Actividad contó con la participación de la magistrada Damaris Vargas Vásquez.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial en procura de garantizar un verdadero acceso a la justicia a todos y todas por igual, se desarrolló el pasado 26 de agosto la capacitación sobre los alcances del Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

La actividad, fue propiciada por el licenciado Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur y tuvo como objetivo que el personal judicial tuviera un mayor conocimiento sobre el Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

En dicha capacitación, se contó con la participación de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Directora del Proyecto de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Steven Picado Gamboa, Líder del Proyecto y Allan Moya Castro, en representación del Organismo de Investigación Judicial, ambos integrantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

Capacitación buscó informar sobre los alcances del Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

Durante el espacio, se evidenció el alto compromiso del personal judicial de la zona en la atención de la población indígena, con el planteamiento de propuestas que se constituyen en oportunidad de mejora en la construcción del Proyecto.

Las reuniones dieron inicio en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur por su mayor incidencia de personas usuarias indígenas, pues en Buenos Aires radican los pueblos de Térraba, Bribri de Salitre, Rey Curré, Boruca, Cabagra y Ujarrás; así como el pueblo China Kichá de Pérez Zeledón. Además, ahí radican los dos pueblos beneficiarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado.

En la reunión participaron las jefaturas del Juzgado Contravencional, Penal y Civil de la zona, además de la Defensa Pública, la Fiscalía, el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, la Unidad Regional del OIJ, así como la Administración Regional, quienes realizaron aportes importantes sobre las condiciones que tienen las oficinas y los despachos judiciales para la prestación del servicio a este tipo de población.