Dr. Fernando Cruz Castro Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Muy buenos días,

Es un verdadero honor estar el día de hoy representando al Poder Judicial de Costa Rica en este importante Encuentro Iberoamericano de la Agenda 2030, junto con representantes de otros Poderes Judiciales y Tribunales Supremos de Justicia, lo cual muestra el interés y la voluntad de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Mi agradecimiento al Consejo Nacional de Justicia de Brasil por la invitación, para compartir la experiencia que el Poder Judicial ha desarrollado en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Quisiera iniciar destacando dos fechas de gran importancia para la historia de nuestro país, que son: El Bicentenario de nuestra independencia y el 195 años desde que se creó el Poder Judicial con la misión de “Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país”.

Esta es una labor que ha realizado la institución, con la visión de reconocer la primacía del ser humano como eje del servicio público, especialmente, de las personas en condición de vulnerabilidad.

Brindamos una justicia con rostro humano, por eso la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no han sido ajenos a nuestro quehacer.

Desde el 2016, cuando se inició el proceso de Apropiación, Alineamiento y Armonización del quehacer institucional con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tomó como punto de partida el Objetivo 16 de: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Sin embargo, para garantizar el acceso a la justicia como un mecanismo instrumental para alcanzar los demás derechos, debe prevalecer la independencia judicial en un Estado de Derecho robusto que conceda la protección de los derechos humanos de las personas.

Por esa razón, no podemos decir que solo contribuimos al Objetivo 16, sino que también de manera transversal aportamos a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta es la estrategia que hemos venido desarrollando desde hace 5 años y que denominamos, ODS 16 PLUS, bajo una Visión transformadora en el ámbito judicial al 2030, que consta de tres pilares que son: el Compromiso, la Justicia con rostro humano y el Fortalecimiento Institucional, que están articulados con las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Esta experiencia institucional, es en sí misma, es una buena práctica, que nos ha colocado como un referente en el tema y que hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos foros nacionales e internacionales, como el de esta mañana.

Para no excederme en el tiempo que tengo disponible, quisiera mencionarles algunos temas relevantes y prioritarios para la Administración de Justicia que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

La independencia Judicial ha sido un tema fundamental para la institución, y del cual desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia hemos defendido y promovido en todos los ámbitos; es un principio fundamental para la democracia que asegura la separación de poderes y la existencia de un Estado constitucional de derecho. La independencia judicial como un derecho ciudadano, por tanto, debe ser fortalecida constantemente.

­La Justicia Abierta que se basa en los principios de transparencia, participación y colaboración es una forma de contribuir a mejorar el servicio que brinda la Administración de Justicia y que redefine la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general.

Con este propósito se ha creado el Observatorio Judicial, que le permite a la ciudadanía facilitar la consulta para tener una mayor visualización de la labor institucional, al tener acceso de datos e información estadística y demográfica que tiene esta plataforma tecnológica y de la cual los invito a que puedan visitarla en la página web del Poder Judicial.

De esta manera, se promueve constantemente el acceso a la información pública a todas las personas por diversos medios disponibles; es una institución de puertas abiertas a la ciudadanía.

Se promueven y aplican políticas institucionales no discriminatorias, para que cada una de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, por ejemplo: género, afrodescendientes, penal juvenil, personas adultas mayores, migrantes, refugiados, entre otras; no vean reducido su derecho de acceso a la justicia. Todo ello, acompañado de procesos de sensibilización para el personal judicial.

Luchar contra todas las formas de delincuencia organizada es un tema que el Poder Judicial ha impulsado en los últimos años, donde los fenómenos delictivos han evolucionado de manera considerable; ocasionando un grave daño a la sociedad. Por esta razón, impulsamos procesos de formación y especialización al personal judicial, entre otras iniciativas.

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, ha estado presente en la agenda institucional, se ha logrado establecer instancias judiciales especializadas para luchar contra las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas de ética y probidad; cuyo seguimiento se realiza desde la Oficina de Cumplimiento, creada en el 2019 y es pionera en América Latina en este tipo de labores.

- Por medio del Plan de Gestión Ambiental Institucional se implementan medidas de prevención, mitigación y de los impactos ambientales inherentes a la organización ocasionados en su quehacer diario, y con esto me refiero al: uso del agua, la energía eléctrica la gestión integral de los residuos y el desarrollo de infraestructura institucional bajo estándares internacionales de eficiencia ambiental, entre otras.

Para ir finalizando mi intervención, y no menos importante, quisiera referirme al reto que significó mantener el servicio de la Administración de Justicia durante la emergencia sanitaria por Covid 19.

Definitivamente constituyó una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, de innovar, de reinventarnos en un escenario desconocido y del cual hemos ido aprendiendo con el tiempo.

Se adoptaron medidas institucionales por parte de Corte Plena y del Consejo Superior en dos dimensiones:

• A lo externo: asegurando el respeto y promoción de los derechos humanos, por medio de una atención constante para las personas usuarias de los servicios de la Administración de Justicia, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.
• A lo interno: aplicando un marco regulatorio general para la tutela del derecho a la salud y la vida del personal judicial que brinda los servicios desde la Administración de Justicia, extensivo a sus familias.

Se promovió el uso efectivo de la infraestructura tecnológica disponible en el Poder Judicial, que ha constituido una herramienta fundamental para mantener el servicio público de acceso a la justicia a todas las personas, de las cuales les podría brevemente mencionar:

• La implementación rápida de la virtualidad en las audiencias orales en materias tales como: laboral, civil, penal, penal juvenil, familia, agraria, contencioso administrativa, disciplinaria entre otras.
• El uso del portal web y las plataformas digitales del Poder Judicial, para el acceso a servicios como hojas de delincuencia, certificaciones de pensión alimentaria, acceso a expedientes electrónicos, órdenes de apremio, consultas de jurisprudencia, entre otros.
• •La implementación del teletrabajo en el personal judicial dotando de herramientas tecnológicas y dispositivos para la conexión a los sistemas institucionales.

En términos generales, ha sido un cambio de paradigma en el servicio público para el acceso a la justicia que se brinda, siempre orientado al respeto de los derechos fundamentales de las personas, para que nadie se quede atrás.

En setiembre próximo, se cumplirán 6 años desde que 169 Estados adoptamos el compromiso y a la vez, el reto mundial de “Transformar Nuestro Mundo, por medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Es una aspiración global para avanzar en la reducción y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, la pobreza, las limitaciones en el acceso a la educación, la justicia, la salud, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro ambiental que amenaza el bienestar y la supervivencia de los seres humanos y del planeta.

Es un gran desafío que enfrenta el mundo y que constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

¡El tiempo pasa! debemos actuar. Los derechos fundamentales de las personas deben atenderse, no pueden esperar.

Muchas gracias,