Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Administradora y Directora del proyecto.

Como parte de las acciones contempladas para la creación de la Política para el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, el pasado 23 de noviembre se llevó a cabo una reunión informativa con las oficinas judiciales que brindan servicios a los territorios de Térraba, Salitre y Malecu.

Dicho encuentro, estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez; y de la jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia, máster Melissa Benavides Víquez, quienes, junto al magistrado de la Sala Segunda y Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, Jorge Olaso Álvarez, forman el equipo gerencial del proyecto.

La reunión tuvo como objetivo informar sobre las acciones que se están realizando en la puesta en marcha de este proyecto, el cual incluye la visita a los territorios indígenas de Salitre, Malecu y Térraba, para lo que se pretende contar con insumos y aportes de las oficinas judiciales que atienden estas zonas y tienen contacto directo con estas poblaciones.

Esta iniciativa es de gran importancia para la institución, para el país y para la región, debido a que obedece al compromiso con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, ratificados en instrumentos internacionales y en la normativa nacional y que, mediante la inclusión de los Territorios de Salitre y Térraba, se atienden las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la paz social, de acuerdo con la cosmovisión y costumbres de estos pueblos.

Para la magistrada y directora del proyecto, Damaris Vargas Vásquez, este primer encuentro tuvo como fin informar del inicio del proyecto, sus alcances y principalmente, la invitación a la población judicial a participar del proceso de desarrollo pues son quienes tienen la experticia para plantear sugerencias y oportunidades de mejora del servicio de administración de justicia a la población indígena. La Política es emblemática en el sentido de que ningún Poder Judicial de la región cuenta con un instrumento similar, que, además, se está diseñando de acuerdo con lo establecido por los Altos Estándares Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y los lineamientos emitidos por Corte Plena y el Consejo Superior.

“Estamos haciendo un cambio trascendental. El realizar la ejecución del Proyecto con base en la Metodología de Políticas Públicas y la Metodología de Administración de Proyectos, aprobadas por Corte Plena, garantiza la co-construcción de la Política con la participación activa desde su inicio con los pueblos indígenas y sus organizaciones. A ello debe sumarse la implementación del Mecanismo de Consulta Indígena, adecuado al Poder Judicial, y con el respeto absoluto al principio de separación de poderes y el principio de independencia judicial. Lo que pretende la Institución es un cambio de paradigmas que permita responder a los requerimientos reales de la población indígena, y no, a lo que nosotros, no indígenas, creamos que necesitan. De esta forma cumpliremos con la concertación social, el diálogo, y especialmente, el fortalecimiento de la confianza intercultural”, señaló Vargas Vásquez.

Por su parte, Melissa Benavides Víquez, lideresa del proyecto indicó que “la idea de esta política es crear lineamientos y un plan de acción para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en todas las materias y que se logren establecer mecanismos que sean transversalizados por estándares internacionales en relación con sus derechos humanos, con base en los insumos que se van a recolectar de todas las instancias que componen el Poder Judicial, tanto de los ámbitos, como en las distintas materias, ya que el tema de acceso a la justicia las abarca a todas”.

Agregó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas brindará apoyo internacional con el aporte de personas expertas, nacionales e internacionales, así como con la implementación de talleres en todos los territorios, guiados por la metodología mencionada, la cual también es concordante con lo que indica MIDEPLAN.

Melissa Benavides Víquez, Lideresa del proyecto.

La reunión, además buscó que las oficinas puedan informar a las personas usuarias de que el Poder Judicial está trabajando la creación de esta política institucional, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad en materia de acceso a la justicia a estas poblaciones.

Para el año anterior se completaron tres visitas, pero se proyecta para el 2022 ampliar el proyecto y visitar más territorios hasta alcanzar los 24 territorios a nivel nacional y así cumplir con el parámetro de la representatividad que establece la consulta y que establece la última línea jurisprudencial.

En el encuentro participaron representante de la Fiscalía, Defensa Pública y Juzgado Contravencional de Guatuso, la Oficina de Comunicaciones Judiciales, el Juzgado Mixto de Upala, el Tribunal de Juicio de San Carlos y su sede en Upala, el Juzgado de Cobros, la Oficina de Trabajo Social y Psicología, el Centro de Conciliaciones, la Unidad Médico Legal, la Unidad de Patología Forense y la Administración Regional también de San Carlos y la Oficina Regional del OIJ de la Fortuna.

Adicionalmente, se contó con la participación de personal del Juzgado Civil, Trabajo, Familia y Penal Juvenil, la Defensa Pública, la Fiscalía, el Juzgado Contravencional, el Juzgado Penal, la Oficina de Comunicaciones Judiciales y la Oficina Regional del OIJ de Buenos Aires y representantes de instituciones como las municipalidades, Ministerio de Salud, PANI, Fuerza Pública, INDER, INAMU, Defensoría de los Habitantes, IMAS y MINAET de las zonas mencionadas.