Curso se desarrolló en su manera presencial en las instalaciones de la Escuela Judicial

Como parte del trabajo realizado por la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y la Escuela Judicial, Lic. Edgar Cervantes Villalta, se desarrolló con éxito el pasado mes de agosto, el curso de Justicia Restaurativa en el Derecho Penal Costarricense.

Dicho proceso de capacitación tuvo como objetivo general, desarrollar las competencias teórico-prácticas de las personas funcionarias judiciales para la aplicación del procedimiento de justicia restaurativa en el Derecho Penal costarricense.

Esta formación fue dirigida para quienes cuentan con el Curso Macro de Justicia Restaurativa aprobado, el cuál fue requisito para recibir la capacitación en materia penal. La capacitación se realizó en modalidad bimodal, las sesiones presenciales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Escuela Judicial.

Cabe resaltar, que el procedimiento de Justicia Restaurativa en el proceso penal, brinda a las partes –víctima y persona ofensora- la oportunidad de una solución pacífica, atendiendo a los principios y valores restaurativos, respetando sus derechos y garantías fundamentales, reconociendo su dignidad humana, acceso a la justicia pronta y cumplida, al ser escuchadas en el marco de los Derechos Humanos; aspectos teóricos-normativos que fueron desarrollados en el curso macro inicial de Justicia Restaurativa.

Adicionalmente, el curso trató tema del estudio del procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, como condición para aplicar medidas alternativas y como pena alternativa, así como el estudio de la enfermedad adictiva que estuvo a cargo de especialistas del IAFA y el estudió de la aplicación del procedimiento restaurativo en el abreviado y para la determinación de la pena alternativa en la etapa de juicio, lo cual es novedoso en nuestro sistema de justicia procesal penal con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa.

En el desarrollo del curso, el cual fue impartido por Lourdes Espinach Rueda, se contó con la participación de personas profesionales de la Fiscalía y la judicatura, además de personal de diferentes oficinas como la Defensa Pública, las Oficinas de Justicia Restaurativa de Corredores, Cartago, Pococí, la Oficina de Trabajo Social y Psicología de San Ramón, el Departamento de Trabajo Social y Psicología (Oficina de Justicia Restaurativa Goicoechea), el Tribunal de Flagrancia de Pérez Zeledón, el Tribunal de Flagrancia de Puntarenas, entre otras oficinas de diferentes circuitos judiciales del país.