Ingrid Bermudez Vindas, Coordinadora del Programa Participación Ciudadana de CONAMAJ.

El Poder Judicial, en sus esfuerzos para garantizar el principio de transparencia desde todos los ámbitos de su gestión, trabaja mediante la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), en los primeros pasos para la implementación del Modelo de Juzgados Abiertos en Costa Rica, como parte del primer plan de trabajo de la Política de Justicia Abierta aprobada por Corte Plena en el año 2018.

De esta forma, a través del compromiso y el trabajo voluntario del Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, el Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y el Juzgado de Tránsito de Cartago, así como del personal de las Administraciones Regionales correspondientes de estos circuitos judiciales, la Dirección de Planificación y las Contralorías de Servicios de Heredia, Cartago y el I y II Circuito Judicial de Alajuela, ha dado inicio este proceso, con el objetivo de convertir este modelo en una realidad.

Es por lo anterior, que para esta edición de la sección “La Entrevista”, conversamos con Ingrid Bermudez Vindas, Coordinadora del Programa Participación Ciudadana de CONAMAJ, quien nos habla sobre este proyecto y como se trabaja para su futura implementación.

¿Cómo se dan los primeros pasos para la realización de este diagnóstico que da como origen la necesidad de empezar a trabajar en la creación de un Modelo de Juzgados Abiertos en Costa Rica?

En el 2018, mediante el Plan de Acción de la Política de Justicia Abierta que fue elaborado de manera participativa, se propuso cocrear un modelo para la implementación de Juzgados Abiertos, para aquellos despachos judiciales que quisieran dar un paso más en el acceso a la justicia e incluyan en su gestión de trabajo los principios de transparencia, participación y colaboración.

Este modelo fue cocreado entre la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional (CACMFJ), la Dirección de Planificación, otras direcciones y oficinas del Poder Judicial, con la participación activa de jueces y juezas de todo el país y la sociedad civil, en donde todos los insumos recabados fueron sistematizados para la concreción de la propuesta del modelo.

¿Desde cuándo se detecta esta necesidad y cuándo se empieza a trabajar en este tema?

Con la aprobación de las Políticas de Participación Ciudadana en el 2015 y de Justicia Abierta en el 2018, en el ámbito jurisdiccional, se tiene la necesidad de crear una mayor proximidad entre las personas juzgadoras, el personal técnico y la ciudadanía, además de poder implementar cambios en los despachos desde una perspectiva de justicia abierta que permitan mejoras en el servicio público que se brinda a partir de las necesidades y demandas de las personas usuarias; y por último, de mejorar la comunicación entre las distintas instituciones locales y estatales y acrecentar la confianza ciudadana hacia el Poder Judicial.

¿Desde el Programa de Participación Ciudadana del Poder Judicial, cuál es su principal motivación en la implementación de este Modelo de Juzgados Abiertos?

En los estados modernos, la apertura se convierte en un atributo imprescindible de un sistema democrático fuerte. En el año 2003, Costa Rica aprobó una reforma al artículo 11 de la Constitución Política que establece la obligación de la Administración Pública de rendir cuentas y transparentar sus procesos y gestión de trabajo, así como una reforma al artículo 9 que destaca la participación ciudadana como una forma de democracia en nuestro país.

Para el Programa de Participación Ciudadana, nuestro Poder Judicial, atendiendo a estas reformas constitucionales, ha impulsado cambios profundos en la organización y funcionamiento de la institución, para garantizar la prestación de un servicio público comprometido con la transparencia, la participación y la colaboración, que son los pilares de la Justicia Abierta.

¿Cuál ha sido el comportamiento y la disposición de los cuatro juzgados que participan en el plan piloto y qué valoraciones o resultados se tienen hasta este momento?

Los cuatro juzgados que voluntariamente decidieron incorporarse al proyecto piloto para fortalecer la propuesta de modelo de juzgados abiertos, han mostrado un compromiso auténtico en el proceso, son juzgados con la particularidad de que ya vienen realizando acciones de Justicia Abierta y que, con la propuesta del modelo, van a acrecentar la cantidad de acciones y van a incorporar variables nuevas en su quehacer, que los hace merecedores de la acreditación de constituirse en juzgados abiertos. Es necesario mencionar que cada despacho cuenta con el apoyo de la Administración Regional, la oficina de la Contraloría de Servicios y la persona destacada en el circuito del Departamento de Planificación.

¿En este proceso, cómo se ha desarrollado el trabajo en coordinación con el Centro de Apoyo de la Función Jurisdiccional, qué aportes importantes destacan de este trabajo conjunto?

Atendiendo a los principios de Justicia Abierta, pero sobre todo al de colaboración, el tener como socio al Centro de Apoyo de la Función Jurisdiccional ha sido muy enriquecedor; el Centro, como ente responsable junto con CONAMAJ, ha coadyuvado con el Departamento de Planificación a determinar los parámetros de la escogencia de los despachos, ha acompañado la fase diagnóstica y va a apoyar a los despachos en su implementación. Asimismo, se sumará a las etapas de monitoreo y evaluación.

¿Cuál es el estado actual del proceso, cuáles etapas faltan y qué expectativas se tienen para la fecha de su implementación?

Las etapas que contempla el modelo son las siguientes:

Fase 1: Diagnóstico y selección de los despachos: se definió una línea base con indicadores; se efectúa un diagnóstico que contempla la percepción de la persona usuaria y las acciones de justicia abierta que realiza el despacho para determinar el estado inicial de cada uno de ellos.

Fase 2: Coordinación y capacitación: se realizan las coordinaciones previas, un plan de trabajo elaborado de manera conjunta y que responda a las posibilidades de cada despacho; paralelamente se brinda un proceso de inducción integral que incluye temas como: justicia abierta, participación ciudadana, lenguaje claro, atención a la persona usuaria, entre otros.

Fase 3: Proceso de consolidación: corresponde a la etapa de implementación, de monitoreo y evaluación. Es en esta fase cuando podemos valorar si un juzgado abierto cumple con los parámetros para ser reconocido como tal. Para esta fase y las previas se diseñó la instrumentalización necesaria tanto para la sistematización de la experiencia como para las valoraciones del proceso y de la acreditación como tal.

En este momento vamos a iniciar la elaboración conjunta del Plan de Trabajo y paralelamente estamos llevando a cabo las capacitaciones y en mayo del 2024, realizaremos la evaluación general del modelo, de los avances y de los resultados obtenidos.

¿Una vez implementado el Modelo, cómo considera se verá beneficiado el servicio de administración de justicia y por ende la persona usuaria?

La implementación de este modelo tiene que ver con un cambio de paradigma en la gestión judicial, en la cual la judicatura se reconstruye con una mirada hacia la ciudadanía, sus necesidades y desde una relación de empatía y respeto. Parte de una voluntad de cambio y acercamiento auténtico, respetuoso y responsable entre el personal de los juzgados y las personas usuarias directas del mismo despacho. Busca mejorar la calidad del servicio a partir de la comunicación, la información y la interacción clara, transparente y que parte del reconocimiento del derecho de las personas usuarias al acceso efectivo y sin discriminación de los servicios judiciales. Además, pretende adecuar los servicios judiciales y la atención a la persona usuaria a las necesidades locales y particulares de las comunidades donde funcionan los juzgados, en consideración a las condiciones sociales, culturales y económicas que las caracterizan. Por último, propicia un empoderamiento y pretende recobrar el orgullo y el sentimiento de pertenencia del personal de los despachos en el ejercicio de sus funciones. En fin, generará un restablecimiento de la confianza y legitimidad de la ciudadanía en el Poder Judicial.