La elección más importante que tiene el país, antes de las elecciones nacionales de febrero del 2022, es la del Fiscal General de la República.

Esa elección le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y es fundamental para la vida y vigencia del sistema democrático y el pleno ejercicio de nuestro Estado Constitucional y Social de Derecho.

La lista de oferentes para ser Jefe del Ministerio Público es de más de 20. Todos seguramente abogados respetables, pero muchos de ellos y ellas, bastante y exageradamente sobrevalorados a sí mismos, en relación con la importancia trascendental de este cargo. En Costa Rica, todos y todas nos sentimos capaces de ocupar cualquier función pública. Pero la verdad es otra y muy diferente. Esa es una perspectiva que hemos perdido en este país.

Es muy democrático y libre que todos aspiremos, pero en el caso del Fiscal General de la República se impone una valoración estricta y méritos reales y objetivos, aún en una democracia abierta y de “hermaniticos” como la nuestra.

La verdad sea dicha: la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión trascendental, en la que debe primar la absoluta excelencia profesional al más alto nivel y gran experiencia en el litigio penal activo, desde los dos lados del mostrador sagrado de la Justicia y no solo desde el del Fiscal o el Juez, también el del enjuiciado y sus defensores; liderazgo para coordinar equipos técnicos y dirigir, eficientemente, el monopolio de la acción penal que le corresponde al Estado y una total imparcialidad política y capacidad de comunicación, porque vivimos en una sociedad abierta que exige rendición de cuentas, eficiencia y resultados justos y medibles del Ministerio Público.

En materia de seguridad ciudadana, nada hacen la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deteniendo criminales comunes, combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico, luchando contra la corrupción y encarcelando la delincuencia de cuello blanco, si el Ministerio Público y los Jueces no cumplen, eficientemente, con el precepto de justicia “pronta y cumplida”, conforme a las leyes y la Constitución Política.

La lucha por la seguridad ciudadana y contra la criminalidad, debe ser una misión compartida y coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en las áreas de sus propias competencias y de ahí la necesidad de fortalecer al más alto nivel, en la Ley General de Policía, el Consejo de Seguridad Nacional, para dictar, realizar y evaluar efectivas políticas públicas o, al paso que vamos, terminaremos siendo otro “país fallido”, como algunos de Centroamérica.

Señores magistrados: la crisis funcional del Sistema Judicial como un todo, es muy grande y Costa Rica necesita un Fiscal General de primer nivel. El Ministerio Público necesita recuperar la solidez y el prestigio institucional que ha perdido frente a la ciudadanía, como un factor esencial y decisivo para seguir viviendo siempre en libertad y en democracia. ¡Cumplan con su deber!

PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 14 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM