William Molinari Vílchez, Magistrado de la Sala Primera y Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil del Poder Judicial

William Molinari Vílchez, Magistrado de la Sala Primera y Coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil del Poder Judicial analiza en la sección “La Entrevista”, cómo la institución avanza en la implementación de los cambios para la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Civil.

El Magistrado habló sobre acciones de capacitación para el personal, valoración de perfiles de personas que serán contratadas y nueva infraestructura.

Actualmente se tiene un plan estratégico para cumplir con los requerimientos de la Reforma Procesal Civil, una ley que viene a implementar celeridad y oralidad en los procesos judiciales en esta materia.

¿Qué cambios conlleva la Reforma Procesal Civil?

El cambio fundamental será lo que llamamos humanización. Se trata de introducir procesos orales y hablamos de la posibilidad que tendrán los jueces y las partes de conocerse, de darse la cara en un ambiente donde se está tratando el tema.

Esto les permite a los jueces dirigirse a las personas que intervienen en la audiencia y que puedan entender lo que se pretende resolver. Actualmente las resoluciones se dan por escrito y lo que el juez logra transmitir en un papel no lo puede explicar, no puede referirse más, pero cuando estamos hablando tenemos la posibilidad de preguntarle al juez y que le aclarare.

Hay otro tema que es bajar los tiempos en la tramitación de los casos, que va a depender de los recursos. Para nosotros es fundamental que la Asamblea Legislativa nos haya apoyado con el presupuesto que ejecutamos este año en el tema de capacitación y será fundamental su aporte en el presupuesto siguiente en donde requerimos espacios para salas de audiencias.

¿De cuánto es el costo en la ejecución de los cambios?

El costo inicial previsto es de cinco mil millones de colones aproximadamente, sin considerar algunos otros recursos que se necesitan, por ejemplo el edificio que se tiene planeado en San José, al costado norte del edificio de la Corte Suprema de Justicia que albergaría los Tribunales Civiles de San José y otros.

¿Sobre el plan estratégico, que se ha hecho y que falta?

De diciembre a finales de marzo logramos establecer cuál iba a ser el costo, con base a esto pedimos parte de los recursos que estamos ejecutando este año. Eso implicaba organizar muchas cosas distintas: infraestructura, temas tecnológicos, capacitación, el cambio cultural en el personal.

Todo el cambio orgánico que implica la reforma es un tema en el que tenemos que ocuparnos y lo que hicimos fue distribuir las tareas en la Comisión Civil, ya que un grupo se encarga de infraestructura, otro en gestión humana, otro es de tecnología de la información, otro sobre juzgados cobratorios, implementación jurídica, capacitación. A partir de esos grupos de trabajo hemos tenido claridad y control de lo que toda la institución requiere para poder implementar el nuevo sistema.

¿Con relación al cambio cultural, como se prepara al personal?

La capacitación es fundamental, en estos momentos estamos ejecutando uno de los planes. Tenemos tres, dos plenamente aprobados y uno en ejecución. Para el próximo semestre entraría en ejecución el próximo, y esperamos recursos adicionales para otro el próximo año que tendría el último plan de capacitación.

Este primer paso está dirigido a aproximadamente 270 personas. Para el próximo semestre hay un plan de capacitación virtual que también estará dirigido a ellos.

Nos preocupa muchísimo otra área, que es la formación a los abogados. Es por eso que el segundo plan de capacitación esperamos no solo dirigirlo a los jueces, sino también hacia los demás abogados.

La población que nosotros estamos capacitando es de 270 jueces y 700 técnicos aproximadamente, pero hacia fuera estamos hablando de unos 30.000 abogados.

¿Sobre el nuevo personal a contratar, cuales son los requisitos y el perfil?

Son aproximadamente 70 jueces y 114 técnicos judiciales. En el caso de los jueces dependemos de una Ley de Carrera Judicial que nos obliga a un proceso de ofertas de parte de la institución, proceso de exámenes de todo tipo, exámenes psicosociales. En caso de ganarlos los incorporamos en una lista de elegibles, con el propósito de ir nombrando a estas personas.

Como el cambio incide en el tipo de juez que requerimos, ahora hay un cambio de perfiles de juez, ya no ocupamos un juez de la escritura, ocupamos un juez de la oralidad, que sepa expresarse adecuadamente y manejar una audiencia. Hemos entrado con Gestión Humana a revalorar esos perfiles y replanteado el tipo de exámenes que debemos hacer.