Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Cruz Castro.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Cruz Castro, participó en un foro virtual sobre el “Acuerdo de Escazú”, actividad organizada por la “Alianza por una vida digna”.

Para el jerarca del Poder Judicial, este acuerdo es de gran relevancia, ya que su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de establecer el deber de protección de los defensores ambientales, pues frecuentemente se enfrentan a agresiones e intimidaciones.

“Esto es una muestra que en el tema ambiental no se juegan visiones bucólicas, sino que se producen pugnas encendidas en relación a intereses económicos y, en algunos casos, codicias desatadas, no puedo ignorar que América Latina es la región del mundo con más asesinatos de activistas ambientalistas, según cifras de Global Witness, por lo que es un tema al que debe ser objeto de una política pública”, mencionó el Presidente de la Corte.

Agregó que “es un instrumento pionero que viene a reforzar y complementar la tutela de los derechos ambientales reconocidos en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tiene un efecto importante en el fortalecimiento de una cultura ambiental, en una materia que depende de equilibrios delicados y que requieren una visión que haga compatible el desarrollo económico conforme a una visión integral entre producción y ambiente”, indicó Cruz Castro.

Además, señaló que los principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables, ya que no se puede ignorar que, en temas ambientales, son las poblaciones de menores recursos las que sufren las peores consecuencias, como ocurre con ciudadanos del país que tienen serios problemas en el suministro de agua potable.

Cruz Castro indicó que “las dudas son comprensibles, pero hay instrumentos en el sistema jurídico que permite resolverlas o aclararlas. En materia importante no valen consignas o prejuicios, sino que hay que traducir las objeciones políticas en argumentos que permitan delimitar el alcance de un Tratado que pretenden fortalecer la Salud de nuestra Tierra con una visión de largo plazo, como son todos los temas ambientales”.

La actividad tuvo lugar el pasado 14 de mayo de 2021 de manera virtual por la plataforma Zoom y contó además con la participación de la diputada Nielsen Pérez Pérez, los abogados especialistas en materia ambiental, Álvaro Sagot Rodríguez y Nicolás Boeglin Naumovic, así como José María Gutiérrez Gutiérrez, de la “Alianza por una vida digna” y el periodista Héctor Ferlini Salazar.