Integrantes de la mesa principal Dr. Constantino Urcuyo, Analista y quien fungió como moderador , la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, el Director Ejecutivo de la ACEID, Ernesto Cortés, la Jefa de la Unidad de Proyectos del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Eugenia Mata Chavarría y el Consultor de la ACEID, Manuel Abarca.

Divulgar, discutir y analizar los resultados del “Estudio sobre el tema de la Política Criminal y Encarcelamiento por delitos de drogas en Costa Rica”, realizado por la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y el Colectivo de Estudio en Drogas y Derecho (CEDD) con el apoyo de la Defensa Pública, fue el objetivo del foro organizado por dichas entidades.

La actividad se desarrolló en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 7 de julio y contó con la participación de especialistas sobre la temática, como el Dr. Constantino Urcuyo, Analista y quien fungió como moderador , la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, el Director Ejecutivo de la ACEID, Ernesto Cortés, la Jefa de la Unidad de Proyectos del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), Eugenia Mata Chavarría y el Consultor de la ACEID, Manuel Abarca.

Como introducción al foro y en ocasión del lanzamiento de la campaña global Apoye, No Castigue 2016, el Consultor de la ACEID, Manuel Abarca mencionó que existe una urgencia de reorientar la Política de Drogas en nuestro país, al derecho internacional en la búsqueda del respeto de los derechos humanos de las personas que se ven involucradas en delitos que tienen que ver con esta problemática, velando por su bienestar y la salud pública.

Ernesto Cortés, Director Ejecutivo de la ACEID, se encargó de divulgar los resultados del primer estudio cualitativo sobre la tendencia de la política de persecución penal por delitos de drogas en el país, donde destaca la colaboración de la Defensa Pública en la recolección de datos estadísticos para dar fundamento a los resultados arrojados.

Dicho diagnóstico, seleccionó una muestra nacional de 202 sentencias condenatorias y expedientes judiciales por delitos de drogas a fin de recolectar información que se utilizó para completar el formulario que sirvió de instrumento en la investigación para conocer a fondo el perfil de la población que está ingresando a prisión, el monto de las penas y delitos, que permitieron conocer de primera mano la orientación que está teniendo la política actual de drogas en Costa Rica.

Asimismo, el Sr. Cortés hizo una comparación de la evolución histórica de la legislación y del registro de datos relacionados con delitos de drogas de las diferentes entidades involucradas en estos procesos, como por ejemplo el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia.

En términos generales el estudio concluyó que en Costa Rica el 68.8% de las condenas son por venta al menudeo, que se originaron en decomisos entre 10 y 50 gramos y sólo en 8 de los casos se identificó que era líder de organización. En el 49% de los casos las personas ofensoras reportaron consumo de drogas, lo cual evidencia que hay un grupo significativo de personas que venden la misma droga que consumen como una forma de abastecimiento personal. Estas personas suelen ubicarse en niveles más bajos del mercado de drogas y tienen menos oportunidades sociales y económicas, pero reciben las mismas penas que si fueran los jefes de organización.

Para Eugenia Mata, del ICD, es relevante orientar el Plan Nacional de Drogas, protegiendo los Derechos Humanos y fortaleciendo el sistema de atención, analizando la proporcionalidad de los castigos y dando oportunidades a quienes generalmente son vulnerables, resaltó los avances en el tema de la mujer por el delito de introducción de drogas a centros penales y lo que representa para sus familias el apoyo que hoy se brinda con la Red.

Para finalizar, Muñoz Cascante indicó que los datos que reveló este estudio ameritan un diálogo responsable e interinstitucional para que el país promueva mayor proporcionalidad en la penas por los delitos de drogas, considerando tanto a hombres como mujeres, para que el monto de la pena tenga relación con el injusto penal cometido, para que sea distinta entre el líder de la organización y la persona que ocupa el eslabón más bajo. “Esto no pretende que se genere impunidad, sino más bien proveer de soluciones para que estas personas paguen penas proporcionales, se puedan recuperar y tener un proyecto de vida diferente”.

Luego, el analista Constantino Urcuyo hizo una breve reflexión sobre la participación de los panelistas y agregó que este tema rebasa el campo del derecho, que es un fenómeno global que debe abordarse desde la política internacional y la salud pública. Señaló que es urgente que tanto en Costa Rica como en otros países se revise la sobre criminalización del microtráfico y la débil incidencia en el macrotráfico. Y destacó que países como Estados Unidos desde el Senado, están dando pasos en esta dirección.

El foro también sirvió para el lanzamiento de la “Campaña Global Apoye. No Castigue 2016”, que tiene como fin promover mejores políticas de drogas que patrocinen la salud pública y los derechos humanos. Dicha campaña es llevada a cabo en 150 ciudades en el mundo.

Al encuentro asistieron funcionarios y funcionarias judiciales, donde destacó la presencia del Vicepresidente de la Corte, José Manuel Arroyo Gutiérrez y de la Magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López, la diputada Silvia Sánchez, así como funcionarios de la Asamblea Legislativa, el IAFA, UCIMED, la Fundación Genésis, la Fundación Cepa.