Durante la gira se inspeccionaron las condiciones del personal judicial y de los despachos de Sarapiquí y Guatuso.

La evaluación para conocer el grado de afectación de los despachos y la población judicial destacada en las zonas de Sarapiquí y Guatuso, fue el objetivo de la gira que realizaron las autoridades judiciales durante el pasado 29 de julio de 2021.

Dicha labor estuvo a cargo de la Comisión Institucional de Emergencias del Poder Judicial, y participaron los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga (Presidente de la Comisión) y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, el Sud Director Ejecutivo Wilberth Kidd Alvarado y el Jefe de la Secretaria Técnica de Ética y Valores, Juan Carlos Sebiani Serrano.

“La emergencia originada por el exceso de lluvias que afectó el Caribe, Turrialba y la zona Norte dañó oficinas y afectó a empleados judiciales que perdieron sus pertenencias y sus casas se inundaron con agua y barro. Tienen desmejoras importantes. El servicio se suspendió y se recupera poco a poco. La administración reaccionó inmediatamente para proteger a los compañeros y los bienes institucionales”, manifestó el magistrado Luis Guillermo Rivas, coordinador de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial.

Destacó que se realizó un recorrido por Puerto Viejo de Sarapiquí y San Rafael de Guatuso, lo que permitió llevar alivio inmediato con artículos y víveres de primera necesidad aportados por la ASOSEJUD y la ANPROJUD.

También para apoyar el trabajo de la Administración Regional se aportaron artículos de limpieza y se trabaja en la cuantificación de los daños en mobiliario y equipo, con el fin de proceder con su reemplazo y brindar el servicio esencial en la Administración de Justicia de estas regiones.

El espacio permitió conversar con el personal judicial que se vio afectado por las inundaciones de los últimos días, para conocer su situación y las necesidades más apremiantes en este momento.

Una de las recomendaciones que avaló la Comisión Institucional fue solicitar un permiso por una semana para las personas más afectadas, a fin de que ese tiempo puedan destinarlo en la recuperación de los daños personales, de sus familias y lugares de residencia.

“De igual manera, el Consejo Superior solicitó a la Dirección de Gestión Humana la intervención inmediata de un equipo psicosocial para el personal judicial y sus familias y adicional a estas acciones, promover una colecta a nivel nacional para colaborar en las necesidades de las familias judiciales”, indicó el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero.