Discurso del Dr. Fernando Cruz Castro Presidente del Poder Judicial de Costa Rica

A todas y todos muy buenas tardes.

Es un gusto dirigirme a ustedes el día de hoy para hablar de un tema que posee una gran relevancia y que constituye el talón de Aquiles de muchos sistemas judiciales en la región, como lo es el tema de la mora o atraso judicial.

El articulo 41 de la Constitución Política de 1949, contiene ese famoso principio de “justicia pronta y cumplida”, una máxima establecida por nuestros diputados constituyentes pero que, hasta el día de hoy, constituye uno de los principales aspectos tutelados por la Constitución que presentan mayores problemas para su implementación práctica.

La mora o atraso judicial constituye un fenómeno multicausal, en el cual convergen diferentes factores que van desde los estructurales como lo es el insuficiente número de personas juzgadoras, deficiencias en la organización del trabajo en los despachos, la insuficiencia o mala distribución de medios materiales y personal de apoyo, así como los culturales donde destaca el hecho de que somos el tercer país con mayor litigiosidad en América Latina solo superados por Chile y Brasil). Sumado además al factor de que, muchas veces, también existe una cuota de responsabilidad de la propia actuación de las partes o sus representantes, en la búsqueda para generar atrasos en el proceso como una forma de no afectar sus intereses.

Por otro lado, también destacan los factores normativos, donde resalta esa cultura muy propia de nuestro país de asignar competencias judiciales, muchas veces sin contemplar los recursos necesarios para su ejecución, lo que pone en apuros a la Administración de Justicia.

El atraso judicial no es un tema nuevo y constituye una de las principales preocupaciones del Poder Judicial en los últimos años, el aumento creciente en la cantidad de circulante posee magnitudes astronómicas frente a los 400 despachos judiciales , que atienden las diferentes gestiones a nivel jurisdiccional.

Así, por ejemplo, en el año 2021 el circulante final era de 1.353 897 casos, de los cuales 445.642 ingresaron en ese año y aunque si bien es cierto, fueron más los terminados (476.561), constituye una cifra elevada si se toma en consideración que la institución cuenta apenas con 1445 personas que ocupan puestos de jueces y juezas .

Esas cifras poseen un notable acrecentamiento debido a los procesos de cobro judicial, donde sólo en el 2021, de los 445.642 casos nuevos, 155.427 casos eran de cobro judicial, lo que constituye aproximadamente un 35% de los casos.

Una cifra que pone sobre la palestra una dura realidad, donde la institución debe destinar una gran cantidad de recursos para atender desde la vía judicial, cobros de diversas entidades crediticias, fiel reflejo del alto endeudamiento que existe en la sociedad costarricense.

Para abordar el problema de la mora judicial, el Poder Judicial ha venido realizando una serie de acciones; reflejo de ello es el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el cual contempla 70 metas estratégicas orientadas de manera directa a reducir la mora judicial en un 1% cada año, en todas las materias respecto al año anterior. Así como 168 metas estratégicas y 89 proyectos en ejecución, que contribuyen con la celeridad judicial y la probidad en la justicia.

Asimismo, se ha procedido con la construcción de un Tablero para el Análisis y Transparencia de la Mora Judicial, así como un Proyecto de Transformación Digital y un Modelo para la asignación y uso óptimo de los recursos con base en las cargas de trabajo.

Pero no estamos solos.

Como parte del proceso para la definición de una estrategia para abordar esta problemática, el Consejo Consultivo del Poder Judicial en la sesión N.º 5-2021, celebrada el 18 de agosto de 2021, recibió al señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y definió la integración de una comisión mixta interinstitucional.

A partir de la conformación de esta comisión, se tuvo previsto iniciar el proceso de análisis mediante una metodología que permitiera realizar varias acciones concretas:

• Identificar las diferentes oportunidades de mejora.

• Efectuar un diagnóstico riguroso con apoyo de los órganos técnicos, para que la comisión pueda tomar decisiones basadas en datos y cifras concretas y de esta manera generar y escoger la mejor solución para abordar la mora judicial.

• Y, finalmente, establecer un mecanismo de evaluación a las soluciones adoptadas.

Ambas instituciones hemos venido trabajando para buscar soluciones directas al problema de la mora judicial.

Sin embargo, estamos conscientes que esto es una problemática a nivel país, que debe ser de interés de los diversos actores técnicos y políticos para la generación de soluciones.

Como bien lo señala Amartya Sen: “cuando se trata de determinar cómo puede avanzar la justicia, hay una necesidad básica de razonamiento público, que involucra argumentos procedentes de diferentes sectores y de puntos de vista divergentes.”

El fortalecimiento y la mejora para hacer del sistema de justicia una institución más robusta, célere e independiente, es un tema que nos corresponde a todas y todos. Y hoy más que nunca, tenemos ese imperativo de no posponer ni claudicar en la lucha por la materialización de ese gran principio de justicia pronta y cumplida.

A todas y todos, muchas gracias.