Costa Rica, Sábado 26 de enero de 2008
/OPINIÓN
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EDITORIAL |
Seguridad e impunidad
La
reacción del Gobierno y del Poder Judicial por la seguridad ciudadana no debe
tener tregua
En
este esfuerzo nacional un sector minoritario legislativo entorpece la
aprobación de la nueva legislación sobre seguridad ciudadana
La Nación ha publicado, en estas semanas, una serie de informaciones sobre la inseguridad imperante en el país con una intención particular: sin dejar de lado las noticias sobre la criminalidad y el narcotráfico, ha hecho hincapié en los actos delictivos que afectan, sin distinción, a los diversos sectores del país. Nos referimos a los asaltos, en calles y hogares, a los robos de vehículos, hurtos, cadenazos, tachas y modalidades delictivas similares. La idea ha sido que la gente tome conciencia de que el hampa nos avasalla, de que no se trata de simples percepciones o de porcentajes estadísticos con fines académicos o políticos, sino de una realidad dolorosa e inmediata, donde casi no hay grupo familiar, laboral o de amistad en que no figure un miembro víctima de la delincuencia, sin acepción de condición social, estatus político, edad o profesión.
Esta personalización e inmediatez noticiosa, combinada con artículos de iguales características, en la sección de opinión, ha recibido el beneplácito del país. Al ser común y objetiva la angustia, nos sentimos participes en una lucha solidaria. Esta actitud ciudadana debe estimular la acción del Poder Ejecutivo, en particular de la Presidencia de la República y de los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia, así como del Poder Judicial, incluidos la Fiscalía y el OIJ. Estamos apenas en el umbral de este combate, dada la desproporción entre los recursos técnicos, financieros y de equipo del hampa y del narcotráfico, y la endeblez de los medios públicos.
En este campo ha habido un cambio apreciable, en relación con años anteriores, en cuanto a aportes presupuestarios y visión integral del problema, pero nos quedan muchas millas por recorrer en esta dura carrera de obstáculos, en la que la criminalidad y la delincuencia común nos llevan clara ventaja. No se trata de una simple percepción ciudadana, como, hace algunos meses, la describieron funcionarios del Gobierno, sino de una realidad cotidiana implacable. Diversas y complejas son las causas de esta situación social. Destacamos, sin embargo, una por su propia entidad y por el impacto producido en el país. Nos referimos a la galería del miedo (por los datos, no por las personas), publicada en la primera página de La Nación del 14 de enero pasado. Síntesis de la información: 600 delincuentes identificados cometen asaltos en San José. Identificados significa, en esta nota, reincidentes. Todos lo son y en la mayoría de los casos viven a sus anchas, libres y haciendo de las suyas. La mitad de este grupo acumula más de 10 causas y algunos superan el centenar. La Policía cuenta con fotografías, direcciones y expedientes criminales. Este es el recuadro de la impunidad, uno de los alicientes principales del incremento y fuerza de la delincuencia.
Esta impunidad tiene, a su vez, varias causas. Señalamos las siguientes: descuido e impericia de diversos Gobiernos en materia de seguridad, esto es, ausencia de liderazgo político; prevalencia de falsos criterios penales y políticos en esta materia, como lo señaló el magistrado Carlos Chinchilla, en nuestra edición del 14 de enero anterior; desorientación legislativa, al fijar la atención en el aumento de las penas (una evasión recurrente), sin atender otras razones preponderantes; conversión de las faltas o delitos llamados menores en genuina escuela de delincuencia por falta de castigo, y, para no extender la lista, ausencia de discernimiento de algunos jueces, al concederles a ciertos delincuentes peligrosos, aun extranjeros, la excarcelación, con la condición de presentarse a firmar cada 15 días... La impunidad, por temor, por indolencia o por miedo a ejercer la autoridad, ha sido una característica nacional en muchos órdenes de la vida, desde el ámbito familiar hasta la cúspide del poder.
La aceptación de este mal generalizado no nos ayuda y, más bien, agrava la situación de inseguridad ciudadana actual, el primer gran compromiso de la agenda nacional. La reacción ha de ser, entonces, enérgica, solidaria y objetiva para quebrar este factor cultural. De aquí la urgencia de darle sustento y contenido al esfuerzo que los poderes Ejecutivo y Judicial está realizando. Los diputados tienen en sus manos cinco iniciativas contra la impunidad, tal como lo expuso en La Nación , el 8 de enero pasado, el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal. Estos proyectos fueron el resultado de un proceso interdisciplinario e interinstitucional, desde el año pasado, que exige estudio y celeridad. Estuvieron, a la vez, precedidos por comentarios del Fiscal General y de especialistas en la materia. Sin embargo, un sector minoritario de la Asamblea Legislativa se complace en la diversión infantil e irresponsable de redactar centenares de mociones para retrasar la vigencia del TLC, en vez de acatar la voluntad popular en esta materia y dedicarse a atacar la cuestión vital de la inseguridad ciudadana. Esta conducta remisa es un servicio a la impunidad y, como tal, un desdén por la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Es censurable que el parlamento no haya llevado a cabo un debate a fondo, seguido de la legislación respectiva, sobre seguridad ciudadana, en vez de que algunos diputados se dedique a buscar conspiraciones y enemigos en el exterior. Los enemigos los tenemos en casa por acción y por omisión.