Costa Rica, Jueves 17 de enero de 2008 09:21 AM

/SU CANTÓN

Cabotaje entre Paquera y Puntarenas

‘Ferry Peninsular’ continuará en operación

 Juez desestimó petición de Naviera Tambor para suspender permiso

 Ministra de Obras Públicas deberá decidir si renueva licencia a la ADIP

Hárold Brenes Z. | hbrenes@nacion.com

El ferry Peninsular continuará ofreciendo el servicio de cabotaje entre Puntarenas y Paquera, dado que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó ayer una solicitud para que impusiera una medida cautelar que suspendiera esa operación.

Naviera Tambor, concesionaria de la ruta, pedía cancelar el permiso que dio el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en marzo del 2007, a la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) para acarrear personas y carga a través del golfo de Nicoya.

Federico Quesada, director financiero de la empresa, adujo que esa competencia les causó pérdidas superiores a ¢1.000 millones entre marzo y diciembre del 2007.

Federico Quesada, director financiero de Naviera Tambor, detalló problemas económicos. Alejandro Sandino

El juez Otto González señaló en su resolución que las pérdidas no son definitivas y se pueden recuperar en el futuro.

Agregó que el MOPT puede autorizar un permiso, ya que la concesión “no es única ni exclusiva”.

Además, indicó del juez, debe prevalecer el interés público. Por tanto, suspender la operación de ese ferry implicaría un daño económico para la península de Nicoya, por el ingreso de turistas.

Ahora, ADIP confía en que el MOPT amplíe el permiso para dar el servicio de cabotaje, expresó Gerardo Sequeira, presidente de la Asociación de Desarrollo.

Enrique Boza, representante legal de Naviera Tambor, anunció que apelarán contra el fallo y llevarán el caso a un juicio ordinario.

Espera. El permiso a la ADIP, dueña del Peninsular, venció el 31 de diciembre del 2007.

Sin embargo, el director de la División Marítimo-Portuaria del MOPT, Héctor Arce, ratificó ayer que se giró una orden verbal para la continuidad del servicio.

Ayer hubo una reunión entre Karla González, titular del MOPT, y representantes de Naviera Tambor. Boza dijo que en el encuentro se comentó lo sucedido en la audiencia de la mañana.

No se llegó a ninguna conclusión. La Ministra es la persona que debe decidir si autoriza un nuevo permiso de operación a la Asociación de Paquera.

Nacionales Jueves 17 de enero, 2008, San José, Costa Rica.

Puede seguir prestando el servicio

Dan luz verde a ferry de Paquera

Erick Carvajal M.
ecarvajal@aldia.co.cr

La Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) podrá seguir prestando el servicio de transporte de personas y vehículos, según determinó ayer un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, ante una medida cautelar presentada por la Naviera Tambor.

Tambor estaba solicitando que la Asociación no prestara más los servicios ya que ellos son los concesionarios de la ruta otorgada por el MOPT.

Enrique Boza, representante legal de la Naviera Tambor, indicó que apelarán la decisión ante la Sala Primera.

“No puede ser que nosotros seamos los concesionarios del servicio, se hagan inversiones millonarias y luego el MOPT le dé un permiso a ADIP, perjudicando los ingresos de la empresa”, se quejó Boza.

Hasta el momento, según explicó Boza, la empresa ha perdido más de $2 millones (¢1.000 millones) aproximadamente.

La audiencia se realizó ayer y se aplicó el nuevo Código Contencioso Administrativo, con el cual se reducen los plazos para resolver un caso pasando de seis meses a tan solo cinco días o en otros hasta 24 horas para ser resueltos.

Gerardo Durán Sequeira, presidente de la ADIP, indicó que el fallo es un gran triunfo para la comunidad de Paquera, para la Península y el usuario mismo, que sigue contando con una opción más en el servicio de cabotaje.

“Gracias a Dios el juez no acogió la petición de Naviera Tambor, de suspender los zarpes al ferry peninsular”, agregó Durán.

La Prensa Libre

San José, Costa Rica, Jueves 17 de enero de 2008

• Aducen que no consideró necesario firmar comunicación

Sala IV defiende comunicación de sentencia a Presidente del Congreso

Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr

Luis Fernando Solano, presidente de la Sala Constitucional, no firmó el documento que ordena que se conforme una comisión especial legislativa para que investigue a la Defensora de los Habitantes.

Las observaciones hechas por el presidente del Directorio de la Asamblea, Francisco Antonio Pacheco, sobre la forma en que se le notificó por parte de la Sala Constitucional de que debía conformar una comisión especial, tienen una justificación de parte de los magistrados.

Pacheco expresó preocupación por la forma en que estaba dirigida la comunicación, donde a su criterio se da una muestra de la pérdida de los usos de respeto que deberían primar entre los miembros de los supremos poderes de la República.

El Presidente legislativo reclamó que en la notificación que se le hizo de parte de la Sala Constitucional no aparecía siquiera la firma del Presidente de este órgano del Poder Judicial.

Las maneras

“Es como si saliera de aquí una comunicación que dijera: ‘se le pide o se ordena a Luis Paulino Mora Mora’. Yo espero que la administración de esta Asamblea nunca cometa ese error”, dijo Pacheco respecto de la forma en que estaba dirigida.

“Si hay que dirigir una comunicación de la Corte o de la Sala Constitucional o de quien sea, si es un miembro de un supremo poder de la República, la administración tiene que valorar muy bien quién le escribe a ese miembro de un supremo poder de la República”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Solano, aclaró —mediante la Oficina de Prensa del Poder Judicial— que no firmó la notificación hecha al Presidente del Directorio Legislativo, ya que no lo creyó necesario.

La notificación de la sentencia de la Sala Constitucional llegó a manos del Presidente del Directorio, firmada por el asistente judicial Reinier Tosso Jara.

Pacheco hizo referencias a los cuidados que se debe tener, dirigiéndose a los funcionarios de la Asamblea sobre las comunicaciones entre los supremos poderes.

“Salvo que haya circunstancias muy particulares que lo justifiquen, si es en representación o en nombre de la Asamblea Legislativa, si nos vamos a dirigir al Presidente de una de las Salas o al Presidente de la Corte, lo lógico es que sea el Presidente de la Asamblea el que firme la nota”, arguyó.

Sin embargo, en el Poder Judicial aseguran que Tosso Jara regularmente firma este tipo de comunicaciones.

Pero Pacheco consideró en la sesión plenaria que “cuando se dirijan (los empleados de la Asamblea) a un magistrado, a un ministro, al Presidente o a los vicepresidentes de la República, tengan la cortesía de ponerles ‘don’, porque eso es parte elemental de la cortesía que debe primar en el Estado y entre sus funcionarios, que no están exentos de cumplir con ciertas normas de urbanidad”.

En el Poder Judicial consideran que no hubo error de procedimiento en la gestión, ya que Reinier Tosso es el encargado de hacer ese tipo de comunicaciones y que el presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Solano, no la firmó porque salvó el voto y por eso no lo consideró necesario.

El caso

Al final, el Plenario aprobó que se conformara la comisión que investigue a la defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, tal como lo informó LA PRENSA LIBRE, siendo que se dio un plazo de 15 días para que se rinda un dictamen.

La investigación se da luego de que la Sala le ordenara al presidente del Directorio, Francisco Antonio Pacheco, la conformación de la plana.

Esto luego de que el ciudadano Manuel Hernández recibiera el visto bueno de los magistrados, que juzgaron un recurso de amparo contra Pacheco, que funge como superior jerárquico de la Defensora de los Habitantes.

Hernández presentó el recurso porque consideró que la Defensora había incumplido sus deberes de resguardar sus derechos constitucionales.

La denuncia no habría sido atendida en todos sus extremos por la defensora, por lo que los magistrados consideraron que la Asamblea Legislativa debía revisar el procedimiento.

Diarios Extra

San José, Costa Rica, Jueves 17 de enero de 2008

• Naviera Tambor y la ADIP, seguirán en el negocio:

¡TERMINÓ PLEITO POR FERRY A PAQUERA!

MARCO LEANDRO/ MARIETA ESPINOZA
mleandro@diarioextra.com /
mespinoza@diarioextra.com

El pleito entre la Naviera Tambor y la Asociación de Desarrollo de Paquera (ADIP) por el servicio de ferry terminó y ambas seguirán dando el servicio, según resolución tomada ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo, que realizó el primer juicio oral y público aplicando el nuevo Código Contencioso Administrativo que comenzó a regir desde el pasado primero de enero.

Según la controversia que mantenían ambas por la operación del ferrry, la naviera pretendía que el juez Otto González Vílchez, ordenara el cese de operaciones de la ADIP, pero fue rechazada esa petición y le dio luz verde a la facultad que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de otorgar permisos donde haya una concesión. El caso se remonta hasta hace más de 10 años, cuando a Tambor se le dio la concesión y luego el MOPT otorgó un permiso a la ADIP por cuanto los vecinos organizados históricamente han brindado ese servicio.

Esta situación provocó que la Naviera Tambor interpusiera una denuncia alegando que el servicio les estaba dejando pérdidas porque las tarifas estaban dadas para un solo operador y no dos. Por eso solicitaron expresamente que se eliminara el permiso para quedarse solos en el negocio.

ADIP INSISTE EN SACAR A TAMBOR

Gerardo Durán Sequeira, presidente de la ADIP, explicó que ahora no hay ningún motivo para que el MOPT les renueve el permiso para seguir operando por dos años más.

“Lo que nos parece más grave y lo vamos a llevar al Ministerio Público para que lo investigue y al MOPT, es si se mintió bajo fe de juramento. Imagínese que el director financiero de la naviera dijo que el Ferry Tambor II les costó $8 millones pero lo que reportaron a la Tributación Directa y al MOPT fueron $6 millones. Si se demuestra que mintieron pediremos la resolución del contrato”.

Explicó que no entienden cual es la insistencia de la naviera porque cuando era la ADIP la que tenía la concesión, eran ellos los que tenían el permiso y subsistían las dos empresas. “Pero la diferencia es que las ganancias nosotros las invertíamos íntegramente en ayuda social.

“MEJOR TRES BARCOS QUE DOS”

Por su parte, Enrique Boza, abogado de Naviera Tambor dijo: “Estoy sorprendido con esta situación de un juez que dice que es mejor tres barcos que tener dos, si el Estado concesionó esta ruta”.

Según el juez, permitir que el ferry de la ADIP esté ilegal, no le parece muy lógico: “decir que el estado financiero es reparable, es cierto, pero Naviera Tambor sigue teniendo pérdidas”. Para el abogado, determinar que el MOPT puede otorgar un permiso donde hay una licitación, es un mal precedente sin que exista un estudio público.

“Esto se aplica para taxis, buses. Por eso nos queda la apelación ante la Sala Primera con más argumentos”.