Andrea Marín Mena
Periodista
En medio de la atención de la pandemia por el COVID-19, la prioridad del Poder Judicial es asegurar que las personas usuarias de los servicios judiciales reciban la atención debida.
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Despachos y oficinas judiciales cumplen las medidas sanitarias en la atención de las personas usuarias. |
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La planificación estratégica de acciones puntuales desde los ámbitos administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, permitió garantizar la continuidad de los servicios durante el 2020 y esta labor se extiende en este 2021.
Para el presente año se ejecutará el “Plan de acción para la continuidad de los servicios judiciales de las estrategias institucionales desarrolladas producto del COVID-19 2021”, que involucra el trabajo de toda la institución.
“La pandemia por el COVID-19 sigue en este momento con una incidencia mayor, que nos obliga a continuar con las medidas de prevención, para tener un balance entre evitar la propagación, mantener nuestra salud y el servicio necesario que se presta a los costarricenses”, afirmó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial.
La efectividad y la experiencia obtenida en el 2020, marcan la ruta judicial, para asegurar la prestación de los servicios, ante la emergencia sanitaria. Así se desprende del oficio 201-PLA-PE-2021 del 17 de febrero de 2021, que remitió la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, a Corte Plena. |
El documento informa sobre los 67 objetivos ejecutados en el 2020, dentro del plan de acción. La información se extrae del Sistema del Plan Anual Operativo de la Dirección de Planificación.
La construcción y ejecución de protocolos sanitarios, circulares y directrices administrativas emanadas desde Corte Plena y el Consejo Superior; el desarrollo tecnológico y nuevas modalidades para la prestación de los servicios de justicia y el respectivo seguimiento en la implementación, destacan en el 2020; que hoy son la columna vertebral para el quehacer judicial del presente año.
“Hoy, todas las medidas adoptadas prevalecen, se fortalecen y se toman acciones ahora con mayor experiencia en los Planes de Continuidad de Servicios, que permitan mantener la continuidad de los servicios bajo una nueva normalidad en pro de la salud de las personas tanto usuarios (as) como funcionarios(as), bajo los lineamientos del Ministerio de Salud”, afirmó Dinorah Alvarez Acosta, Sub Directora Ejecutiva de Desarrollo de Infraestructura
Desde los Planes Anuales Operativos del 2020, se procedió con directrices internas para su revisión y reprogramación en 808 oficinas judiciales, debido a la emergencia sanitaria que inició en marzo de 2020. Esto permitió que al finalizar el año anterior, se registrara un cumplimiento del 96.77% en el Plan Estratégico Institucional y un 96.06%, en el Plan Anual Operativo. |
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Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Coordinador de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial. |
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Virtualidad en jurisdicciones
Durante el 2020 se introdujeron paulatinamente los protocolos para la aplicación de audiencias por medios tecnológicos. Con ello, la institución emprendió un proceso de seguimiento de la labor virtual de los despachos judiciales.
Solo en los despachos penales del país se registraron un total de 3066 audiencias virtuales. En la Jurisdicción Laboral se realizaron 2156 audiencias virtuales
La institución procedió desde las diversas comisiones jurisdiccionales, con la participación de la Dirección de Planificación, el Centro de Apoyo a la Jurisdicción Jurisdiccional, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, con las propuestas de cambios o adaptaciones requeridas en materias como la Penal, Contravencional, Contencioso Administrativo, Civil, Laboral, Tránsito, Familia, Agrario, Justicia Restaurativa, Conciliación, Notarial en el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Con la colaboración de la Dirección Ejecutiva y en atención a los protocolos de audiencias virtuales, también se donaron cuatro equipos de videoconferencia a los Centros de Atención Institucional (CAI), en el marco del convenio No.3-CG-2018 de “Cooperación Interinstitucional Poder Judicial - Ministerio de Justicia y Paz” y se asignaron cinco equipos a diferentes Administraciones Regionales. En total en el 2020, funcionaron 15 equipos de videoconferencia en CAI´s y 65 en Administraciones Regionales y despachos de todo el país, para enlazar a la persona en las audiencias requeridas desde los centros penitenciarios.
Puesta en marcha del teletrabajo
La extensión de la modalidad de teletrabajo en el Poder Judicial tuvo su punto más elevado de aplicación en el 2020. Al contabilizarse un total de 177 clases de puestos que aplicaron dicha modalidad, que comprendió un total de 3617 personas teletrabajadoras.
Como acompañamiento y seguimiento de esta línea de trabajo, desde la Dirección de Gestión Humana se evaluó al 20% de población que realizó teletrabajo para indagar sobre las condiciones sociolaborales en tiempos de COVID-19 y con ello identificar áreas claves para fortalecer las competencias del personal.
Además se procedió con la participación interdisciplinaria de las diferentes Direcciones Administrativas, con la revisión y propuesta de reforma al Reglamento de Teletrabajo para adaptarlo a los nuevos requerimientos institucionales.
Desarrollo tecnológico judicial
El trabajo de la Dirección de Tecnología de la Información durante el 2020, fue vital para reforzar el funcionamiento del Poder Judicial, al proporcionar a la mayor cantidad de personas servidoras judiciales, las herramientas tecnológicas para realizar las labores de forma virtual, con ello se apoyaron las acciones en materia de teletrabajo.
Esto comprendió las adquisiciones de equipo necesario para la atención de las audiencias virtuales, como lo son 100 parlantes, 358 diademas y 450 cámaras WEB.
Plan de Acción COVID
“Durante el 2020, como respuesta a los efectos generados de la emergencia sanitaria COVID-19, se elaboró el plan de acción institucional para asegurar la continuidad de los servicios judiciales, que consistió en la definición de acciones enfocadas al restablecimiento y adaptación de los procesos, herramientas y servicios a la nueva normalidad, para mantener el servicio público, en procura del resguardo de las personas usuarias y el personal judicial”, explicó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
De este trabajo se definieron 21 estrategias y un total de 67 acciones, que se incorporaron a los procesos de planificación institucional para su seguimiento y cumplimiento integrado y automatizado desde el Sistema de Formulación y Seguimiento del Plan Anual Operativo.
El plan de acción COVID-19 para la continuidad de los servicios institucionales logró un cumplimiento para el 2020 de un 100%, gracias al esfuerzo, coordinación y gestión conjunta de las oficinas y despachos judiciales involucrados, en los ámbitos administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, destacó Valverde Bermúdez.
Actualmente, se está elaborando el plan de acción para la continuidad de los servicios del Poder Judicial para el período 2021.
Algunos de los 21 objetivos estratégicos aprobados durante el 2020, fueron: reprogramación de Objetivos y Metas del PEI y PAO 2020; adecuación de modelos de trabajo en modalidad virtual en todas las oficinas y despachos judiciales, estrategias para mantener y extender el teletrabajo, gestión de riesgos institucionales, gestión de servicios críticos, lineamientos de Corte Plena y Consejo Superior, en atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, gestión de las Tecnologías de la Información y Transformación Digital, entre otros.
Protocolos de salud para prevenir contagio por COVID-19
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Las Salas de Juicio se adaptaron para garantizar el distanciamiento social entre partes y se les instalaron mamparas. |
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Según explicó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, desde que se declaró la emergencia nacional por el COVID-19, la institución se ha abocado en la elaboración de recomendaciones para evitar el contagio y salvaguardar la vida del personal judicial y las personas usuarias y con ello mantener la continuidad del servicio esencial que se brinda.
“Hemos mantenido una comunicación permanente con las autoridades del Ministerio de Salud y su personal técnico especializado y atendemos de forma continua, los requerimientos institucionales ante las diversas alertas y niveles de riesgo que se decretan”, manifestó Rivas Loáiciga.
El establecimiento de protocolos de salud relacionados con la prevención del contagio del COVID-19, es una tarea permanente en el Poder Judicial. En total se registran 12 protocolos y 32 circulares elaboradas y en aplicación, a los lineamientos del Ministerio de Salud. |
Estas medidas básicas de conducta cumplen el objetivo de resguardar la vida de las personas usuarias que acuden a los despachos judiciales y del personal judicial que labora de forma presencial.
También se construyó el protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en instalaciones judiciales; así como protocolos especiales para las personas que efectúan labores fuera de las instalaciones judiciales, para el ámbito administrativo y auxiliar de justicia, como el caso de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ y la Sección de Patología Forense.
Acciones administrativas
La Dirección Ejecutiva y sus Administraciones Regionales de Circuito, en todo el país, tuvieron a cargo la ejecución presupuestaria y la puesta en marcha de medidas de prevención y de respuesta a la emergencia nacional.
“Desde la Dirección Ejecutiva, sus departamentos técnicos y las Administraciones Regionales de Circuito en todo el país, se logra tomar las acciones oportunas, a través de la adaptación de las instalaciones, para que permitan el acceso a lavamanos al ingreso de las edificaciones, las cuales también se demarcan al ingreso y a lo interno velando por el distanciamiento social, se instruye y compran los implementos necesarios para la toma de temperatura en el ingreso de los edificios, se instalan mamparas en los puestos de trabajo de atención al público y recepciones de oficinas, entre otras”, detalló Álvarez Acosta.
En estas labores, se destaca la confección de más de 2000 bandas para demarcar piso, 600 calcomanías para ascensores, 1200 mamparas acrílicas para protección en mostradores, 2900 más para estaciones de servicio o escritorios, para el salón de Corte Plena y 23 salas de juicio; la elaboración de más de 3 mil afiches de medidas preventivas, 7200 calcomanías para sillas. |
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Las recomendaciones de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial se conocen por el pleno de Corte Plena. |
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A esto se suman, las gestiones de instalación de estaciones de lavado de manos en la entrada de todos los edificios judiciales con dispensadores de jabón y alcohol y toallas. Y se realizan inspecciones en las oficinas y despachos judiciales, que en el 2020, contabilizaron un total de 3692 inspecciones a nivel nacional.
La erogación de los recursos correspondientes al Fondo de Emergencias del Poder Judicial para la atención de la pandemia ascendió a ¢541.614.488,17, el año anterior.
“Se realizan reajustes presupuestarios para mantener el abastecimiento de estos productos e incorporarlas a las futuras formulaciones de presupuesto. Y se coadyuva en la disposición de espacios para adaptarlos como estaciones virtuales.
Las labores emprendidas por el Poder Judicial para garantizar la continuidad de los servicios judiciales, ante la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, demandó mística, dedicación y aportes innovadores, desde diversos equipos de trabajo en el ámbito administrativo”, manifestó la Sub Directora Ejecutiva del Poder Judicial. |
