Andrea Marín Mena
Periodista

Alternativas viables para iniciar con la construcción de nuevos edificios judiciales, en diversas zonas del país y contrarrestar los 50 mil metros cuadrados de déficit de espacio judicial, es uno de los objetivos prioritarios de la Corte Suprema de Justicia.

La inversión en infraestructura judicial, se ha establecido como una acción prioritaria de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que contempla un trabajo coordinado entre la Presidencia de la Corte, la Corte Plena, la Comisión de Construcciones y las autoridades administrativas del Poder Judicial. De acuerdo con Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte, “buscamos garantizar un servicio adecuado a las y los usuarios, con condiciones mínimas que nos permitan brindar una mayor eficiencia y calidad”. “Uno de los problemas que nos hemos encontrado en todo el país son las limitaciones del espacio para trabajar y atender a la gente, que se ha convertido en una necesidad nacional. Tenemos un déficit de 50 mil metros cuadrados y pagamos, anualmente, un costo demasiado alto por alquileres y no se satisfacen las necesidades. Adicionalmente enfrentamos limitaciones en el presupuesto”, puntualizó la magistrada Villanueva Monge. Para la máxima jerarca judicial, “esto nos ha obligado en primer lugar a establecer nuevos requerimientos en nuestro Plan de Construcciones con criterios técnicos y objetivos que permitan un desarrollo nacional integral, que desarrolle tanto las zonas urbanas del Gran Área Metropolitana, pero también las zonas alejadas y atendiendo a los criterios de necesidad, al establecerse un orden prioritario”. La magistrada Zarela Villanueva puntualizó las acciones concretas en este tema como la actualidad del Plan de Construcciones, el establecimiento de un fideicomiso y prioridades que también involucrarían la compra de terrenos en zonas que así lo requieran.

Corte Plena estableció como prioridades de construcciones las zonas de Heredia, Puntarenas, Cartago, Aguirre y Parrita, Cañas, Sarapiquí, Siquirres, Puriscal, Upala, Nicoya y Osa. Así como un edificio en San José para albergar la Sala Constitucional y otras oficinas y la compra de un inmueble en Desamparados.

En la sesión del 3 de marzo Corte Plena se aprobó la actualización del Plan de Construcciones del Poder Judicial.

“Existen terrenos, propiedad del Poder Judicial, que podrían atender estas necesidades de espacio físico, como el terreno ubicado al costado norte de la Corte, que recientemente acordamos en Corte Plena utilizarlo para construir un edificio que albergaría a la Sala Constitucional y otras jurisdicciones y oficinas judiciales que sean necesarias trasladar”, afirmó la Presidenta de la Corte. Las expectativas son amplias y desde el trabajo de la Comisión de Construcciones se impulsa nuevamente este desarrollo estructural, como parte de las prioridades señaladas por la Presidencia de la Corte. “Dentro de nuestras gestiones hemos terminado de desarrollar las construcciones que ya estaban planificadas años atrás, en zonas como Santa Cruz, Turrialba, Grecia, Guápiles, Alajuela y Limón. En estos últimos años, la construcción se ha paralizado por razones presupuestarias y es lo que pretendemos revertir ante la evidente necesidad de contar con edificios propios”, destacó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial.

La importancia que tiene el tema dentro de la institución siempre se ha visualizado desde su Comisión de Construcciones, órgano integrado actualmente por los magistrados y magistradas Luis Guillermo Rivas Loáiciga (coordinador), Jesús Ramírez Quirós, Rolando Vega Robert, Luis Fernando Salazar Alvarado, Julia Varela Araya, así como del integrante del Consejo Superior, Mario Mena Ayales y Carlos Montero Zúñiga, en representación de las asociaciones gremiales. Además cuenta con el apoyo técnico y asesor de la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Servicios Generales.

“En la Comisión trabajamos en controlar y establecer las prioridades en materia de construcción de infraestructura judicial de todo el país. Y la necesidad de analizar nuevas opciones de financiamiento para la construcción se ha convertido en una necesidad. Hay que tomar en consideración que las partidas de construcción son muy grandes y ante la situación económica del país, cuando se nos ha pedido que recortemos gastos, esta partida siempre se recorta. Esta situación nos ha generado un rezago importante en el tema de infraestructura judicial que desde Corte Plena hemos decidido atender y ejecutar acciones, buscar otras fuentes de financiamiento que ya se utilizan en el Gobierno Central como lo es la figura del fideicomiso”, destacó Rivas Loáiciga. Para el magistrado Luis Guillermo Rivas la posibilidad de que el Poder Judicial utilice un fideicomiso para retomar el tema de las construcciones de edificios judiciales, toma fuerza y avanza a paso firme.

La Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge señaló como prioridades de su administración, el tema de construcciones judiciales.

“El fideicomiso es un contrato con un ente que tiene capital y que asume la responsabilidad de construir y fiscalizar las obras mediante equipos de trabajo y posteriormente trasladar el edificio al Poder Judicial. Las negociaciones las tenemos muy avanzadas con el Banco de Costa Rica. Sin duda, esta figura va a acelerar los procesos de construcción y se va a comenzar a satisfacer las necesidades pendientes mediante un proceso célere”, explicó Rivas Loáiciga.

El magistrado señaló que otra ventaja del fideicomiso es la posibilidad a futuro que los títulos valores que salgan a la venta para el financiamiento, podrían ser adquiridos por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con lo cual se obtendría mayores réditos en las inversiones del Fondo.

“El principal beneficio se dirige a la persona usuaria, que podrá tener concentrados en un solo edificio, todos los servicios que brinda la administración de justicia y con ello, igualmente será más productivo el trabajo de los y las empleadas judiciales, al contar con mejores condiciones en infraestructura”, indicó Rivas Loáiciga.

Una realidad que toma fuerza

Cálculos de la administración judicial señalan que el rezago en infraestructura que actualmente registra el Poder Judicial, ronda los 50.000 metros cuadrados, situación que en los últimos años ha llevado a la institución a recurrir al alquiler para hacer frente a la necesidad de albergar oficinas judiciales, con el único objetivo de brindar el servicio de administración de justicia, cuya partida para el 2013 alcanzó los ¢3 169 mil millones.

Es por ello que el fideicomiso adquiere mayor relevancia dentro de la Administración de Justicia, para atender la demanda de infraestructura en todo el país. Esta opción permitiría hacer frente al pago de los edificios que se construirán a través del fideicomiso en tractos y no mediante única erogación, así lo destacó la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins.

“Para que el fideicomiso se desarrolle de una manera ordenada y atendiendo las necesidades institucionales prioritarias, en primera instancia se actualizó el Plan de Construcciones del Poder Judicial. Con este marco de acción definido, se avanzó con el contrato de fideicomiso el cual prevé como primera obra a desarrollar el Edificio de Tribunales de Hatillo, donde se albergarán los despachos judiciales de esa localidad, así como las oficinas administrativas del I Circuito Judicial de San José, lo que traerá como ventaja la reducción de la planilla de alquileres, tanto de la zona de Hatillo como de San José centro, ya que será posible ubicar las oficinas que hoy se ubican en locales alquilados, en los espacios que dejen las administrativas en los edificios propios del I Circuito Judicial de San José. Este primer proyecto se estima en $50 millones y un plazo constructivo de 2 años. Los planos serán aportados por el Poder Judicial, por lo que será un edificio diseñado para atender las necesites de las oficinas judiciales”, indicó Romero Jenkins. Según dijo la Directora Ejecutiva, actualmente se está finiquitando procesos para la firma del contrato del fideicomiso, el cual debe ser aprobado por Corte Plena y refrendado por la Contraloría General de la República, “Después de esto se vendrá a afinar el estudio de estructuración financiera del fideicomiso, constituir la Unidad Ejecutora, el Comité de Vigilancia para que de esta forma el fideicomiso inicie con su fase operativa”.

El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, destacó la importancia de la figura del fideicomiso para atender las necesidades de construcción que tiene el Poder Judicial.

Cabe destacar que en la sesión del pasado 2 de junio, Corte Plena aprobó proseguir con el trámite de consolidación del fideicomiso con el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) como administrador y con el Banco de Costa Rica (BCR) como proveedor financiero.

En el caso del edificio para Jicaral, un distrito constituido por 8 mil habitantes, las obras contemplarán mil metros cuadrados y se desarrolla con recursos propios de la institución.

Prioridades en infraestructura

Una vez que se cuente con la consolidación del fideicomiso, ya se tienen definidas las zonas que demandan una acción inmediata. Prioridades que quedaron aprobadas por los magistrados y magistradas que integran Corte Plena en la actualización del Plan de Construcciones del Poder Judicial.

El Poder Judicial procura atender la necesidad de espacio físico para mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las personas usuarias.

Para el establecimiento de esta lista de lugares se incluyeron parámetros como las zonas que cuentan con terrenos propios del Poder Judicial, el número de oficinas que contemplan, si existen edificaciones judiciales ya construidas, el número de habitantes que se verán beneficiados, el monto del alquiler que se paga, también los despachos ubicados fuera de San José. “En parámetros como el monto de alquiler que se paga, se muestra una inclinación a favor de lugares dentro del Gran Área Metropolitana como Heredia y Alajuela cuyos alquileres son mayores, sin embargo a las oficinas regionales también se les incluyó un puntaje para garantizar un equilibrio, como el caso de la importancia de construir en zonas fronterizas, para que haya presencia del Estado en zonas como estas, o lugares que registran problemas de inundaciones como en Osa”, explicó el magistrado Luis Guillermo Rivas. El Plan de Construcciones estableció una jerarquización de un total de 53 localidades en todo el país, cuyas necesidades de espacio físico, son las de mayor prioridad. El acuerdo tomado por Corte Plena, en su sesión del 3 de marzo, determinó “…Aprobar la recomendación del Departamento de Planificación respecto a la actualización del Plan de Construcciones del Poder Judicial, estableciendo como lugares  prioritarios a construir Heredia, Puntarenas, Cartago, Aguirre y Parrita, Cañas, Sarapiquí, Siquirres, Puriscal, Upala, Nicoya y Osa. 2.) Incluir la construcción de un edificio en la propiedad ubicada al costado norte de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de ubicar la Sala Constitucional y otros despachos que se lleguen a determinar. 3.) Establecer  como prioridad, la compra de un inmueble para la construcción de un edificio en Desamparados. La Dirección Ejecutiva realizará las gestiones  necesarias con esa finalidad”.

La inclusión de la perspectiva de género es otro de los aspectos novedosos dentro del Plan de Construcciones del Poder Judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, para el acceso a la justicia, que contemple la integración de oficinas, mejores condiciones y servicios para las personas usuarias y personal judicial.

“La perspectiva de género es el lente que se ponen las personas para ver la realidad, en sus diferentes aspectos. Hombres y mujeres en primer término, pero también nos indica que no todas las personas somos iguales, y que tenemos diferentes condiciones. Así, la perspectiva de género nos permite leer las diferentes necesidades por las características que tienen las personas con diferencias económicas, en sus capacidades físicas, en edad, religión, etc. y adecuar el servicio a estas condiciones, reorganizar los servicios atendiendo las necesidades de las personas, ser rigurosos en la aplicación de la ley 7600, ser también claros en unificar servicios que deben estar juntos para que la persona no esté de un lugar a otro; en materia de pensiones alimentarias adecuar las condiciones para que las personas que lleguen a estos despachos y tienen determinadas características puedan estar bien acompañadas, igualmente para las víctimas de delitos que tengan todos los servicios reunidos y no tengan que andar de oficina en oficina y no sean revictimizadas. Todas esas condiciones se traducen en la construcción y eso es la perspectiva de género”, manifestó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva.

De acuerdo con el informe, en el caso de Heredia, se constituye en el principal proyecto a nivel nacional para solventar la necesidad de espacio físico y la reducción de la factura de alquileres, que actualmente alcanza poco más de ¢288 millones.

De igual manera, el edificio de Puntarenas cuya capacidad está completamente rebasada y cuenta con terrenos donados por la municipalidad.

En el caso de Cañas, no se cuenta con un edificio central y tiene entre 10 y 12 casas alquiladas para los diversos despachos judiciales que brindan servicio y se encuentran dispersas en el cantón.

Una de las principales necesidades de atender las condiciones del edificio de Osa, es el problema de inundación que registra, por ubicarse en una zona de riesgo.

A nivel nacional se registran 174 despachos u oficinas con inmuebles alquilados; 57 de éstos se localizan en el Gran Área Metropolitana y las 117 restantes fuera de esa región, donde destaca Puntarenas con 14 despachos, Desamparados con 12 oficinas, Aguirre-Parrita con 11 despachos, entre otros.

También contabilizan un total de 1487 servidores y servidoras judiciales que laboran en estos inmuebles alquilados, de los cuales el 45,5% laboran en Heredia, Desamparados, Puntarenas, Cartago y Aguirre-Parrita.

Además, el Poder Judicial también cuenta con terrenos en 14 regiones del país que suman unos 144 667 metros cuadrados para la construcción.

Ventajas latentes

Sin duda, este esfuerzo institucional dirigido a la inversión en la construcción de edificaciones, permitirá un ahorro económico de recursos públicos actualmente dirigidos al alquiler, lo que permitirá atender otras áreas sensibles del Poder Judicial, así lo determinó el Departamento de Planificación en el estudio de actualización del Plan de Construcciones.

A esto se suma la integración de los diversos despachos judiciales, que permitirá centralizar los servicios judiciales, “…proporcionando mayor accesibilidad, para una mejor atención a las personas usuarias y a las servidoras y servidores judiciales… Mayor seguridad tanto para las personas usuarias como para el personal judicial, para el manejo de los expedientes, equipos e infraestructura física en general de los despachos judiciales… Administración centralizada de las cuentas corrientes, suministros, mobiliario y equipos, entre otros…Mejores condiciones laborales para el personal judicial …Mejor aprovechamiento de la infraestructura física de los edificios para la instalación de redes informáticas y redes de datos (fibra óptica), logrando brindar servicios integrados aprovechando al máximo la tecnología”, destacó el Plan de Construcciones.

Además, el resguardo de edificaciones nuevas que cumplan con los requerimientos de la Ley 7600, Normas de Salud Ocupacional y de la OMS.