Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro lideró proceso de construcción de política institucional.

El Poder Judicial innova en su compromiso en la lucha y blindaje contra la corrupción, con la aprobación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.

El acuerdo lo tomó la Corte Plena en su sesión del pasado 21 de noviembre, luego de la presentación del documento, a cargo de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro y la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos.

La Política contempla un total de 11 ejes de trabajo y 71 acciones a emprender y resultados por alcanzar, las cuales contemplan un 91% de alto nivel de prevención y un 9% de reacción.

“La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica se constituye en una herramienta orientadora, que norma e impulsa las acciones coordinadas de este Poder de la República para la prevención, detección, mitigación y reacción de los actos de corrupción y fraude organizacional en la gestión pública judicial y responde al interés identificado por la Corte Plena de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar la corrupción desde una política de cero tolerancias. Además, permitió la construcción de un sistema capaz de ser medible y ajustable a los cambios que pongan en riesgo la consecución de estos objetivos”, destacó la magistrada Patricia Solano Castro.

Los 11 ejes de acción, cada uno con sus áreas de acción y resultados esperados corresponde a los temas de:

1. Ética y probidad aplicada a la gestión Judicial.
2. Transparencia y rendición de cuentas para la prevención de la corrupción.
3. Gobernanza judicial y liderazgo con integridad.
4. Implementación del modelo de cumplimiento normativo del Poder Judicial.
5. Desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
6. Estrategia de comunicación y formación para la cultura de cumplimiento normativo.
7. Prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
8. Gestión del recurso humano como componente orgánico para el aseguramiento de la ética pública.
9. Supervisión, evaluación y mejora continua del mecanismo de control interno del Poder Judicial.
10. Gestión de la relación público-privada.
11. Medidas de reacción ante actos de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.

Presentación de aspectos puntuales estuvo a cargo de Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento.

Se siguió el modelo de construcción de políticas institucionales de la Dirección de Planificación y en el proceso de cocreación se contó con la participación de los y las Jerarcas institucionales, las jefaturas de los ámbitos administrativos, jurisdiccionales y auxiliares de justicia, oficinas vinculadas, organizaciones gremiales y la sociedad civil.