Sandra Pizarro Gutiérrez, Integrante del Consejo Superior y Coordinadora del Programa Hacia Cero Papel

El Programa “Hacia Cero Papel” del Poder Judicial realiza grandes esfuerzos para encaminar a la institución hacia una gestión más ágil y oportuna, sin deterioro de los derechos fundamentales de las personas usuarias y con acciones dirigidas a la disminución del uso de papel y eliminación de formalismos excesivos e innecesarios en la tramitación de los procesos.

Es por esto, que para esta edición de la sección “La Entrevista” conversamos con Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior y Coordinadora de este Programa, quien nos habla del éxito en la aplicación de la Política Institucional de Cero Papel y el valor del trabajo de los diferentes actores involucrados en este esfuerzo.

¿Cuál es el espíritu del Programa “Hacía Cero Papel”?

El Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, a través de sus diferentes equipos de trabajo integrado por representantes del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Ámbito Administrativo y Jurisdiccional, ha asumido el liderazgo y desarrollo de políticas y estrategias que contribuyen al desarraigo del papel innecesario, al apego a la escritura en los procesos judiciales, y la incentivación de la utilización de las soluciones tecnológicas como medio para abonar al rediseño y simplificación de los procesos y abrir la ruta hacía una mejor y más ágil gestión judicial.

¿Cuál es su motivación al coordinar esta iniciativa?

Lo que me motiva coordinar esta iniciativa es lograr implementar una serie de acciones e iniciativas en la Institución que contribuyan a disminuir el consumo de papel, primero a través de cambios radicales en la cultura judicial y resolviendo el problema medular que causa el consumo de papel innecesariamente, esto por medio de la detección de problemas relacionados con formalismos excesivos e innecesarios en los procesos judiciales y administrativos. Todo ello, generará un impacto en el presupuesto judicial y en el tema del acceso a una justicia y tutela judicial efectiva, pronta y cumplida para las personas usuarias que es al final de cuenta nuestra razón de ser.

¿Más allá de los datos estadísticos, cuál es el aspecto más positivo en la implementación del programa?

Considero que en la actualidad lo más significativo del Programa es promover la moderna gestión en los despachos y oficinas judiciales, generando la sustitución de modalidades tradicionales de trabajo, esto por medio de la labor en equipo de los diferentes ámbitos que lo componen y por supuesto, también con la construcción de la propuesta de política pública para el Poder Judicial, denominada “Simplificación y celeridad de trámites judiciales” que incorpora estrategias relacionadas con las buenas prácticas de los despachos judiciales y el uso de la tecnología, para simplificar, acelerar, y hacer más comprensible los procesos judiciales; además de fomentar la gestión o administración de talento del personal judicial, incentivar la participación ciudadana, atacando los problemas asociados a los formalismos excesivos y la lentitud de los procesos judiciales para agilizar los trámites, facilitar las comunicaciones y los mecanismos de control; todo para lograr un mayor acceso a la justicia y dar respuesta a las necesidades de una justicia pronta y cumplida.

¿Cómo ha mejorado el servicio de administración de justicia gracias a la disminución del uso del papel?

Detrás de la disminución del papel existe la necesidad de erradicar los formalismos excesivos y la lentitud de los procesos judiciales para agilizar los trámites, que tiene como objetivo el contribuir a encaminar al Poder Judicial a mejorar en gran medida el acceso a la justicia y la tutela efectiva de una justicia pronta y cumplida, lo que se traduce en un beneficio para el usuario y en una mejora a la imagen del Poder Judicial.

Lo anterior en cierto modo, redefine al Poder Judicial en lo que es la prestación del servicio, donde las nuevas tecnologías indudablemente cumplen un papel preponderante en la solución de los problemas que se vayan detectando.

¿Cómo se puede seguir contribuyendo para construir un mejor Poder Judicial a través de estas buenas prácticas?

Considero que la promoción de buenas prácticas puede contribuir significativamente al desarraigo del papel, ya sea a través del uso de recursos tecnológicos o sin ellos, por medio de la mejora de los procedimientos, donde se fomente la gestión o administración del talento del personal judicial y la participación ciudadana, todo como un medio para fortalecer el derecho de las personas usuarias a tener acceso pleno a la justicia sin barreras y de que sus procesos reciban una tramitación ágil, oportuna y de calidad, sin discriminación alguna, para lo cual soy del criterio que es muy necesario que el Poder Judicial y en concreto la Dirección de Planificación analice e incorpore en los rediseños, estrategias relacionadas con las buenas prácticas de los despachos judiciales, que faciliten el acceso a la justicia.

¿Qué nos puede adelantar de la “Política para la simplificación y celeridad de los trámites judiciales”?

Esta política pretende no solo la disminución del papel, sino que se orienta al establecimiento de acciones estratégicas que buscan dar solución a la limitación del acceso a los derechos fundamentales por la falta de celeridad y la no simplificación del sistema de justicia.

Lo que se quiere con esta propuesta, es que los trámites que realiza el usuario no tengan por qué ser complejos, lentos, con gestiones innecesarias o repetitivas, así como poco transparentes, sino que se busca que sean eficientes, eficaces y efectivas, ya que este tipo de problemas generan no solo el gasto de papel innecesario, sino el atraso en las diferentes gestiones judiciales o administrativas, lo que a la postre ha sido lo que ha dado base para la pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en el sistema, que en los últimos años, ha sido crítica en relación con el servicio de justicia que recibe y cuyo impacto económico crece cada vez más.