar los mecanismos alternos de resolución de conflictos y brindar oportunidades efectivas de inserción social y nuevos proyectos de vida, para personas menores de edad involucrados en procesos penales juveniles.

El Gobierno de la República, recientemente declaró de interés público la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa y su plan de acción.

De esta manera, el decreto ejecutivo N° 40303-MJP-MP publicado el jueves 4 de mayo del 2017 en el Diario Oficial La Gaceta, recalca que “…el Estado de Costa Rica debe garantizar los derechos fundamentales a las personas, permitiendo tanto a la víctima como a la persona ofensora encontrar formas de reparar el daño causado, que satisfagan de forma más eficaz las necesidades de la víctima del delito y de la sociedad”.

El Programa de Justicia restaurativa inició labores en el 2011.

El Poder Judicial inició su trabajo en este nuevo modelo de administrar justicia desde el 2012, ante el convencimiento de impulsar procesos más humanos, que procuren la reparación del daño social, mediante una participación de la persona víctima, la persona ofensora y la integración de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas de la comunidad. Para la magistrada de la Sala de Casación Penal y Directora del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Dra. Doris Arias Madrigal, la posición del Poder Ejecutivo, permite la articulación entre entidades del Estado, que tienen a cargo el trabajo con la niñez y adolescencia, abre las puertas para consolidar su labor en esta materia desde el gobierno central. “Por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje, ya trabaja con abordajes restaurativos, no solamente en sus conflictos internos, sino también apoyando las redes de apoyo interinstitucionales, de tal manera que, los jóvenes del programa del Poder Judicial, puedan cumplir dentro del Instituto sus servicios comunitarios”, destacó Arias Madrigal.

Para el Viceministro de Paz, Víctor Barrantes Marín “…La Justicia Restaurativa en su sentido práctico debe trascender de la institucionalidad -con sus normas y convenciones- hacia las personas como centro del accionar público. De ahí, que la participación activa de quién sufre un daño como de quien lo cause es fundamental, pero también, es imprescindible el acompañamiento del Estado y la comunidad, como garantes de un proceso que transforma el conflicto en oportunidad. Por eso, es necesario como punto de partida, la coordinación entre poderes del Estado y sus instituciones trabajando de forma articulada. Eso es lo que buscamos desde el Ministerio de Justicia y Paz y por eso nuestro apoyo a esta Política Nacional de Justicia Restaurativa."

La articulación interinstitucional ya integra el accionar de diversos entes como el Ministerio de Salud, Casa de Justicia, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, Patronato Nacional de la Infancia, las municipalidades y otras.

El Poder Judicial en el 2015 aprobó la Política Pública en esta materia, que sirvió de base para su establecimiento como Política Nacional, por parte del Gobierno de Costa Rica. Por esta iniciativa, la magistrada Doris Arias, resaltó el compromiso que asumió el Consejo Social de la Presidencia de la República, en su impulso y seguimiento a las acciones emprendidas, delegadas en el Viceministerio de Paz. La decisión presidencial destaca que “…la Política Nacional de Promoción de la Justicia Restaurativa y las prácticas restaurativas en Costa Rica, en la que participan representantes gubernamentales, no gubernamentales y gobiernos locales, fue conocida en la Sesión N° 14, extraordinaria, del Consejo Presidencial Social. Dicha política considera prioritaria la atención de las personas que se encuentran en los diferentes ámbitos de la Justicia Penal Juvenil, con un fin educativo preventivo y poder generar proyectos de vida en libertad que eviten el involucramiento de las personas jóvenes en la actividad delictiva”.

La magistrada Doris Arias Madrigal es la impulsora del programa.

El decreto ejecutivo señala el compromiso de los Estados Partes del Convenido sobre los Derechos del Niño, al establecimiento de un sistema de justicia especializado para adolescentes.

El Gobierno de Costa Rica expresó su tarea de buscar medidas alternas para la resolución de conflictos, como acciones concretas para atender el crecimiento de la violencia en los adolescentes y al hacinamiento que provoca en los centros penitenciarios especializados.

“…es deber del Estado velar por el acatamiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos de la Niñez y Adolescencia, trabajando en incorporar los principios y postulados de la Justicia Restaurativa”, reafirmó el decreto ejecutivo.

Además señaló el respeto del Estado costarricense a las garantías procesales y judiciales del Sistema Penal. “… el Estado de Costa Rica debe garantizar los derechos fundamentales a las personas, permitiendo tanto a la víctima como a la persona ofensora encontrar formas de reparar el daño causado, que satisfagan de forma más eficaz las necesidades de la víctima del delito y de la sociedad”, incorpora la posición presidencial.

Medidas alternas en aumento

El impulso por parte del Poder Judicial, en la aplicación de mecanismos alternos para la resolución de conflictos penales en los que se ven involucradas personas menores de edad, registran un importante crecimiento, a partir de las acciones emprendidas por el Programa de Justicia Restaurativa.

Datos de la Sección de Estadísticas del Poder Judicial

“Los recientes indicadores judiciales reflejan que estamos respondiéndole al país y a nivel internacional, al impulsar menos cárcel y más medidas alternativas para las personas menores de edad. Las víctimas sienten que se hizo justicia en su caso, porque ven que no es algo antojadizo, que las personas cometen delitos pero reciben un abordaje institucional y este abordaje se da desde el Programa”, explicó la jerarca judicial. El Compendio de Indicadores, elaborado por la Sección de Estadística, de la Dirección de Planificación del Poder Judicial así lo refleja, en lo relacionado con las personas menores sobreseídas por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, como medida alterna en los juzgados penales juveniles: “…el comportamiento seguido por el indicador es el crecimiento constante, lo que sugiere una mayor participación de personas menores en la reparación del daño por la atribución de algún delito y con lo cual se proponen obtener un sobreseimiento por la demanda planteada en su contra. En el 2015, un 8,3% de las personas menores de edad (12-17 años) optaron por una suspensión del proceso a prueba”.

Más humana

Esta iniciativa cumple con los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia. Se dan pasos firmes hacia la desjudializacion con responsabilidad y satisfacción para las víctimas.

Con ello se hace un reconocimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, mediante una acción conjunta y efectiva entre instituciones del Estado y la sociedad civil.

El seguimiento con alto control y alto apoyo ha permitido constatar para satisfacción de la víctima y comunidad; los impactos positivos a nivel familiar y en el ámbito personal de la persona imputada.

La creación de los Redes de Apoyo Interinstitucional permite la integración de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil y públicas, que aseguran el éxito la metodología aplicada.

Muchos de estos casos se atienden mediante la suspensión del proceso a prueba, cuyo período puede extenderse en promedio, hasta dos años, sin perjuicio de utilizar otras soluciones alternas como la conciliación a plazo. Con ello se observan los cambios en las personas imputadas cuando han tenido enfermedades adictivas y han recibido apoyo terapéutico y socioeducativo por medio de los procesos que se han incorporado como parte de los planes reparadores.

Para la magistrada Doris Arias Madrigal, “…Los delitos causan daños y estos daños deben ser reparados, por ello generamos esta política que nació en el Poder Judicial y ha sido asumida con compromiso y responsabilidad en todas sus líneas de acción, de tal forma que las personas víctimas, puedan obtener la efectiva reparación de daños, y de esta forma reconstruir en las personas proyectos de vida”.