La reunión se da en el marco de las Medidas Cautelares 321-12 establecidas por la CIDH.

La Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial sostuvo una reunión con líderes y lideresas indígenas y representantes de la organización internacional de Forest Peoples Programme.

En el marco de las Medidas Cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado costarricense a favor del pueblo indígena Bribri de Salitre y de Broran de Térraba, se estableció una audiencia donde se plantearon posibles soluciones a los conflictos que afectan directamente a la población indígena del país.

La actividad se llevó a cabo en la Sala de Votaciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y contó con la participación de la Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas; Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de la Sala Constitucional; Warner Molina Ruíz, Fiscal General a.i.; las señoras Karina Fernández, Asesora internacional de Forest Peoples Programe; Nathalya Ulloa, abogada de Forest Peoples; Roxana Figueroa, líder indígena Bribri de Salitre; y los señores Pablo Sibar, líder indígena Broran de Térraba y Felipe Figueroa, líder indígena Bribri de Salitre.

La magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas señaló que esta reunión fue de mucho provecho para evacuar inquietudes y sugerencias que tenían tanto las personas indígenas como sus representantes legales del organismo internacional.

Se puntualizaron aspectos sobre el riesgo de las mujeres indígenas por la situación de discriminación y violencia que se pueda estar presentando y los aspectos necesarios para brindar protección ajustándose al convenio N° 169 de la OIT desde su propia cosmovisión y costumbres, empleando recursos como los peritajes culturales para dar un acceso efectivo a la justicia por parte del Poder Judicial.

En la audiencia participó la organización internacional de Forest Peoples Programme en representación legal de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Broran de Térraba.

“Esta audiencia fue bastante provechosa porque se tuvo la oportunidad de escuchar a las personas que nos visitaron, quienes tenían varias inquietudes y sugerencias para la atención oportuna de los procesos judiciales vinculados con la población indígena, especialmente, de los pueblos beneficiarios de las medidas, propuestas de acciones afirmativas y de construcción de protocolos de atención inmediata”

Además, resaltó “la participación de Luis Fernando Salazar Alvarado, Magistrado de la Sala Constitucional, quien ha estado involucrado con visitas a los Territorios Indígenas y en la cosmovisión de estos pueblos beneficiarios de las Medidas Cautelares de la CIDH en atención a los procesos que conoce dicha Sala.

Fundamental también la participación del señor Warner Molina Ruiz, en su condición de Fiscal General a.i. quien se refirió a los lineamientos y circulares que se han emitido desde el Ministerio Público basados en la cosmovisión de los pueblos indígenas, así como la atención dada a los procesos penales de manera prioritaria al tratarse de una población en situación de vulnerabilidad”.

La Magistrada Vargas Vásquez enfatizó en la importancia de estos encuentros para concertar acciones con los pueblos beneficiarios en línea con lo dispuesto por la CIDH sobre la necesidad de garantizar su vida e integridad. Aprovechó para referirse a dos de los proyectos más importantes que desarrolla el Poder Judicial en co-construcción con los pueblos indígenas de Costa Rica: La Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y la Jurisdicción Indígena Especializada, este último impulsado por la Dirección de Planificación, ejecutados conforme a la Metodología de Administración de Proyectos y la de Políticas Institucionales aprobadas por Corte Plena.

Karina Fernández, Asesora internacional de Forest Peoples Programme, destacó que “se valora mucho esta reunión y sobre todo la visión tanto de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, el magistrado Luis Fernando Salazar y el Fiscal General Warner Molina Ruíz, sobre la relevancia de los temas indígenas y con las garantías reforzadas que estos pueblos requieren en relación a la vulnerabilidad que están expuestos debido a la violencia que sufren a manos de finqueros y usurpadores de sus territorios”.

Por su parte, los líderes y lideresa indígenas se mostraron muy satisfechos por contar con un espacio donde pudieron exponer sus inquietudes y ser escuchados por las autoridades judiciales.

El contenido literal de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado constan en circulares judiciales 32-21, 106-21 y 188-19 para conocimiento de toda la población judicial para su atención de éstas, con ocasión de sus funciones.