El plan de acción, evaluación y seguimiento promueve la continuidad del servicio judicial ante pandemia.

Las autoridades administrativas, jurisdiccionales y auxiliares de justicia implementan una serie de acciones y mejoras continúas, que apoyan la labor del Poder Judicial y garantizan la prestación continua de los servicios de administración de justicia a favor de las personas usuarias.

El plan de acción, su evaluación y seguimiento lo conoció el Consejo Superior en la sesión del N° 37-2021 celebrada el 06 de mayo de 2021, el cual también conoció la Contraloría General de la República, dentro del análisis que realiza a las institucionales públicas sobre el abordaje de la emergencia nacional por el COVID-19.

En el informe 119-2021, que contiene las acciones emprendidas y en ejecución, lo presentó la Dirección Ejecutiva y comprende el trabajo de los tres ámbitos que integran el Poder Judicial, administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.

"Producto de los instrumentos remitidos por la Contraloría General de la República, que se aplicaron con ocasión de la pandemia, se determinó una serie de mejoras a implementar; así como el nivel de avance que llevamos. Este es el resultado de los equipos de trabajo y las instancias responsables que dan seguimiento al avance de cada una de las acciones institucionales”, destacó, Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial.

Entre las iniciativas judiciales destacan la aprobación e implementación del Plan de Continuidad para los servicios del Poder Judicial, que se encuentra en un 62% de avance y contempla un Plan de Gestión de crisis, Plan de Comunicaciones, Plan de Recuperación de Desastres (DRP), Capacitación Estrategias de Continuidad y Planes de Prueba.

Además, se trabaja en la elaboración del “Manual de Procedimientos para la Formulación Presupuestaria”.

Para darle seguimiento a la labor de los despachos judiciales del país se realiza el levantamiento de un catálogo de servicios institucionales y la construcción de la batería de indicadores de servicios y ya se cuenta el seguimiento de los indicadores de gestión.

De igual manera, se da un análisis continuo de la reciente modificación del Reglamento de Teletrabajo, que dio mayor apertura de este tema a nivel institucional. También se ejecutan los protocolos de audiencias virtuales y se trabaja en un proyecto para determinar los servicios sensibles que son objeto de digitalización y trámite en línea, trabajo que involucra acciones para la reducción de la brecha digital y el análisis de las necesidades de automatización de servicios digitales nuevos que incorporen la firma digital.

También se trabaja en procesos de seguridad informática, la valoración de riesgos de los servicios críticos de la institución y la aplicación de mecanismos de medición de la calidad del servicio que se brinda.

En el tema de recurso humano, se implementa el Protocolo para la valoración de personas servidoras en condición de vulnerabilidad por COVID-19, y disposiciones específicas en materia de sustitución de puestos o clases de puestos consideradas claves y la adaptación de los espacios físicos para garantizar la seguridad de la población judicial y personas usuarias, entre otras acciones.

La Contraloría General de la República, mediante oficio N° DFOE-CAP-0210 del 8 de junio del 2021, remitió respuesta al Consejo Superior, sobre la definición e implementación de medidas y propuestas de mejora para garantizar la continuidad de los servicios.

“Se reconoce el esfuerzo y compromiso de esa Administración al respecto, por lo que se les insta a continuar con ese proceso de implementación y mejora que permita incrementar la capacidad de gestión de la continuidad en la prestación de los servicios públicos a su cargo”, indicó la respuesta del ente contralor.