En el área del derecho penal a las personas se les juzga por las acciones cometidas, no por quienes son, es decir, por valoraciones netamente morales.

Las sentencias deben bastarse por sí mismas, no contemplan una rimbombante anunciación de criterios subjetivos de personas ajenas al proceso penal, ya que las decisiones judiciales se afianzan en la Constitución y el derecho internacional. Por lo anterior, el Estado, ese ente amorfo tan odiado hoy en día, pero esencial para el funcionamiento de la sociedad, está dividido en tres Poderes, con competencias que fija nuestra Constitución Política y regulan las normas en diversas materias. Las personas que nos desempeñamos en el área pública, particularmente en el área jurisdiccional somos simples depositarias de la ley que emana del Poder Legislativo, no creamos leyes, ni penas, ni beneficios, ni medidas alternas; las aplicamos bajo métodos establecidos, no condenamos ni absolvemos por las recalcitrantes manipulaciones populistas, lo hacemos por las pautas que establece el ordenamiento jurídico.

Por esa razón, en este imperfecto sistema democrático con división de los Poderes del Estado, la representación de la diosa Justicia en el Poder Judicial es más que un ornamento en los edificios, posee una venda en sus ojos, para reflejar que la toma de decisiones de las personas juzgadoras es imparcial, aséptica de los prejuicios y de las intromisiones de otros poderes públicos. Las sentencias, son decisiones que se cuecen como resultado de procesos y procedimientos definidos, sin componendas de ninguna índole.

En el sistema de justicia de nuestro país no hay conferencias de prensa semanales para jugar al “yo mando”, a los nominados, a los que me caen bien o mal y a los que defino como enemigos de la sociedad, no hay espacio para respirar ignorancia y exhalar oprobio puro.

La imperfección que se reconoce en el Sistema de Administración de Justicia es propia de los homo sapiens sapiens como seres pensantes y objetivos, por lo que atacarnos sin pruebas y de manera general, es una perversa y efectiva forma de desviar la atención a conveniencia, un acto de manipulación por la mera condición de creerse amo y poseedor de la verdad, un acto cobarde por medio de chota e indirectas.

Como persona al servicio del pueblo en el escalafón más alto de representación, si el señor presidente afirma abiertamente que las penas son negociadas por las personas juzgadoras, su deber como líder del Ejecutivo es denunciar de manera formal, presentar las pruebas de tal decir y no usar la prepotencia y la falacia de autoridad para manipular a la opinión pública.

Si al señor presidente le causa malestar la estructura del sistema de justicia y dada su insana costumbre de interferir en los otros Poderes del Estado, está en la obligación de informarse, y también en la libertad y condición de interceder ante la Asamblea Legislativa para presentar, por la vía formal, las modificaciones que considere pertinentes para que en el Poder Judicial apliquemos las leyes según la interpretación antojadiza que pretende, claro está, si la Constitución Política y un riguroso control de convencionalidad que también rige sus cada vez más desacertadas actuaciones lo permite.

Lamentablemente, el daño diario no es hacia el Poder Judicial, suficiente con mirar atrás y comprobar un ataque sistémico y bien planificado, para socavar la institucionalidad y no enfrentar de manera pragmática los problemas del país.