Lilliana Henao Escudero, Profesional del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial.

El Poder Judicial de Costa Rica, dentro de su compromiso con la transparencia, realiza grandes esfuerzos para la utilización de un lenguaje comprensible, claro y directo en sus resoluciones judiciales, con el objetivo de optimizar los canales de comunicación entre la institución y la ciudadanía.

Es por esto, que para la primera edición de la Sección de “La Entrevista” de este 2022, conversamos con Lilliana Escudero Henao, Profesional del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, quien nos habla de la importancia de este compromiso institucional.

¿Cuál es el camino recorrido por el Poder Judicial de Costa Rica en la implementación de un Lenguaje Claro?

Desde el año 2019, el Centro de Información Jurisprudencial se ha enfocado en mejorar e innovar sus servicios. En esta tarea el proyecto de Lenguaje Claro ha sido fundamental en la búsqueda de herramientas que orienten a las personas que trabajamos en el Poder Judicial, para que, sin distingo de la función que realizamos, podamos generar información clara y comprensible. Por ello, se inició un trabajo en conjunto con la CONAMAJ en el marco de la política de Justicia Abierta, con la Universidad de Costa Rica y la Escuela Judicial.

En ese sentido, hemos participado en seminarios a nivel internacional para compartir y conocer otras experiencias, y a lo interno se han realizado una serie de actividades como talleres, grupos focales y conversatorios, que han favorecido la generación de insumos a partir de la experiencia de las personas usuarias, con respecto a la información que se les brinda. Además, la interacción con las personas juzgadoras ha sido esencial para obtener criterios, recomendaciones y proponer oportunidades de mejora con el único objetivo de lograr eliminar las barreras que interfieren en el proceso de comunicación con la ciudadanía.

¿Qué esfuerzos se realizan en esta materia?

Desde hace más de un año se ha venido trabajando en la confección de un manual, el cual contiene pautas y recomendaciones para que, por ejemplo, las personas juzgadoras puedan redactar sentencias más claras y adecuadas a las personas usuarias. La versión preliminar del manual fue compartida con jueces y juezas de diferentes materias mediante un taller en el cual se validó su contenido. Este trabajo ha sido muy valioso ya que su opinión es esencial en la elaboración de este producto.

Por otro lado, también se han realizado campañas de prensa tanto institucionales como externas, con el objetivo de generar una mayor sensibilización en el tema, no solo por parte de las personas juzgadoras, sino también de las y los funcionarios judiciales que de igual forma deben velar por brindar información clara a la ciudadanía. Se considera que las personas bien informadas pueden participar más y tienen mayor apertura para hacerlo e incidir en la administración de justicia de manera positiva.

¿Cómo se han enfocado estos esfuerzos institucionales para trasladar esta necesidad de una justicia más cercana, accesible y entendible para la ciudadanía?

El enfoque ha sido “ponernos en los zapatos de la persona usuaria”, reflexionar en el hecho de que tienen derecho a comprender la información jurídica, sobre todo porque la generalidad no cuenta con conocimientos en esta materia. De esa forma pueden ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero esto solo se logra si podemos ofrecer un servicio de calidad, siendo parte de ello, la comprensión de lo que se les está resolviendo, lo cual generaría confianza en el sistema de Justicia y una mejora en la interacción con la ciudadanía.

El Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en cuanto a garantizar el derecho de acceso a la información clara, comprensible y promover de esta forma también la inclusión y participación.

¿Cuál ha sido la respuesta del ámbito jurisdiccional ante la necesidad de redactar resoluciones con lenguaje comprensible para la población?

La respuesta a esta necesidad ha sido muy positiva. Quienes han participado y compartido las experiencias en los talleres son jueces y juezas muy comprometidos con el tema.

Debemos destacar la iniciativa del Tribunal de Familia, cuyos jueces y juezas se han preocupado por redactar resúmenes dirigidos a las personas en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, menores de edad donde les explican lo que se resolvió de una manera clara y comprensible en situaciones que les afectan.

¿Cuál es el estado actual de la implementación del Manual de Lenguaje Claro, en relación con el proyecto impulsado junto a la Escuela Judicial, CONAMAJ y la Universidad de Costa Rica y cuáles son las proyecciones a futuro?

El Manual de Lenguaje Claro se encuentra bastante avanzado. En este momento la Escuela Judicial está trabajando en la etapa de diagramación, con lo cual se tiene proyectado su lanzamiento para el primer cuatrimestre de este año. El apoyo y trabajo en equipo de los diferentes actores; el Centro de Información Jurisprudencial, CONAMAJ, la Escuela Judicial y la UCR ha sido vital en la construcción de este documento tan importante para la institución. Además, es relevante señalar que este producto será un gran respaldo en capacitaciones y cursos a nivel de judicatura, proyectos ejecutados por la CONAMAJ en el tema de justicia abierta, como también en la construcción de mejores profesionales en el área académica, siendo que a partir de ellos se puede ir generando una cultura institucional en lenguaje claro, donde desde cualquier oficina, sea jurisdiccional o administrativa, se redacte de manera comprensible en beneficio de la ciudadanía en general.

A futuro se tiene previsto trabajar en la elaboración de glosarios de términos jurídicos en lenguaje claro, no solo pensados en la generalidad de las personas usuarias, sino de las poblaciones más vulnerables. Somos conscientes de la necesidad de un enfoque especial en diferentes situaciones, y en eso tenemos proyectado trabajar.