“Tan temprano como en 1987, se creó la Comisión Nacional de Ética y Valores (CNEV)”, reseña el Primer estudio de la OCDE sobre integridad en Costa Rica, presentado el 18 de julio. Parece un dato insignificante, pero la misma OCDE en su recomendación del 2017 ya indicaba que “los enfoques tradicionales, basados en creación de un mayor número de normas, observancia más estricta y cumplimiento más firme” (es decir, control y sanción) resultaron insuficientes para enfrentar la corrupción, por lo que los lineamientos de este organismo internacional se orientan hacia la integridad pública, entendida como la alineación consistente y el cumplimiento de valores, principios y normas éticas.

De nada sirve luchar contra la corrupción si no se hace algo para prevenirla desde su origen. Muchos países apenas lo están descubriendo, otros ni siquiera se han enterado, mientras que en Costa Rica tenemos más de tres décadas de trabajar en ello.

La CNEV articula un sistema de comisiones en más de 80 instituciones públicas, encargadas de diversos procesos preventivos, es decir, no atacan la corrupción, reducen la posibilidad de ocurrencia.

Somos el tercer país con menor corrupción percibida en Latinoamérica, según Transparencia Internacional, y el segundo con el mejor índice de capacidad para combatir la corrupción según la Americas Society / Council of the Americas y Control Risks.

Sin embargo, la corrupción sigue tocando a nuestra puerta todos los días. ¿En qué hemos fallado? Se preguntarán. El mismo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da algunas respuestas, entre ellas, que en sus 35 años de existencia ni un solo gobierno le ha otorgado recursos económicos a la CNEV.

Por increíble que parezca, su presupuesto ha sido, desde siempre, cero colones. Sobrevive y realiza su labor, básicamente, gracias a la caridad de otras instituciones. Tampoco se le ha otorgado la potestad legal para articular su trabajo en todo el sector público, ni se ha nombrado personal para que atienda el problema en las instituciones, sino que se les ha impuesto como un recargo de funciones. Porque esa es la ética para muchos: una carga.

El informe también propone soluciones, por ejemplo, una actualización de la guía para las auditorías de la ética con base en el modelo de gestión ética nacional, aspecto en el que la Contraloría General de la República y la CNEV ya se encuentran trabajando; una mejor articulación entre la CNEV, la Procuraduría de la Ética Pública y el Ministerio de Planificación, lo que coincide con lo planeado en la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción.

Pero la propuesta de solución más difícil de poner en práctica —el obstáculo eterno— es la asignación de recursos; es muy difícil hacer chocolate sin cacao.

La OCDE aboga por que, finalmente, se otorguen recursos económicos y humanos a la CNEV y que se convierta en la base que permita la creación de Oficinas de Integridad en todas las instituciones públicas, lo que la CNEV ha denominado Unidades Técnicas de Ética y que ha tratado de promover (sin ser escuchada) desde la emisión de los lineamientos del Sistema Nacional de Ética y Valores en el 2014.

El Sistema Nacional de Ética y Valores y su modelo de gestión ética son ahora una buena práctica reconocida por la OCDE. Ya algo similar había indicado el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) cuando, en el 2017, otorgó el primer lugar al Modelo de Gestión Ética costarricense en su Concurso sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, en la categoría de integridad y ética en la función pública.

Bien dicen que nadie es profeta en su propia tierra, pero si el trabajo que esta comisión está realizando ha logrado llamar la atención de organismos internacionales, aun con sus limitaciones actuales, imagine lo que podría lograr si recibiera apoyo real.

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El autor es psicólogo.