Andrea Marín Mena
Periodista
La inversión administrativa, tecnológica, de recurso humano, planificación interna de despachos y presupuestarios, fueron definidos por el Poder Judicial, de cara a la aplicación del nuevo Código Procesal Laboral, prevista a partir del 25 de julio del 2017.
La puesta en marcha de dicho Código, demanda una amplia inversión en presupuesto, recurso humano, espacio físico, establecimiento de nuevos despachos, especialización de al menos siete Tribunales de Trabajo en todo el país y la efectiva aplicación de las normas procesales.
El presupuesto necesario para el cumplimiento de la reforma ya se presentó ante las autoridades de Hacienda. La entrega la realizó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.
“Las normativas aprobadas son la voluntad de un pueblo de sostener una democracia respetando los derechos laborales y en esto está el compromiso institucional y de la Presidencia de la Corte para hacerla efectiva”, destacó la Villanueva Monge.
La inversión en recurso humano ronda los ¢8 952 millones, que contemplan ¢5 286,6 millones para las plazas nuevas de jueces, juezas, personal técnico, defensores y defensoras sociales, profesionales y médicos para la atención de riesgos del trabajo. |
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Equipo de especialistas que darán apoyo jurídico en capacitación e implementación de nuevas normas procesales laborales |
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También se incorporan rubros específicos para infraestructura y construcción de obras. Ya se cuenta con el modelo de sala de juicio específica para la tramitación de estos casos, pues en la actualidad, las audiencias se realizan en oficinas de jueces y juezas que no reúnen las condiciones requeridas.
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Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte, destacó que desde este año, el Poder Judicial hizo una reorganización interna para invertir recursos de cara a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal en julio del 2017. |
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Esta inversión también comprende la instalación de equipo de cómputo, capacitación, servicios públicos y peritajes. Adicionalmente, se incluyen ¢10 mil millones para la construcción de un edificio diagonal al edificio de la Corte Suprema de Justicia, para albergar la Jurisdicción Laboral, con el fin de reducir costos en alquiler, por ser San José una de las zonas más caras para alquilar.
Sin embargo, desde este 2016, se ha hecho un esfuerzo por reorientar los recursos existentes para iniciar con la preparación e implementación de la nueva norma procesal laboral.
“Iniciamos con la inversión en dos ejes fundamentales, la capacitación para jueces y juezas con la integración de un equipo de facilitadores de la institución. Finalizamos los tres primeros talleres, donde concentramos a los 157 jueces y juezas laborales del país y personal técnico y la capacitación regional ya inició. El otro eje tiene que ver con tecnología. La reforma procesal implica romper la brecha tecnológica y se está invirtiendo con recursos actuales para que el área laboral en todo el país pueda entrar en funcionamiento con juzgados electrónicos y escritorio virtual”, puntualizó la máxima jerarca judicial. |
Otra acción que ya se desarrolla es un inventario a nivel nacional, de las causas que tramitan todos los despachos laborales, con el fin de ordenar el trabajo e impulsar que trabajen con circulantes al día y sin atrasos.
“Estamos destinando para este 2016, un equipo de 18 jueces y juezas que integrarán un proyecto de descongestionamiento y que colaborarán con los despachos que registran mayor retraso. Esto conlleva un compromiso del personal de la jurisdicción que mantener al día las oficinas”, detalló la Presidenta de la Corte.
Para el Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, la introducción de la oralidad en la tramitación de las causas laborales y el establecimiento de despachos electrónicos, será la apuesta para mejorar el servicio de administración de justicia, haciendo los procesos más ágiles.
“Los procesos se están diseñando para que sean rápidos y ágiles, eso tiene que impactar en los tiempos de respuesta. Estamos convencidos de que el equipo de jueces y juezas con que cuenta el Poder Judicial dará la respuesta efectiva que demanda la reforma procesal”, puntualizó el magistrado Orlando Aguirre.
Distribución de competencia jurisdiccional
Para el 2017, los requerimientos en reorganización interna de los juzgados y tribunales laborales fueron definidos por el estudio técnico del Departamento de Planificación, que estableció el impacto organizacional y presupuestario que implicará la reforma procesal.
Para la atención de la materia laboral, en todo el país, “… se identificaron una serie de cambios que impactan el procedimiento, la competencia y la estructura organizacional existente”, destacó el estudio de la Dirección de Planificación.
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Durante los días 24 de junio, 1 y 8 de julio, se logró reunir a jueces y juezas laborales de todo el país para informar sobre el plan de implementación que definió en Poder Judicial. |
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A lo interno de los diversos despachos judiciales, esto comprende la transformación de los actuales Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía, en Juzgado de Trabajo, esto permitirá una redistribución de las cargas laborales.
Los juzgados conocerán todos los procesos que se presenten para su conocimiento sin considerar la pretensión económica.
En el caso de los juzgados contravencionales y de menor cuantía, donde no existe un juzgado de trabajo, deben asumir el conocimiento de los asuntos laborales por Ministerio de Ley.
En el caso del Primer Circuito Judicial de San José, se pretende consolidar un Juzgado Especializado Laboral, con el personal que actualmente conforma una de las Secciones del Juzgado Laboral de Goicoechea. Con esta reorganización, el Juzgado Especializado Laboral de Goicoechea tendría competencia en Goicoechea, Vásquez de Coronado, Moravia, Montes de Oca, Curridabat y Tibás. |
En los lugares donde la entrada de expedientes laborales no alcance los parámetros requeridos para ser especializados, su trámite se mantendrá mixto, con el conocimiento de procesos Laborales y Civiles.
Se establecerán Tribunal de Apelación Civil y Laboral con sede en Alajuela, Cartago, Puntarenas, Heredia, Corredores, Pérez Zeledón, Liberia, Nicoya, San Carlos, Limón y Pococí. Actualmente el único que funciona es el Tribunal Especializado en el II Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.
Especialización se abre camino
La especialización es una de las principales demandas que contempla la Reforma Procesal Laboral, un aspecto al que el Poder Judicial ha prestado especial atención.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el volumen de trabajo en las zonas del país, determinará la especialización de los despachos judiciales, labor que comprenderá una medición.
De ahí la importancia de los Tribunales de Apelación claramente definidos en 12 lugares del territorio nacional, que se separan de la materia penal y atenderán exclusivamente los asuntos laborales y civiles.
“Ya se trabaja con la Dirección de Planificación para incorporar indicadores de gestión, que nos permitan medir el impacto en el ingreso de asuntos y resolución de los despachos, para evaluar la proyección y particularidades de la reforma a futuro y determinar si se requieren reajustes en la Jurisdicción Laboral”, destacó la magistrada Julia Varela Araya, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, que lidera todo el proceso de reorganización interna.
Dentro de este proceso, se contempla la expansión de la atención de los asuntos de Seguridad Social, pues actualmente solo existe en San José un Juzgado de Seguridad Social Especializado, el cual se encarga de atender los asuntos por riesgos del trabajo y pensiones por invalidez, principalmente. |
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La magistrada Julia Varela Araya, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, indicó que se trabaja en el establecimiento de indicadores de gestión para medir el impacto de la reforma en la labor de los despachos judiciales. |
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“La Ley especifica la incorporación de médicos para el trámite de los procesos de riesgos del trabajo y esto implica llevar este servicio a todo el país. Se está proyectando este servicio en cabeceras de provincia, esto es un gran avance en especialización, para darle una respuesta oportuna a las personas usuarias en temas como la fijación de indemnizaciones por grados de incapacidad temporal y permanente y en procesos de pensiones por invalidez, que no impliquen un traslado hasta San José para acceder a un servicio efectivo”, manifestó Varela Araya.
Esto permitiría contar con peritajes médicos en casos de seguridad social de aproximadamente una semana de expedidos, trámite que duraba entre 6 meses a un año en concretarse.
Para el Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, además de las reformas procesales, también se incluyen reformas sustantivas que promueven el ejercicio de derecho laboral colectivo.
“Esto demandará de nuestros jueces y juezas una mayor preparación y actualización, no solo en conflictos jurídicos individuales, sino que deberán atender nuevos procesos de naturaleza colectiva y tener un papel más activo dentro del proceso”, afirmó Aguirre Gómez.
El magistrado Orlando Aguirre destacó como novedad la delimitación de procesos específicos para la declaratoria de huelga, la introducción de la negociación colectiva en el sector público, tendiente a resolver conflictos entre patronos y trabajadores frente a intereses colectivos en aspecto que no están regulados en estatutos o leyes estatutarias, que muchas veces no requeriría acudir a tribunales para su negociación y resolución.
Inversión en recurso humano
La mayor inversión en recurso humano de la Reforma Procesal Laboral se visualiza en el establecimiento de la Defensoría de Asistencia Social, para la cual se requieren 76 plazas de abogados y abogadas de Asistencia Social, dos profesionales, 14 puestos de auxiliares administrativos y 18 cargos de técnicos judiciales.
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El Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, puntualizó en la importancia de la Defensa Social que se brindará a las personas trabajadoras de escasos recursos, lo que calificó como un hito histórico. |
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“Este es uno de los temas más importantes de la reforma, porque comprende la asesoría de las y los trabajadores cuyo salario no sobrepase los ¢926 800. Esto comprende una Sección Especializada de la Defensa Pública y requiere espacio físico para su ubicación en todo el país”, puntualizó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.
Según destacó el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, la asistencia letrada para los trabajadores de escasos recursos es un hito histórico, que permitirá a las y los trabajadores reclamar sus derechos.
“Esta es una modificación que implica una inversión de tipo social. Es darle a la gente que necesita, las herramientas para hacer efectivos derechos que tienen que ver con la dignidad humana. Y lo que procuramos en el Poder Judicial es que exista una atención profesional y de calidad para estas personas”, reafirmó Aguirre Gómez. |
Adicional a estos requerimientos en recurso humano, se tiene previsto reforzar la Jurisdicción Laboral con 28 jueces y juezas, 6 de coordinadores, 37 de técnicos judiciales y 9 médicos para la parte de seguridad social.
La cantidad de personal requerido, viene a reformar a los 157 jueces y juezas, 225 técnicos judiciales y 62 coordinadores judiciales que actualmente integran la Jurisdicción Laboral.
Actualización legal inicia de inmediato
Un equipo de jueces y juezas especialistas en la norma procesal asumen el proceso de capacitación y actualización, la cual se inició en el mes de julio y se desarrolla de manera regional.
Este es un trabajo coordinado entre la Comisión de la Jurisdicción Laboral y la Escuela Judicial.
Para este ambicioso plan de actualización se establecieron un total de 12 sedes de la Escuela Judicial en San Joaquín de Flores, San José, Alajuela, San Carlos, Grecia, Cartago, Heredia, Liberia, Nicoya, Puntarenas, Corredores y Guápiles.
La formación académica se centrará en temas como la jurisdicción especial de trabajo, la prueba en materia laboral, la protección de fueros especiales y la tutela del debido proceso, el derecho colectivo, la solución alterna de conflictos jurídicos individuales o colectivos mediante árbitros, la solución alterna de conflictos, el derecho individual laboral y las infracciones a las Leyes de trabajo o de previsión social. |
