La actividad se desarrolló de manera virtual.

Compartir ideas y recolectar insumos con las demás instituciones públicas que ofrecen servicios a la población indígena del país, fue el objetivo de la segunda sesión informativa sobre la creación del Proyecto de Política para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial.

Dicho encuentro se llevó a cabo el pasado 17 de diciembre y contó con la participación del magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia; la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, la señora Angie Calderón Chaves, Coordinadora a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia, y la señora Melissa Benavides Víquez, colaboradora y lideresa del Proyecto, quienes conforman el equipo gerencial del proyecto.

Este proyecto se encuentra en la primera etapa de Diagnóstico conforme a la Metodología de Políticas Institucionales, aprobada por Corte Plena, que incluye entre otras acciones, la recolección de insumos y de transmisión del mensaje a las poblaciones indígenas, siendo que, para el pasado 2021 como parte de plan piloto, ya se visitaron los territorios de Salitre, Térraba y Maleku, y para el 2022 se tiene proyectado visitar el resto de los ocho pueblos indígenas de los 24 territorios del país.

Para el magistrado Jorge Olaso Álvarez, el diseño de esta política es parte de una acción afirmativa del Poder Judicial, ya que por primera vez la Corte toma en consideración el diseño de la política tanto dentro como fuera de la institución, para sopesar y valorar las problemáticas que se tienen en la atención de estas poblaciones y la tutela efectiva de sus derechos de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

“Es importante desde la Unidad de Acceso a la Justicia esta reunión, para exponer lo que estamos realizando en el Poder Judicial, en aras del otro año o el próximo, ejecutar en la medida de lo posible esta política y poder desarrollarla en el ámbito institucional”, indicó Olaso Álvarez.

Por su parte, la magistrada coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, resaltó la importancia de la construcción de la política desde un punto de vista integral, mediante la co-construcción con los pueblos indígenas a fin de atender los problemas reales de acceso a la justicia que enfrentan y la coordinación interinstitucional que contribuya a aprovechar las buenas prácticas desarrolladas y las lecciones aprendidas, para ofrecer un mejor servicio de administración de justicia, que elimine las barreras en el acceso a la justicia.

“En la ejecución de la Política se va a utilizar el Mecanismo de Consulta Indígena desarrollado por el Poder Ejecutivo, el cual será adaptado al Poder Judicial con estricto respeto a los principios de Separación de Poderes y de Independencia Judicial, tal y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte IDH, los altos estándares internacionales y en especial, la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional conforme a la cual, esos convenios de derechos humanos son supraconstitucionales. El objetivo es crear una Política conjunta con la población indígena que les garantice el acceso a la justicia en medio de las vulnerabilidades que deben enfrentar, maximizadas con ocasión de la pandemia por la enfermedad del Covid-19; y que contribuya a responder a las exigencias de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado.”, señaló la magistrada.

La Magistrada Vargas también se refirió a la importancia de la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes brindan apoyo en las visitas a los territorios, la coordinación en conjunto con el Poder Ejecutivo y la aplicación de otros instrumentos internacionales como CEDAW y Belem do Para.

Melissa Benavides Víquez, lideresa del proyecto, destacó la importancia de este encuentro en el sentido de la atención global que se le debe dar a esta población, haciendo hincapié en la necesidad de orientar a las personas indígenas para que conozcan cómo funciona el Estado y sus instituciones.

“La política debe tener un eje de coordinación interinstitucional como parte de la justicia pronta y cumplida y la atención integral de estas poblaciones en condición de vulnerabilidad. La participación de las instituciones del estado es también una de las metas de este proceso de creación, ya que trabajamos interconectados para generar el esqueleto de lo que será la política”, mencionó.

El encuentro contó con la participación de representantes de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, SINAC, el INAMU y el IMAS, quienes pudieron compartir sus inquietudes en relación con la atención de este grupo poblacional.