Dr. Fernando Cruz Castro Expresidente Corte Suprema de Justicia

En el marco de los principios constitucionales y convencionales de transparencia y rendición de cuentas, siento una gran satisfacción de participar en tan importante actividad, como es la presentación del “Cuarto Informe del Estado de la Justicia”.

Los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer nuestra administración de justicia. Tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado.

Estos objetivos deben fortalecerse, sin ignorar que el sistema judicial ha alcanzado un notable progreso en temas trascendentales.

El Informe del Estado de la Justicia constituye, en sí mismo, una práctica democrática inusual desde un punto de vista de política comparada. Su origen es el Convenio entre el Poder Judicial y el Programa del Estado de la Nación que se firmó en el 2011 por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia. Ello demuestra nuestro compromiso con una “cultura institucional abierta”.

Es un proyecto en el que el Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y datos necesarios para ser evaluados por un centro especilizado e independiente con una amplia trayectoria en investigación y formación, algo inédito en América Latina.

El Informe del Estado de la Justicia es una plataforma de información que cumple tres funciones: genera nuevo conocimiento; es un sistema de seguimiento del desempeño institucional; y es una herramienta que alimenta la toma de decisiones a lo interno del Poder Judicial.

Tiene cuatro principios rectores: a) investigación rigurosa e innovadora sobre los temas seleccionados; b) legitimidad social del proceso de elaboración; c) amplitud en la difusión; y d) plena independencia editorial sobre los contenidos del documento.

Estoy convencido que solo así, la institución puede mejorar y hacerle frente a los retos que enfrenta a futuro en temáticas tan importantes como la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, justicia restaurativa y justicia abierta.

A nivel estadístico vamos a ver la fotografía de la institución en el período comprendido entre los años 2019 y 2021 en particular en las tres grandes funciones que cumple el Poder Judicial: administrativa, jurisdiccional y política. En el período analizado tuvimos que afrontar grandes desafíos, una inesperada crisis sanitaria por el Covid-19 que potenció aún más el uso de las tecnologías seguras en la administración judicial, así como una crisis fiscal que promovió la promulgación de una serie de leyes que en mi criterio vulneraron la independencia judicial.

En una democracia plena como la nuestra, la cual se ubica entre las 20 más robustas del planeta, según el Estado de la Democracia elaborado por The Economist en el 2021, el Poder Judicial es un pilar de nuestra democracia.

La independencia del Poder Judicial debe ser considerada por toda la ciudadanía, sin excepción alguna, como una garantía de control, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y sin injerencia de otros órganos estatales o privados. El equilibrio de los poderes, en su dimensión social e individual, gravita en la judicatura.

Resalto como las temáticas analizadas en la presente edición fueron seleccionadas y elaboradas con una “estrategia participativa” en la que participaron activamente funcionarios judiciales, público especializado y personas usuarias. No es la cúpula judicial la que define los temas de análisis e investigación.

El Cuarto Informe de la Justicia se encuentra estructurado en seis capítulos. El capítulo primero realiza una sinopsis de las tendencias generales en el desempeño del Poder Judicial y del contexto del período analizado, en donde además se evidencian los principales hallazgos de las investigaciones en profundidad y aportes prácticos.

El Informe está dividido en dos grandes apartados: primero, la sección de investigaciones a profundidad, que consta de cuatro capítulos con información inédita y poco explorada anteriormente por el Estado de la Justicia. Los tres primeros temas corresponden a: ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia del Covid-19; gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial para una justicia de calidad e independiente; acceso a la justicia en la materia contencioso-administrativa con un aporte especial en el tema de las expropiaciones. El cuarto tema: Las sentencias estructurales: análisis automatizado de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, es la continuación de una línea de investigación adoptada por el Programa Estado de la Nación sobre el uso de técnicas de inteligencia artificial para abordar problemáticas complejas que requieren el análisis de grandes cantidades de texto.

El segundo apartado corresponde a la sección de seguimiento, la cual se organizó en torno a indicadores de tres áreas: administrativa, jurisdiccional y política. Algunos de estos indicadores corresponden al análisis de las duraciones, costos, y productividad en el sistema judicial del país y tienen como finalidad construir un observatorio de los hallazgos recopilados en los anteriores informes del Estado de la Justicia, con nuevos aportes que buscan enriquecer y actualizar su discusión.

Asimismo, en cada uno de los capítulos se incluyó una serie de recomendaciones que sin lugar a dudas serán muy valiosas.

La emergencia sanitaria que provocó la pandemia del Covid-19 planteó importantes retos a la institución en donde se potenció el teletrabajo y aún más el uso de tecnologías seguras que nos permitieron garantizar la prestación de nuestros servicios y tutelar la salud de nuestros funcionarios y usuarios. En este sentido, el informe reconoce que la institución mantuvo la continuidad de sus servicios durante la pandemia y tutelo, lo cual se pudo llevar a cabo pues contábamos con una robusta infraestructura tecnología.

No podemos dejar de lado que uno de los retos que enfrentamos históricamente es la mora judicial, la cual es un fenómeno “multicausal”, pues tiene distintas fuentes y orígenes dependiendo de la materia. Además, la alta litigiosidad evidencia la confianza de la ciudadanía en resolver sus conflictos o problemas de acuerdo con los mecanismos judiciales que prevé nuestro ordenamiento jurídico.

Mejorar los plazos de resolución de los procesos judiciales es uno de los retos más importantes que enfrentamos en el Poder Judicial y en el cual trabajamos a diario para garantizar la anhelada justicia pronta, cumplida y de calidad. Por ello recientemente se conformó una Comisión Mixta con las autoridades del Colegio de Abogados y Abogadas con la finalidad de realizar un proceso de análisis mediante una metodología que permita identificar las oportunidades de mejora, efectuar con apoyo de los órganos técnicos un diagnóstico riguroso a partir del cual se pueda generar y escoger la mejor solución para abordar esta temática y, finalmente establecer mecanismos de evaluación a las soluciones adoptadas.

Además, el lanzamiento del Observatorio Judicial, el cual es una plataforma virtual que el Poder Judicial pone a disposición de la ciudadanía, con información sobre el funcionamiento y los servicios que se brindan, como garantía de los principios de transparencia y rendición de cuentas facilitará el análisis de la mora judicial ya que favorece un mayor conocimiento de la labor de la administración de justicia y a nivel general ayuda a monitorear los tiempos de respuesta de los asuntos que se someten a conocimiento de los distintos despachos e instancias.

Por otra parte, en el 2021 el circulante final era de más de un millón trescientos mil casos, de los cuales alrededor de cuatrocientos cuarenta mil ingresaron en ese año, y aunque si bien es cierto, fueron más los procesos terminados aproximadamente cuatrocientos setenta mil, constituye una cifra elevada si se toma en consideración que la institución cuenta apenas con 1 445 personas que ocupan puestos de jueces y juezas.

Esas cifras poseen un notable acrecentamiento, debido a los procesos de cobro judicial, donde solo en el 2021 de los cuatrocientos cuarenta mil casos nuevos, ciento cincuenta y cinco mil casos eran de cobro judicial, lo que constituye aproximadamente un 35% de los casos.

En este sentido, el 63% de todos los casos del sistema de justicia corresponden a la materia cobratoria. Ello conlleva a que el Poder Judicial destinará solo en el 2021 más de once mil millones de colones a esta jurisdicción.

Estas cifras ponen sobre la palestra, una dura realidad, donde la institución debe destinar una gran cantidad de recursos para atender desde la vía judicial, cobros de diversas entidades crediticias, fiel reflejo del alto endeudamiento que existe en la sociedad costarricense.

En esta materia resalto como en el ámbito de la “inteligencia artificial”, la institución está implementando un plan piloto en el Juzgado de Cobros de Pérez Zeledón denominado “tipificador de documentos”, el cual es una herramienta capaz de leer los escritos para clasificarlos de forma automática sin intervención del personal del despacho. Ello ha permitido resolver con mayor celeridad los procesos judiciales.

Es claro que el uso de tecnologías seguras son un aliado en esta temática, sin embargo, el desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial requiere una gran inversión económica y financiera para la compra de equipos y capacitación del personal, que la regla fiscal no lo permite.

Por otra parte, en la lucha contra la corrupción destaco el segundo lugar que obtuvimos recientemente en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022 para Latinoamérica realizado por el Grupo de Trabajo Anticorrupción de la Americas Society/ Council of the Americas (AS/COA´s), con un puntaje de 7.11 en donde fuimos superados por Uruguay, el cual obtuvo un puntaje de 7.42.

El estudio evalúa la capacidad de los países de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Nuestro país, logró consolidar los esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción, en la que el Poder Judicial tiene un rol fundamental, mejorando su puntaje. El componente de capacidad legal evaluó áreas relacionadas con el Poder Judicial, en las que Costa Rica obtuvo puntajes destacados: Independencia y eficiencia judicial obtuvo 7,27; Independencia y eficacia de los organismos anticorrupción se le asignó un 8; Independencia y recursos de la Fiscalía General y agentes de investigación obtuvo un 7.

En estas dos últimas temáticas se obtuvieron los puntajes más altos entre los países evaluados, lo que confirma la relevancia que el aseguramiento de estos factores tiene en el combate de la corrupción.

Asimismo, hemos potenciado aún más el uso de herramientas tecnólogicas como el expediente digital, la posibilidad de presentar demandas y escritos vía electrónica, las audiencias virtuales, las notificaciones electrónicas cuyos beneficios evidenciamos en la emergencia sanitaria debido a la pandemia del Covid -19.

Por otra parte, quiero resaltar la voluntad de las diferentes dependencias de la institución por dar seguimiento con acciones concretas y evaluaciones periódicas a las recomendaciones planteadas en los tres anteriores informes del Estado de la Justicia. Son una hoja de ruta importante para atender los desafíos y retos que tenemos.

Dentro de las investigaciones realizados en el presente informe resalto como se profundizó en el uso de la inteligencia artificial para examinar lo relacionado con las sentencias referentes y las sentencias estructurales en la actuación de la Sala Constitucional; esto último evidencia la existencia de una serie de problemas estructurales en nuestro ordenamiento jurídico que va en detrimento de los derechos humanos.

Por otra parte, se reitera la persistencia de dos dominios reservados que se señalaron en el informe del 2020 relacionados con la selección y nombramiento de magistrados y magistradas y la gobernanza del Poder Judicial. Estos siguen siendo retos pendientes para la institución y el país, pues algunos de los cambios requieren reformas legales y constitucionales. Asimismo, se requieren importantes cambios en el modelo de nombramiento de los jueces y en los cargos no jurisdiccionales que tiendan a fortalecer principios constitucionales como la objetividad, transparencia y paridad de género.

Pese a que hay que reconocer que en los últimos años se han realizado cambios importantes por mejorar los indicadores institucionales, somos conscientes que hace falta mucho camino por recorrer y es justamente este tipo de estudios que nos permiten con mayor claridad orientar los limitados recursos con que contamos en procura de generar un impacto positivo para ir reduciendo la mora judicial y los demás retos que enfrentamos.

El fortalecimiento y la mejora para hacer del sistema de justicia una institución más robusta, célere e independiente, es un tema que nos corresponde a todas y todos.

Muchas gracias.