Poder Judicial: dos siglos al servicio de la ciudadanía y sus derechos

Andrea Marín Mena
Periodista

Las puertas del Poder Judicial de Costa Rica permanecen abiertas, como garantía de defensa de los derechos de las y los costarricenses, 200 años después de su instalación.

Hoy, la ciudadanía acude a los tribunales en busca de una justicia efectiva, oportuna e independiente, que garantice el respeto de sus derechos y la aplicación de las leyes del país.

200 años de resguardar los derechos de las y los costarricenses.

1432 juezas y jueces asumen el mandato dado por la Constitución Política de administrar justicia, en todas las materias. La demanda ciudadana actual, marca las transformaciones y retos del Poder Judicial. 582 despachos judiciales brindan el servicio judicial a las personas usuarias, a lo largo y ancho del país y concentrados en 15 circuitos judiciales; donde se asume el compromiso de recibir y tramitar cada proceso judicial que se presenta y dar una respuesta sobre derechos laborales, de familia, civiles, constitucionales, contencioso administrativos, penales, penales juveniles, de ejecución de la pena, tránsito, agrario, contravencional y notarial. El magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, destacó que Costa Rica este 2026, celebra 205 años de vida independiente, Guanacaste celebra 202 años de Anexión del Partido de Nicoya y el Poder Judicial, celebra 200 años de haberse instalado, el 1 de octubre de 1826.

“Han transcurrido todos esos años para consolidar el Estado, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. La historia nos muestra un constante cambio y adaptación a lo nuevo. Leyes, decretos, procesos, materias, edificios, decisiones, van consolidando la tarea atribuida a lo judicial: resolver el conflicto de sus habitantes. Nuevos procedimientos, traslado de escritura a oralidad, mayor velocidad, calidad y cantidad de resoluciones que restablecen la paz y el orden en el país”, afirmó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

A nivel nacional, 749.073 expedientes se mantienen activos, con sentencia y en ejecución o en trámite de resolución. El 60,31% corresponden a procesos de cobro, un 10,56% a procesos penales y un 29,13% a las demás materias. Cada demanda en trámite y cada resolución judicial, materializa el compromiso firme del Poder Judicial en cumplir con las competencias, responsabilidades y obligaciones que la Constitución le señala. Costa Rica cuenta con una justicia 100% digitalizada y con una productividad entre enero a junio de 2026 de 333.190 terminados, es decir, 47.598 expedientes finalizados mensualmente y un total de 251.355 sentencias dictadas.

A nivel nacional, 749.073 expedientes se mantienen activos, con sentencia y en ejecución o en trámite de resolución.

Poder Judicial consolidado

Un 1 de octubre de 1826 se instaló oficialmente la Corte Superior de Justicia, dando paso a la construcción del Poder Judicial de Costa Rica.

“Tras la entrada en vigencia, el 7 de enero de 1825, de nuestra sexta Constitución Política con el nombre de Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, se determinó en su artículo 24 la pionera existencia de un Poder Judicial que sería ejercido, según el artículo 87 de esa misma norma, por una Corte Superior de Justicia, cuya integración sería de tres magistrados como mínimo y cinco como máximo”, destacó Tomás Federico Arias Castro, Profesor de la Cátedra, Historia del Derecho, de la Universidad de Costa Rica, en su reseña histórica del Poder Judicial en sus 200 años.

Desde entonces, la Administración de Justicia evolucionó de la mano de la sociedad costarricense.

Arias Castro explicó que para enero de 1826 se emitió el Reglamento para la Administración de Justicia en cualquier instancia, que estableció las competencias y prerrogativas para ejercer como magistrado.

“Empero, y aunque se hicieron varios intentos, la Corte no había podido comenzar funciones por falta de magistrados, por lo que, en aras de no continuar más con dicha inacción, el Congreso dispuso que la Corte Superior de Justicia iniciase su primera sesión el 1° de octubre de 1826. Fue entonces en esa fecha cuando el presidente legislativo juramentó al Lic. Gurrero de A. como primer presidente de la Corte, así como a Francisco Madriz García y Camilo Mora Alvarado, respectivamente, como primer magistrado propietario y primer suplente”, puntualizó el Profesor Arias Castro.

Estadísticas a nivel nacional- enero a julio 2026. Fuente: Dirección de Planificación.

Indicó que la primera sede judicial se instaló en el edificio de la entonces Factoría de Tabacos, una espaciosa casona, ubicada en la esquina noreste de la actual cuadra del Banco Central en San José. Dos meses después, la Corte Superior de Justicia tuvo su primera Ley orgánica a partir del Reglamento interior de la Corte Superior de Justicia, reseñó Arias Castro. “Con posterioridad, la Corte Superior de Justicia se mantuvo vigente hasta marzo de 1841 cuando pasó a denominarse Cámara Judicial según lo dispuesto en el Decreto de Bases y Garantías (nuestra sétima norma fundamental), pero volvió a su apelativo primigenio en agosto de 1842 cuando se restituyó la vigencia de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica. Hasta que, desde abril de 1844 y por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Costa Rica, se modificó su nombre por el de Corte Suprema de Justicia, el cual mantiene hasta el presente”, concluyó Tomás Federico Arias Castro.

Con el paso de los años se fortalecieron la estructura judicial y se abrió paso la independencia de quienes imparten justicia.

Este principio se consolidó en la Constitución Política de 1949, al establecer la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes como pilares de la democracia costarricense.

Así, comenzó un proceso de cambio, se ampliaron sus competencias con la incorporación de nuevas jurisdicciones, así como la integración del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Sala Constitucional.

Hoy, 200 años después, la transformación continúa.

La tecnología, la especialización y modelos de gestión orientan la justicia a una mayor cercanía con la gente, buscan agilizar los procesos y responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía.

Las puertas de la Administración de Justicia permanecen abiertas. Abiertas para garantizar derechos, hacer cumplir las leyes y ofrecer una justicia independiente, efectiva y oportuna.

“Las ideas, las costumbres se fortifican alrededor de un país soberano y donde se vive democracia y libertad. Vamos fortaleciendo una forma de ser, enraizada en el diario convivir y la cooperación entre todos. Decantándonos por el respeto a los derechos de los demás y colaborando para construir un presente y futuro de bien para todos”, puntualizó el magistrado Luis Guillermo Rivas.