Cierre de ciclo de capacitaciones 2020 – 2021 sobre delincuencia organizada.

Con el curso “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales”, finalizó el ciclo de capacitaciones 2020–2021 organizado por la Subcomisión de Delincuencia Organizada, bajo el auspicio de INL (Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, por sus siglas en inglés), con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida y la Escuela Judicial.

La actividad contó con la participación de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Casto y la Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, coordinadora de la Subcomisión.

La Magistrada Solano Castro señaló que “los retos que nos exige la complejidad de las nuevas delincuencias que avanzan al mismo tiempo que los desarrollos tecnológicos y sociales podrán ser enfrentados únicamente con personal capacitado; con funcionarios y funcionarias que estén realmente sensibilizados en cuanto a la integridad pública pero que cuenten con las herramientas y conocimientos óptimos y necesarios para brindar una administración de justicia de calidad y capaces de quebrantar la capacidad delictiva de grupos criminales organizados”.

Por su parte, la Magistrada Sandra Zúñiga dio las gracias a la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y, en particular al gobierno de los Estados Unidos por ser parte del “Proyecto Corte-FIU: Fortalecimiento de la Respuesta Judicial ante la Delincuencia Organizada en Costa Rica”, gracias al cual se logró, por un lado, un Diagnóstico para determinar los requerimientos de especialización de la institución, de una forma integral, es decir, comprendiendo los componentes del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el ámbito jurisdiccional; por otro, concluir un ciclo de especialización en tópicos claves, tales como ciberdelincuencia, delitos económicos, fiscales y financieros, legitimación de capitales, entre otros. Todo lo anterior, en el marco de una cooperación internacional que estimó basada en la solidaridad de los pueblos, el respeto y protección de los derechos humanos y la búsqueda de mejora en las necesidades prioritarias, como es hoy en Costa Rica, lo relativo al crimen organizado.

Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial mencionó que “definitivamente todos los proyectos de cooperación vienen a fortalecer la capacidad institucional para dar una respuesta articulada y eficiente al combate del crimen organizado y es una gran oportunidad para replicar acciones formativas que nos den las competencias necesarias para las personas juzgadoras”.

El ciclo de capacitaciones inició en modalidad virtual a finales de julio de 2020, y en su desarrollo se abordaron temas como la ciberdelincuencia, la omisión impropia, delitos financieros y fiscales, el deber de garante de los funcionarios públicos en actividades financieras, bancarias y fiscales, temas de seguridad para operadores informáticos, así como seguridad administrativa en diligencias judiciales.