Por Armando González R. 20 de noviembre 2021, 8:39 PM

El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirma que a la policía judicial no le corresponde hacer valoraciones éticas. Tiene toda la razón, y hay buenos motivos para señalarlo, aparte del ejercicio de su defensa ante la opinión pública.

Cruz y Johnny Araya habían acordado reunirse para conversar sobre proyectos conjuntos de sus instituciones. La cita fue suspendida por un juicio penal contra el alcalde, quien a la postre fue absuelto. Tras la posposición del encuentro, el magistrado envió un mensaje para desear suerte a Araya. El alcalde lo mencionó en una de las comunicaciones telefónicas intervenidas por los investigadores del caso Diamante.

El OIJ considera “importante” informar a la Fiscalía sobre el mensaje porque, según los agentes, demuestra “los enlaces” de Araya en la Corte. También estima relevante señalar el carácter “moralmente reprochable” de desear suerte a un encartado cuando se es funcionario judicial y, de la referencia que hace el alcalde a la amabilidad de “el viejo”, deduce una estrecha relación entre ambos, porque de otra forma no le dispensaría ese trato.

Pero los agentes no explican por qué es importante informar de la conversación al Ministerio Público en lugar de desecharla como carente de interés para la investigación. En el diálogo no hay el menor indicio de un delito, y la Fiscalía nada puede hacer con la información suministrada. Para saber que el alcalde de San José tiene “enlaces” en otras instituciones no es necesario intervenir su teléfono, porque esas relaciones son propias del cargo y nada tienen, por sí solas, de reprochable. También falla la lógica si la referencia a un tercero como “el viejo” es considerada prueba irrefutable de intimidad.

El OIJ es una policía técnica. Su labor, como dice el lema impreso en su papelería, es “investigar delitos con probidad y excelencia”. Está obligada a mantenerse dentro de esos márgenes, cuya existencia es, también, una garantía de respeto a las libertades públicas y los derechos individuales. Un organismo policial con excesiva latitud para determinar las materias de su incumbencia puede constituir un peligro para la vida en democracia.

En un país como el nuestro, el número de funcionarios judiciales que han expresado buenos deseos a un encartado debe ser enorme. Lo repudiable sería su intervención para alterar el resultado. Concluida esta obligada tregua, retomo la constante polémica con don Fernando por su inadmisible defensa de los privilegios en la Corte, a costa del futuro del país.

agonzalez@nacion.com

Los agentes judiciales a cargo del caso Diamante no explican por qué es importante informar de la conversación entre Fernando Cruz y Johnny Araya al Ministerio Público, en lugar de desecharla como carente de interés para la investigación.