Andrea Marín Mena
Periodista
El Poder Judicial suma 30 años de proponer como alternativa, la posibilidad de contar con medidas de protección contra la violencia doméstica a cientos de familias costarricenses y las de origen extranjero que habitan en nuestro país. Hoy, 75 despachos judiciales distribuidos en todo el territorio nacional atienden la materia.
Al inicio de la vigencia de la Ley N. 7586 en 1996, los Juzgados de Familia y Penal Juvenil emprendieron esta labor. A partir del año 2000, ante el crecimiento de la demanda del servicio, el Poder Judicial inició un plan piloto con el primer Juzgado Especializado en Violencia Doméstica en Goicoechea, que dio paso a la especialización.
Hoy, 75 despachos tienen a cargo la materia, 12 son Juzgados Especializados contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar, es decir, atienden en exclusiva estos procesos judiciales.
“Indiscutiblemente, la violencia no tiene horas específicas, ni lugares determinados, a toda hora se dan situaciones de violencia doméstica y en todos los rincones del país. Si bien, la ley no hace distingo en género, su razón de ser es dar una respuesta a los compromisos del Estado costarricense asumidos en la Convención Belem Do Pará y aunque los femicidios no cesan, el índice de mujeres asesinadas víctimas de violencia de pareja e intrafamiliar, frente a las medidas de protección dictadas, nos lleva a concluir que las medidas de protección sí funcionan”, destacó la jueza gestora contra la Violencia Doméstica, Shirley González Quirós. |
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30 años de Justicia Contra la Violencia Doméstica. |
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Efectividad de la Ley
A lo largo de estos 30 años, la ley ha requerido de algunas reformas con la finalidad de efectivizar la tutela judicial efectiva mediante los procesos judiciales contra la violencia doméstica y las personas usuarias han mostrado su confianza en el Poder Judicial.
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Medidas de protección dictadas en los últimos ocho años. |
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En los últimos ocho años, las estadísticas judiciales marcan esa confianza que las persona víctimas depositan en cada proceso judicial que activan. Los retos y mejoras continuas en el servicio son una prioridad.
Entre el 2018 y el 2025, se ordenaron 376.502 medidas de protección en todo el país. Esta cifra representó un promedio de 47.063 medidas mensuales establecidas; es decir, 129 medidas de protección por día.
Cada hora, el Poder Judicial ordenó cinco medidas de protección a personas víctimas de violencia doméstica.
Solo en el 2025, 42.663 medidas fueron impuestas por jueces y juezas contra la violencia doméstica y protección cautelar, a lo largo y ancho del país. Un promedio de 3.555 por mes y cerca de 119 medidas por día. La respuesta del Poder Judicial no se detiene. |
Los Juzgados que brindan el servicio contra la Violencia Doméstica y protección cautelar en todo el país, atienden una jornada ordinaria de 7:30 am a 4:30 pm, (Cantón central de Alajuela hasta las 8 p.m.) además, brindan una atención en disponibilidad, para garantizar el servicio las 24 horas, los siete días de la semana cuando así se requiera. En el caso de San José, se cuenta con un turno extraordinario, con un horario de 4 p.m. a 8 p.m., con competencia en toda la provincia, exceptuando Pérez Zeledón.
Una justicia marcada por cada caso
Miles de historias han marcado el trabajo en los Juzgados contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar, a lo largo de estas tres décadas.
La protección de miles de personas víctimas ha sido el norte en cada decisión judicial en todo el país.
El rol que asume el personal técnico, juezas y jueces, así como el personal de otras instituciones públicas que intervienen en los procesos judiciales, es vital y consolida una jurisdicción que busca llevar paz y seguridad, a quienes rompen el silencio y ponen un alto a la violencia en sus vidas.
Rebeca Castro García, técnica judicial del Juzgado contra la Violencia Doméstica de Alajuela, labora desde hace 27 años en el Poder Judicial, dedicada a la atención de esta materia en Alajuela, escuchando a personas, infinidad de situaciones, exponiendo sus problemas más íntimos y dolorosos.
“Personas confiando que un proceso judicial les pueda proteger y mejorar su diario vivir; siendo muy gratificante para mí, encontrarme a personas usuarias, a quienes he atendido y me han indicado que por medio de las medidas de protección les ha cambiado la situación de su vida. La Ley contra la Violencia Doméstica ha venido a brindar un impacto trascendental en la vida de muchas personas que han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus familiares más cercanos y que en un momento determinado deciden poner un alto interponiendo un proceso de medidas de protección”.
Rebeca Castro García
Técnica Judicial |
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Para la jueza Jéssica Girón Beckles, del Juzgado de Violencia Doméstica y Protección Cautelar del Segundo Circuito Judicial de San José, durante tres décadas de aplicación, la Ley contra la Violencia Doméstica ha significado un cambio profundo en la forma en que el Estado reconoce y protege a las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores o con discapacidad, la especialización del personal judicial y una mejor articulación interinstitucional, permitiendo salvar muchas vidas, romper ciclos de violencia y brindar un espacio de seguridad y dignidad a las víctimas.
“La jurisdicción ha sido un pilar para garantizar derechos, empoderar a quienes antes callaban. No es hablar solo de expedientes, sino de personas que llegaron a los despachos especializados con miedo, sin saber que podían pedir ayuda, y que encontraron en esta jurisdicción una respuesta. Las medidas de protección, en la práctica han significado noches seguras, niños y niñas que vuelven a dormir con tranquilidad y personas que empiezan a recuperar su voz ante el maltrato sufrido. Quedan desafíos importantes como la revictimización, la dependencia económica de muchas víctimas para poder romper el ciclo y la necesidad de fortalecer el seguimiento efectivo de las medidas dictadas”.
Jéssica Girón Beckles
Jueza de Violencia Doméstica -Goicoechea |
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Selma Alarcón Fonseca, abogada litigante, durante el año 2000, formó parte del primer grupo de asesoras legales del Ministerio de Seguridad Pública de Alajuela, afirma que la Ley constituyó un hito en la constitucionalización del Derecho de Familia y en la incorporación de la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico, que permitió romper el silencio social, con el aumento de las denuncias; a dar mayor visibilidad a este problema y a construir la conciencia pública de la violencia de género, que hoy existe.
“En el 2000, me capacitaron para salvar la vida de mujeres víctimas de agresión doméstica. Con uñas y dientes, una patrulla disponible 24/7 y los números de teléfono de las dos juezas. Oráculos de una ley imperfecta, pero la que se convirtió en un salvavidas para cientos de familias. Las llamaba en horas de la noche, madrugada y día, y solo escuchaba "mándame una patrulla a la casa y nos vemos en tribunales, al agresor a celdas y a la (as) víctimas al Juzgado", y ahí, esas mujeres encontraban una esperanza para seguir viviendo, sin miedo”.
Selma Alarcón Fonseca
Abogada litigante |
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Ingrid Chacón Durán, jueza del Juzgado Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Limón, cuenta con 22 años de experiencia en la atención de la materia.
Afirma que es difícil imaginar la vida de las mujeres antes de esta Ley, frente a las injusticias sociales, económicas, patrimoniales de las que fueron víctimas. Y que la norma legal, sencilla, pequeña por sus pocos artículos, visualizó la violencia vivida por las mujeres, especificó los tipos de violencia y lo más novedoso, dispuso medidas de protección para detener la violencia en los hogares, donde debían estar más seguras y muchas veces se convertían en trampas morales.
“Mas como todo fenómeno, la violencia evoluciona, trata de profesionalizarse, de escabullirse de consecuencias legales, y la ley debió evolucionar para responder y salvaguardar los derechos de las mujeres, y sobre todo salvar sus vidas. Aún falta mucho, los femicidios desgraciadamente siguen ocurriendo, pero la lucha debe continuar, debe ser férrea en momentos difíciles, seguir aplicando la ley, no bajar la guardia, y como nueva estrategia enfatizar en medidas de seguridad personales y comunales, porque la lucha es de todos y todas, es de Costa Rica, para que las mujeres vivan, gocen del sagrado derecho de vivir sin violencia."
Ingrid Chacón Durán
Jueza de Violencia Doméstica- Limón |
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