Experiencia del Poder Judicial en programas públicos de anticorrupción se destaca en foro internacional

En Webinar: Public Compliance: “Programas de anticorrupción en el sector público. Experiencia y retos para Costa Rica”, de la Asociación Mundial de Compliance (WCA por sus siglas en inglés)

Andrea Marín Mena
Periodista

Participantes del Webinar: Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento de Poder Judicial de Costa Rica; Sergio Herra, Presidente de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica, moderador y Adán Nieto Martín, Profesor Catedrático Universidad Castilla La Mancha, España y Consultor en Compliance.

“El compromiso de la alta dirección del Gobierno Judicial, desde la Corte Plena en el caso del Poder Judicial de Costa Rica, es la fortaleza que ha tenido la implementación del modelo, desde la creación de la Oficina de Cumplimiento dentro de la estructura judicial a partir del 2019. La institución fue adoptando respuestas, que nos llevó naturalmente hacia la gestión e implementación de los instrumentos del Modelo de Cumplimiento Normativo”, destacó Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, durante su participación en el foro internacional.

El Webinar: Public Compliance: “Programas de anticorrupción en el sector público. Experiencia y retos para Costa Rica”, lo organizó la World Compliance Association, durante el pasado 13 de octubre.

Participaron como ponentes, Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento de Poder Judicial de Costa Rica; Adán Nieto Martín, Profesor Catedrático Universidad Castilla La Mancha, España y Consultor en Compliance y Sergio Herra, Presidente de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica, como moderador.

Alvarado Villalobos destacó la normativa nacional e internacional que se aplica desde el Poder Judicial de Costa Rica, como bloque de legalidad, así como las regulaciones internas aprobadas por la Corte Suprema de Justicia para el blindaje contra la corrupción, como la actualización del Código de Ética Institucional y el Reglamento de Gestión de Conflictos de Interés, el Observatorio Judicial, entre otros.

“Nos encontramos en la fase de construcción de la Política Anticorrupción del Poder Judicial, que será un instrumento que guiará toda la estructura en el tema, con objetivos y líneas de acciones específicas, contará con un modelo medible y agentes responsables. Trabajará la gobernanza desde la instauración de un modelo de gestión de riesgos, incluyendo el de corrupción y de cumplimiento, articulando todas las actividades de la organización”, puntualizó la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial de Costa Rica, Kennia Alvarado.

Además, señaló que la innovación, la sostenibilidad del modelo, el compromiso de los jerarcas y la articulación de las instancias de la entidad pública, son aspectos fundamentales.

Por su parte, Adán Nieto Martín, Profesor Catedrático Universidad Castilla La Mancha, España y Consultor en Compliance, destacó que el sistema de cumplimiento normativo instaurado en el Poder Judicial de Costa Rica es una experiencia que merece seguirse de manera muy atenta.

“El Public Compliance en la administración pública es un programa o sistema de dirección para cumplir con la legalidad y lo hace la organización pública o privada desde su capacidad de autorregularse. Con lo cual la administración pública va a prestar un mejor servicio a los ciudadanos y va a ser más eficiente y los miembros de esa organización van a trabajar mucho mejor, más cómodos y van a evitar riesgos legales”, afirmó Nieto Marín.

Consideró que deben incorporarse elementos de carácter preventivo, como un código de ética y controles que prevengan la comisión de hechos delictivos, aunado a elementos reactivos que ayuden a descubrir irregularidades como lo son los canales de denuncia, las investigaciones internas, las sanciones disciplinarias y la creación de flujos de comunicación.

El moderador del foro internacional, Sergio Herra, Presidente de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica, enfatizó en la importancia de que las instituciones públicas y privadas doten de programas de compliance y que éstos sean a la medida de sus requerimientos y características específicas, desde la comprensión del contexto, la realidad y los retos prácticos de cada país.

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