Discurso Dr. Fernando Cruz Castro Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Distinguidos integrantes de este Panel:

Es un gran honor compartir en esta mañana con tan distinguido panel, para conversar sobre el tema del Desarrollo Sostenible en la Administración de Justicia de Costa Rica y particularmente abordar algunos temas que se encuentran en el V informe en el avance de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Poder Judicial correspondiente al periodo de julio 2020 a julio 2021.

El Poder Judicial desde el 2016 ha estado comprometido con el tema del desarrollo sostenible, con la convicción que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin ningún tipo de distinción, tal como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Afortunadamente, el marco normativo vigente nacional e internacional, sustentado en el reconocimiento de los derechos humanos universales, irrenunciables e inherentes a toda persona, constituye un importante punto de partida para el bienestar de la humanidad y del planeta.

La Agenda 2030 y los ODS, sin duda se alinean con el quehacer institucional, tal como se ha demostrado desde hace 5 años por medio de la implementación de la Estrategia ODS 16 Plus que ha adoptado el Poder Judicial.

Sin embargo, las condiciones que se han generado por la pandemia mundial por Covid 19, nos ha retado como país e institución, a mantener el servicio público tomando decisiones orientadas para resguardar la salud de las personas usuarias y del personal judicial, que ha sido resiliente en estos tiempos difíciles.

Un impacto en la pobreza que en el 2020 alcanzó el 26,2% de la población y la incidencia de la pobreza multidimensional que en valor nacional fue de un 16.1%, incluye un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes aspectos, tales como: calidad de vida, vivienda y sus servicios, educación, salud, entre otros.

Realmente es una situación preocupante para nuestro país, un llamado a las instituciones nacionales públicas, privadas y la ciudadanía en general, para enfrentar los retos que la pandemia está ocasionando y cuyos efectos según los expertos, se presentarán por unos años más.

En este sentido, debemos actuar para evitar que el tejido social no se vea afectado, para que gocemos de paz, justicia y seguridad.

El Poder Judicial, como parte del Estado costarricense no ha escapado a esta realidad, que aunado a una situación fiscal y presupuestaria se ve afectado por aspectos medulares y temas de gran relevancia para el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada constitucionalmente, en asegurar el acceso a la justicia para las personas y sin ningún tipo de discriminación.

Este es un aspecto sensible para la INDEPENDENCIA JUDICIAL, que en el actual escenario político en nuestro país, se desdibuja el rol de un Poder de la República y la responsabilidad social que tiene para evitar la inequidad, las injusticias y que aspira hacia una sociedad justa e igualitaria, de paz y en armonía con el planeta.

Es una lucha constante que se realiza para defender el Estado social de derecho y una independencia judicial que esté blindada de las injerencias externas, para evitar las injusticias, defender y promover los derechos fundamentales de todas las personas y brindar un servicio más humano, donde priven las necesidades y particularidades de las personas que acuden a la institución.

La independencia judicial es un derecho humano y una garantía para la sociedad democrática que aspira convivir en un Estado social de Derecho. Lo que supone que el juez en el ejercicio de sus funciones tiene sus vínculos únicamente con el ordenamiento jurídico: la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ley.

Por esa razón, es imperante defender la independencia judicial para que los conflictos de otros actores del Estado no afecten ni intervengan en el Poder Judicial, se lucha por mantener el equilibrio y el control de la jurisdicción, junto con los recursos necesarios que tiene definidos constitucionalmente, para que le permitan defender y robustecer el sistema judicial y no se permita la debilidad de lo jurisdiccional.

Es un principio fundamental para la democracia que asegura la separación de poderes y la existencia de un Estado constitucional de derecho, por tanto, debe ser fortalecida constantemente.

Es de importancia, además, robustecer y visibilizar a las personas defensoras de los derechos humanos, que en el ámbito judicial promueven el acceso a la justicia a todas las personas para mantener comunidades en armonía, equilibrio y bienestar social. Esta es una función que merece reconocimiento.

El Poder Judicial ha sido visionario al establecer a la persona usuaria como el centro de todo su quehacer, especialmente, de las PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD que es una de las prioridades institucionales.

Hace más de dos décadas se ha venido trabajando para brindar servicios que atiendan a las necesidades y especificidades de las personas y eliminar las barreras que puedan enfrentar para accesar esos servicios.

Por esta razón se han diseñado políticas no discriminatorias para las personas: afrodescendientes, penal juvenil, adultas mayores, migrantes y refugiadas, privadas de libertad, género, con discapacidad, sexualmente diversas, indígenas que se está impulsando en este momento, la guía para facilitar el Acceso a la Justicia de las personas usuarias indígenas, entre otras poblaciones.

Además, se promueven otras acciones para colaborar con las personas en condición de vulnerabilidad que requieran realizar diligencias judiciales, tales como: recursos económicos conforme a los lineamientos institucionales, el principio de gratuidad; así como la procura para contar el servicio de mujeres en labores de peritajes y traducción en lengua indígena, entre otras. Aunado a procesos de sensibilización y formación permanente y especializados para el personal judicial

La IGUALDAD DE GÉNERO está incorporada en todo el quehacer institucional, con el objetivo de brindar un acceso a la justicia a las mujeres de acuerdo con sus condiciones y realidades en la sociedad.

Institucionalmente, se puede destacar que del total de 12.948 personas que laboran en el Poder Judicial, 6.312 son mujeres y el 45% están ocupando puestos directivos, lo cual es una acción afirmativa orientada a cerrar las brechas de género y brindarles a las mujeres mayores oportunidades en igualdad de condiciones que los hombres.

También se realizan acciones que se ponen a disposición de las personas usuarias y personal judicial femenino, orientados a un cambio cultural que aún se debe enfrentar como sociedad y que de alguna manera se evidencia en los casos que se atienden en la institución.

Uno de los temas que la institución ha priorizado en todos los ámbitos es contribuir a REDUCIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA, que afecta a las personas independientemente de su condición y posición en la sociedad.

En el servicio que se brinda, evitar la revictimización de las personas y sobre todo de las mujeres es un esfuerzo que realiza la institución, por medio de diversas iniciativas de las cuales les puedo mencionar:

• El Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Violación, durante las primeras 72 horas de ocurrido el evento, que garantiza a las personas víctimas del delito de violación un acceso efectivo a la justicia y adicionalmente a la salud, brindándoles un acceso efectivo al tratamiento Antirretroviral para la prevención del VIH.

• Se han establecido procedimientos interdisciplinarios para la atención y protección de personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, a fin de brindar un abordaje integral que permita disminuir la revictimización, aminorar el impacto causado por el delito y promover la aplicabilidad de sus derechos.

• En 20 oficinas judiciales se tiene a disposición Cámaras de Gesell para disminuir la exposición de las víctimas y brindarles un ambiente seguro y amigable.

• Se han realizado valoraciones en trabajo social y psicología en materia penal y violencia doméstica, para facilitar la resolución de los procesos judiciales que se han presentado en casos de violencia contra las mujeres, relaciones de pareja y familiares, hostigamiento sexual, violación y violencia doméstica, entre otras.

Adicionalmente, la institución ha difundido diversas campañas de información y comunicación para la prevención de la violencia, incluyendo acciones para reforzar el tema de masculinidades con el propósito de que pueda contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres.

Se informa además, sobre el paso a paso que deben seguir las personas que requieran acudir ante la institución cuando se encuentra en una situación de violencia, para demandar sus derechos.

Además, la institución pone a disposición de la ciudadanía datos e información sobre la violencia contra las mujeres, contenida en el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, que constituye un referente institucional y nacional para contribuir con la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres.

Desde el Poder Judicial se continuará realizando una labor constante y permanente para contribuir con sociedades libres de violencia, donde las personas puedan desarrollarse con libertad en el ámbito personal y social.

LA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA es fundamental para cumplir con la misión que tiene encomendada el Poder Judicial, por esa razón se realizan esfuerzos para que la judicatura sea más eficiente y eficaz en la gestión de casos que se presentan por parte de la ciudadanía.

En este sentido, se destacan algunas acciones realizadas en el área jurisdiccional para brindarles a las personas usuarias una justicia célere, con perspectiva de género que contribuya además, a generar confianza en la labor que realizan las juezas y jueces, en apego a la normativa nacional e internacional.

Entre las acciones se puede destacar:

• Desarrollo de 214 rediseños de procesos a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la operatividad de las oficinas y así reducir la resolución de casos expuestos ante la institución.
• Se contribuyó a disminuir el circulante pendiente de fallo en 6 materias: Agraria, Tránsito, Pensiones Alimentarias, Familia, Penal de adultos y Cobro Judicial, con porcentajes de logro entre el 90% y el 100% de efectividad en las oficinas en las que se ha aplicado.
• La implementación de planes de descongestionamiento y seguimiento en diversas materias como Agraria, Civil, de Cobro Judicial;
• El seguimiento en la implementación del código procesal de familia y en la jurisdicción laboral, realizando acciones para disminuir los plazos de señalamiento, coordinar procesos de formación, reprogramaron las audiencias suspendidas por la pandemia, y brindado un impulso de audiencias orales que contribuyan a la mejora integral del modelo penal, logrando en el 2020 que el tiempo de resolución de casos fuera en promedio de 4 meses, lo cual ha significado una disminución de tiempo importante a favor de las personas usuarias.

Estos resultados se lograron con trabajo presencial y teletrabajo, por medio del uso de 11 Protocolos para audiencias virtuales que fueron aprobados por Corte Plena para las materias: Laboral, Civil, Penal, Contravencional, Ejecución de la Pena, Penal Juvenil, Familia, Contencioso Administrativo, Agrario, Justicia Restaurativa y Disciplinario.

De igual manera, el Acceso transnacional a la justicia, es un tema que se desarrolla en la institución en todas las materias en el ámbito jurisdiccional, como un mecanismo que contribuye al acceso a la justicia de las personas, aun trascendiendo las fronteras del país y en algunos casos, por medio de la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales de derecho internacional privado.

La JUSTICIA ABIERTA que se basa en los principios de transparencia, participación y colaboración, es una forma de contribuir a mejorar el servicio que brinda la Administración de Justicia y que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general.

Esta es una iniciativa pionera en el ámbito nacional e internacional, que le ha permitido al Poder Judicial posicionarse como un referente en el tema y además, liderar iniciativas innovadoras y únicas en el marco de la Justicia Abierta con la asesoría de la Conamaj, tales como:

• Juzgados Abiertos y la Defensa Pública Abierta que es una labor que se lleva a cabo de manera conjunta entre el personal judicial y la ciudadanía para brindar un mejor servicio público a las personas.

Constituye una nueva forma de gestión institucional y de participación ciudadana, rendición de cuentas, datos abiertos, generación de alianzas entre otros aspectos, que involucra a varios actores sociales.

La transparencia y rendición de cuentas es una práctica que tiene establecida el Poder Judicial y que realiza por diversos medios y espacios de trabajo con la ciudadanía y en el ámbito nacional e internacional.

El proceso de toma de decisiones que se realiza en la institución por parte de Corte Plena está disponible ante la ciudadanía por medio virtual y en tiempo real; las decisiones del Consejo Superior son de acceso público, al igual que toda la gestión que realiza el Poder Judicial, el uso de los recursos públicos, el costo de la justicia, entre otros temas que pueden encontrar en el Observatorio Judicial.

Esta es una herramienta que le permite a la ciudadanía facilitar consultas y tener una mayor visualización de la labor institucional, al tener acceso a datos e información estadística y demográfica que tiene esta plataforma tecnológica y de la cual los invito a que puedan visitarla en la página web del Poder Judicial.

De esta forma, se promueve constantemente el acceso a la información pública a todas las personas por diversos medios disponibles; estableciéndose como una institución de puertas abiertas a la ciudadanía.

En cuanto a la rendición de cuentas, es una práctica que se realiza de manera constante, por ejemplo, en la celebración del Año Judicial, que es un acto solemne de Corte Plena, en el cual se rinde cuentas sobre el accionar del Poder Judicial para cada año de labor judicial.

También se rinde cuentas en el ámbito internacional, para atender el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense, derivadas de los diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que han sido ratificados por nuestro país, así como la implementación de informes de Estado de manera voluntaria sobre Derecho Internacional Humanitario.

El ACERCAMIENTO DE LA JUSTICIA A LAS COMUNIDADES se realiza por diversos programas e iniciativas, de las cuales quisiera destacar algunas de ellas:

• El Sistema Nacional de facilitadoras y facilitadores judiciales, es una iniciativa que contribuye a prevenir conflictos y mantener comunidades informadas sobre los procesos judiciales; son 517 personas de las comunidades en todo el país que de manera voluntaria y comprometida, contribuyen a esta loable labor.

• La Justicia Restaurativa que se está desarrollando en 20 jurisdicciones a nivel nacional por medio de prácticas restaurativas a las personas, contribuyen con la recomposición del tejido social dañado y la paz social.

• Los procesos de alfabetización en materia penal juvenil que se están impulsando en todo el territorio nacional, para la prevención del delito, entre otros programas institucionales.

Además, se realizan otros acercamientos de parte de las instancias judiciales a las comunidades por medio de:

• Los Consejos ampliados, la Comisión de personas usuarias, apertura hacia centros educativos públicos y privados, entre otras.

Mantener informada a la ciudadanía es una labor constante que realiza la institución con el interés de acercar los servicios de la Administración de Justicia a las personas, las facilidades que se tienen a disposición para las personas en condición de vulnerabilidad, los procesos de formación que se llevan a cabo en las comunidades, entre otras iniciativas.

Es de particular interés informar y empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos y como asegurarlos ante una institución que vela por una justicia para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.

Además, se motiva para que la ciudadanía denuncie las situaciones que puedan afectar a las personas en las comunidades y así de manera conjunta, contribuir para que estén libres de violencia y en espacios seguros.

La institución mantiene canales de comunicación por diversos medios disponibles, algunos ejemplos son:

• Radio OIJ a su servicio; Frecuencia MP, Informativo Judicial, Página web del Poder Judicial, redes sociales, comunicados, la línea 800-800-3000, entre otros.

Estas iniciativas constituyen espacios de diálogo permanente que se promueven con el objetivo de conocer las mejoras que se deben realizar en el servicio de Administración de Justicia, para que realmente atienda las necesidades y particularidades de las personas, especialmente las que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

También, fortalece la transparencia, inclusión de decisiones, disminución de la corrupción y la rendición de cuentas.

De manera constante, la institución realiza otros esfuerzos para brindar un SERVICIO DE CALIDAD Y OPORTUNO por medio de procesos de consulta que se realizan a las personas usuarias sobre los servicios que brinda la institución y sondeos focalizados a las personas en condición de vulnerabilidad.

Este es un proceso que se lleva a cabo para conocer el grado de satisfacción y percepción sobre el servicio de acceso a la justicia que se brinda, como una oportunidad de mejora constante de los servicios brindados de manera presencial y virtual.

Se destaca además, el esfuerzo que se realiza al establecer estándares nacionales e internacionales en la gestión institucional, tales como Normas GICA, certificación en los procesos de investigación científica de ciencias forenses, gestión antisoborno, gestión del riesgo, entre otras.

Estas iniciativas se acompañan de procesos permanentes de educación inclusiva y equitativa para fortalecer los conocimientos del personal judicial, que les permita brindar un servicio público de calidad y sin discriminación.

LUCHAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA es un tema que el Poder Judicial ha impulsado con prioridad en los últimos años, al comprenderlo como un flagelo que afecta a las personas, las instituciones y a la sociedad en general, donde los fenómenos delictivos han evolucionado de manera considerable.

Crimen Organizado, lavado de dinero, legitimación de capitales, ciberlincuencia, ciberseguridad, hurtos, entre otros, son temas que se han estado desarrollando a nivel nacional e internacional.

A lo interno se continuarán impulsando los procesos de formación y especialización al personal judicial en temas relacionados, con el objetivo de que les permita realizar un mejor abordaje e investigación de esta problemática social, y realizar mayores acercamientos con las comunidades para contribuir a la seguridad ciudadana.

Con respecto al tema de la LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ha sido una prioridad institucional y un gran reto que se enfrenta, para lograr que el personal judicial realice su función de manera ética y transparente.

Por esa razón, se ha logrado establecer instancias judiciales especializadas para luchar contra las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas de ética y probidad; cuyo seguimiento se realiza desde la Oficina de Cumplimiento, creada en el 2019 y pionera en América Latina en este tipo de labores.

Es un gran reto cuando las amenazas son externas, pero debemos trabajar desde lo interno para que no seduzca al personal judicial y así, evitar afectaciones de todo tipo, incluso, personales y familiares.

En el tema ambiental, se cuenta con un Plan de GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL, mediante el cual se implementan medidas de prevención, y mitigación de los impactos ambientales inherentes a la organización ocasionados en su quehacer diario.

Con esto me refiero al: uso del agua, la energía eléctrica la gestión integral de los residuos, compras verdes, el desarrollo de infraestructura institucional que se ha ido realizando bajo estándares internacionales de eficiencia ambiental, entre otras.

Estas prácticas ambientales que se han ido incorporando en las instancias judiciales en todo el país con el fin de contribuir a reducir los impactos negativos hacia el ambiente, han sido reconocidos públicamente por diversas instancias nacionales, principalmente por recibir galardones tales como:

• Bandera Azul Ecológica, Categoría Cambio Climático

• Programa Bandera Azul Ecológica

• Sello de Calidad Sanitaria por gestión del recurso hídrico

• Certificación Final EDGE por implementar medidas responsables con el medio ambiente.

Esta mañana, se ha mostrado de manera transversal y multidimensional los temas que se desarrollan en la institución que contribuyen con el avance en la implementación de los ODS en el Poder Judicial.

Sin embargo, la acción va más allá de lo que hacemos, es necesario medir esos esfuerzos, y por esta razón, estamos analizando los datos disponibles en la institución, con el fin de tener un acercamiento a la definición de indicadores globales de los ODS, que aspiramos sea en un futuro cercano.

Sin embargo, conscientes que es necesario visibilizar la labor que realiza el Poder Judicial para el desarrollo sostenible, se ha realizado una propuesta de indicadores de gestión institucional alineados con los indicadores globales, que muestra datos destacados sobre el esfuerzo.

Por otro lado, se ha demostrado como el uso de las tecnologías de la información y comunicación han sido un aliado fundamental para mantener el servicio de la Administración de Justicia, por medio de teletrabajo, dispositivos móviles, página web, entre otros que están a disposición de la ciudadanía.

De esta forma, se puede destacar que en tiempos de pandemia por Covid-19, el Teletrabajo ha sido un aliado del servicio de la Administración de Justicia que le permite mantener el servicio de manera constante y sin interrupciones, lo cual además contribuye al uso sostenible de los recursos y la reducción de impacto ambiental.

Mi agradecimiento a las instancias judiciales que contribuyeron a brindar información para este V Informe, a las alianzas nacionales e internacionales que han estado colaborando con la institución, y a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) por la labor y coordinación desarrollada en este tema.

Para ir finalizando mi intervención, quisiera destacar que en setiembre próximo, se cumplirán 6 años desde que aceptamos el reto mundial de “Transformar Nuestro Mundo, por medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Una aspiración global y un gran desafío para todos los actores sociales y donde las organizaciones internacionales están haciendo un llamado para avanzar hacia el desarrollo sostenible, así lo ha expresado la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, cuando indica que:

“se debe buscar una estrategia para cooperar en temas que superan los espacios nacionales, acordar nuevos enfoques frente a la desigualdad, la crisis ambiental, migraciones, revolución tecnológica y reducción de los conflictos, que exigen nuevas formas de cooperación multilateral”.

Este es un llamado a la solidaridad, al diálogo, a establecer sinergias en temas fundamentales que el Estado costarricense debe asumir con responsabilidad, al igual que cada una de las instituciones, las comunidades y las personas, para el bien común, que esté acompañada de acciones estratégicas que permitan impulsar de manera innovadora y sostenible, el Estado social de derecho.

Debemos mantener el compromiso individual y colectivo para lograr la aspiración que hemos tenido desde hace muchas décadas, de la paz y bienestar social, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y del planeta.

Debemos seguir luchando por una transformación para el desarrollo sostenible, lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y violencia en espacios públicos y privados, en los cuales se desarrollen las personas y donde los esfuerzos se enfoquen también en proteger al planeta para las generaciones presentes y futuras.

“Desde el Poder Judicial, estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás”

Muchas gracias