Andrea Marín Mena
Periodista

Rendir cuentas a la población y con ello, propiciar la participación ciudadana en el control y fiscalización de la labor que desarrolla la Administración de Justicia, es un compromiso firme con la Democracia, la Constitución Política y la Ley, que este viernes 7 de marzo, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y los magistrados y magistradas que integran Corte Plena, reafirmaron en la sesión solemne de Inauguración del Año Judicial 2014.

La sesión solemne se realizó el pasado viernes 7 de marzo en el Auditorio Miguel Blanco Quirós.

Los avances durante el 2013, los retos y proyectos institucionales, fueron expuestos por la Presidenta de la Corte, ante la presencia de la y los máximos representantes de los Supremos Poderes de la República, autoridades judiciales, representantes de la diplomacia, diputados y diputadas, facilitadores y facilitadoras judiciales, servidores, servidoras judiciales y personas invitadas. Villanueva Monge indicó que el 2013 fue un año en el que la institución no escapó a la realidad social y económica que vive el país, evidenciada en la cantidad de conflictos sociales judicializados, que demandaron los servicios en lo jurisdiccional, en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al registrarse aproximadamente 620 mil procesos judiciales nuevos, donde jurisdicciones como Familia, Cobro Judicial, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica percibieron la mayor demanda de servicios judiciales.

Se finalizaron 564 mil asuntos, que representa un incremento del 5%, con respecto al 2012. Sin embargo, el rezago se mantiene ante el incremento año con año de los casos entrados, por encima de los terminados.

La sesión solemne fue propicia para hacer entrega de varios reconocimientos, a cargo del magistrado Orlando Aguirre Gómez, quien destacó las personas en las que recayeron los siguientes premios: “Fernando Coto Albán” que corresponde al “Buen Juez o Jueza”, que este año se le otorgó al Dr. Manuel Rojas Salas, Juez del Tribunal de Juicio de San José; el Premio “Ulises Odio Santos” designado al Dr. Gustavo Chan Mora, Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, que se otorga al autor o autora que hubiese publicado un trabajo, artículo o escrito en general de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial”. El Premio: “Al buen profesional”, recayó en el Master, Carlos Alberto Montero Zúñiga, Profesional de la Oficina de Control Interno del Consejo Superior y el Premio “Al buen servidor o servidora judicial, o ex servidor o ex servidora judicial” le fue otorgado a Frank Alvarado Céspedes, Diplomado en Administración de Empresas y estudiante universitario en Ingeniería Informática, Encargado de Medios Audiovisuales de la Sección de Telemática del Departamento Tecnología de la Información, premio que se brinda al empleado o ex empleado cuyas actitudes reflejen los valores que destacan dentro del Poder Judicial.

La Inauguración del Año Judicial 2014, contó con la participación del Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza Jiménez, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

También se hizo entrega de los reconocimientos a los Despachos y oficinas Judiciales que han desarrollado con Éxito su Sistema de Gestión de Calidad: la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por su segunda reacreditación y los Juzgados de Trabajo de Heredia y de Seguridad Social por su primera reacreditación.

Por su parte los Juzgados de Trabajo deI Circuito Judicial de Alajuela, de Violencia Doméstica de Cartago y el de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, recibieron su certificado de acreditación. Y un reconocimiento especial se entregó a las oficinas administrativas que culminaron de forma exitosa los planes pilotos de sus oficinas, como lo fueron la Contraloría de Servicios de San José y la Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela.

Apoyo Ejecutivo

En la sesión solemne, se contó con la participación de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, quien enfatizó en el aporte brindado desde el Poder Ejecutivo, para el fortalecimiento de la Administración de Justicia.

Señaló que pese a que durante estos cuatro años, el país enfrentó una de las mayores crisis económicas internacionales, que obligaron al Gobierno a tomar decisiones prudentes para preservar la estabilidad macroeconómica, una de las ramas del Estado en las que se procuró dicha preservación, fue la Administración de Justicia, cuya asignación presupuestaria superó el 8% constitucional, durante la Administración Chinchilla Miranda, hasta alcanzar para este 2014 poco más del 12%.

Durante la ceremonia judicial se hizo entrega de las acreditaciones y reconocimiento a los Despachos y oficinas Judiciales que han desarrollado con Éxito su Sistema de Gestión de Calidad: en la foto representantes del Juzgado de Trabajo deI Circuito Judicial de Alajuela reciben la acreditación, a cargo de los magistrados Rolando Vega Robert y Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

“Comprendimos la necesidad perentoria de un adecuado financiamiento al Poder Judicial, para poner las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de las y los usuarios del Sistema de Justicia, para ampliar el alcance de sus servicios, para mejorar la oportuna respuesta a la demanda de justicia por parte de las y los ciudadanos. Gracias a la sana coordinación con el Poder Judicial y a las múltiples sentencias apegadas a nuestro Estado de Derecho, conseguimos preservar la seguridad jurídica, que nos permitió alcanzar los mayores flujos de inversión hacia nuestro país y generar más oportunidades de empleo y emprendimientos en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, señaló la mandataria Chinchilla Miranda durante el discurso oficial. La Presidenta de la República resaltó la consolidación, extensión territorial y maduración de los Juzgados de Flagrancia, que hoy contabilizan nueve en todo el país y que conocen cerca de 2600 asuntos por año y reportan una tasa de condenatorias de más del 80%. “El desempeño de estos tribunales y excelente coordinación entre policías, fiscales y jueces de flagrancia explican, a la par de los planes de prevención desplegados en escuelas, colegios y comunidades, la sensible baja en los delitos que más preocupaban a los costarricenses hace tan solo cuatro años”, afirmó Chinchilla Miranda.

Oralidad y Modernización de la Gestión Judicial

En materia de gestión de calidad destaca el liderazgo del Poder Judicial al asumir la presidencia de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia y el Centro de Gestión de la Calidad, la Secretaria Técnica del mismo órgano; y el reconocimiento realizado en el área de la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2013, promovido por la Organización de Estados Americanos, en el cual se hizo una postulación del programa, en la categoría relacionada con Innovación en la Calidad de las Políticas Públicas y obtuvo un reconocimiento especial.

Producto de los procesos de acreditación llevados acabo en la institución se trabajó en la versión "dos" de la norma GICA de Organización de Despacho Judicial. En un trabajo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el sector administrativo del Poder Judicial, se elaboraron las normas GICA de organización de cada uno de esos ámbitos.

Está pendiente para completar el sistema integral de gestión de calidad de la Institución, la norma de organización del Ministerio Público y de gobierno judicial, las cuales se pretende concluir en el presente año.

Visión de la Justicia

Diversos proyectos destacan la labor desarrollada por el Poder Judicial en el 2013, como la implementación del Programa de Personas Facilitadoras Judiciales, que cuenta con la colaboración de la Organización de Estados Americanos y la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

“Un instrumento de alto contenido social y comunitario, donde participan personas designadas por la propia comunidad, quienes apoyadas por el personal judicial, sirven como orientadoras de conflictos vecinales en los casos donde la ley lo permite y como puente de información y comunicación de las personas usuarias”, manifestó la Presidenta de la Corte. El programa opera en cinco comunidades del II Circuito Judicial de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, La Fortuna, Guatuso y Upala, con 48 personas facilitadoras, 17 de ellas mujeres y en las comunidades de Siquirres, Guácimo y Pococí, pertenecientes al II Circuito Judicial de Limón, donde se cuenta con 41 personas facilitadoras, 14 de ellas mujeres. Se impulsa el Programa de Justicia Restaurativa, cuyo enfoque propicia la construcción de la solución donde intervienen una persona facilitadora y la comunidad, de manera colectiva. Relevante el trabajo comprometido y tesonero de la Comisión de Acceso a la Justicia, las subcomisiones que la integran, así como la Comisión de Ética y Valores que, en conjunto, son una red que vigila el respeto y el cumplimiento de las políticas institucionales en acceso a la justicia.

Autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo, representantes de la diplomacia, diputados y diputadas, facilitadores y facilitadoras judiciales, servidores, servidoras judiciales y personas invitadas, estuvieron presentes en la Inauguración del Año Judicial 2014.

El Programa de Tratamiento en Drogas bajo la supervisión judicial constituye otra alternativa al proceso penal tradicional, que señala la responsabilidad individual, familiar y social de las personas consumidoras de droga. Igualmente se fortaleció la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) que funciona en Pavas, con los servicios de un médico legal, el apoyo del INAMU con recurso humano para asesoría jurídica y la defensa legal de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Se resaltó la labor de la Secretaría Técnica de Género en el proyecto piloto de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral de Víctimas de Violación, en un esfuerzo conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Policía Administrativa, para que la persona víctima reciba una atención integral y efectiva en las comunidades de Cartago, Puntarenas y Liberia, donde las y los operadores, las y los médicos judiciales se trasladan hasta donde la víctima es atendida.

Se continuó con la Política Hacia Cero Papel, y el empleo de modelos de oralidad, moderna gestión y utilización de herramientas tecnológicas en todas las materias. Ejemplos exitosos: los esfuerzos propios del Juzgado Contravencional de Sarapiquí y el rediseño del II Circuito Judicial de Alajuela, en la totalidad de sus oficinas. La implementación del modelo oral-electrónico de los despachos de pensiones alimentarias en el I y III Circuito Judicial de San José y el inicio en Limón y Cartago; y la reestructuración de los juzgados de cobro de San José, para mejorar su gestión ante la alta demanda.

“Para enfrentar una de las mayores deudas que la institución tiene con la sociedad costarricense: el retraso judicial, destaco el establecimiento de las bases para un sistema de rendición de cuentas y evaluación del desempeño, que promueve la responsabilidad ante el uso de los recursos públicos frente a la sociedad y que canaliza el compromiso individual frente a la institución. Deben medirse las acciones en su resultado, introduciendo la variable de tiempo y del costo económico de su implementación” manifestó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.

Esfuerzo que culminó con la reciente aprobación por parte de Corte Plena, del Reglamento de Evaluación del Desempeño, que establece la obligación de los servidores y las servidoras judiciales de someterse a un sistema periódico de evaluación del desempeño como parte de su deber de rendición de cuentas y que cubre al sector administrativo, a los órganos auxiliares: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y, por supuesto, a la Judicatura.

Se procedió con la revisión de las propuestas de reforma legal a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley del Ministerio Público y de la Defensa Pública, la conclusión del proyecto de ley del Código Procesal de Familia que está en una fase final, para ser presentada a la corriente legislativa. Sin dejar de lado, las iniciativas que se encuentran en la corriente legislativa sobre el Código Procesal Laboral, del Procesal Civil y del Procesal Agrario.

Villanueva Monge señaló que el mejoramiento de la infraestructura judicial es un desafío impostergable y que existe la necesidad de buscar nuevos mecanismos para la construcción de edificios judiciales. “Por eso, hemos hecho acopio de la experiencia acumulada en otras instituciones a las que vemos construir sus propios edificios por medio de la figura del fideicomiso. Y durante el año 2013, la Corte Plena se abocó a adoptar decisiones que se venían postergando. Me refiero a las construcciones de Jicaral y Hatillo”, manifestó la Presidenta de la Corte.

Otro de los temas prioritarios fue la atención especial de la Corte Plena en la aprobación de reformas a la normativa que regula el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.Proyecto recoge esfuerzos institucionales para promover las reformas que permitan la sostenibilidad y el equilibrio del régimen.

“Nuestra responsabilidad es garantizar una Administración de Justicia independiente que responda únicamente a la Constitución y a la ley. Ese debe ser nuestro norte. Construimos el presente con el esfuerzo y el aporte de todos y de todas. Es necesario trascender las diferencias y propiciar acuerdos, trabajando por el interés nacional e institucional. Que este día sea propicio para reiterar el juramento constitucional que como funcionarias y funcionarios públicos debimos realizar al asumir nuestra función: cumplir fielmente con la Constitución y con la ley”, destacó la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.