Dr. Fernando Cruz Castro Presidente del Poder Judicial de Costa Rica

Muy buenos días, para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo unas palabras de inicio en este “CONGRESO SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Estándares Internacionales y Peritajes Culturales en Procesos Judiciales”.

Según el último Censo del año 2011, en Costa Rica existen más de cien mil personas que se reconocen como personas indígenas, esta cifra constituye aproximadamente un 2,4% de la población total del país.

Esas más de 100 mil personas, en su mayoría habitan en 8 pueblos indígenas (Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y Chorotega) los cuales se distribuyen a su vez en 24 territorios indígenas.

Cada uno con sus particularidades y tradiciones propias, pero todos compartiendo la misma marginación: la deuda histórica del Estado y el pueblo costarricense, en garantizar el respeto total y pleno de sus derechos, sus costumbres y su territorio.

En el caso en concreto de nuestro país, esa deuda se aprecia en una serie de problemáticas generadas a partir de años y años de exclusión social, la cual se manifiesta en los índices de pobreza, la falta de acceso adecuado a servicios de salud y educación, lo que se suma al hecho de que existen territorios que poseen situaciones de alta complejidad en torno a la tenencia de la tierra.

Muchos de estos déficits requieren un abordaje integral por parte del aparato estatal; desde las reformas legales necesarias que debe aprobar la Asamblea Legislativa, las acciones de coordinación y ejecución por parte del Poder Ejecutivo, hasta la aplicación de normas en total apego al marco jurídico costarricense y los tratados internacionales, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, esto en el caso del Poder Judicial.

Pero las acciones del Poder Judicial van más allá. Requieren garantizar el acceso real a la justicia.

Para ello la institución ha venido trabajando para enfrentar esta deficiencia, ejemplo de ello es la Comisión de Acceso a la justicia liderada por el Magistrado Jorge Olaso Alvarez, la cual a su vez cuenta con siete subcomisiones creadas para garantizar el acceso a la justicia, a partir del compromiso de la institución en el cumplimiento de las Reglas de Brasilia.

La implementación de estas reglas, además de establecer estas subcomisiones, generó a su vez la creación de la Unidad de Acceso a la Justicia con la finalidad de apoyar a las diferentes subcomisiones[2]

Y ya concretamente en el tema que nos corresponde, destaca el papel fundamental de la Subcomisión para el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas. Una subcomisión liderada por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez y que cuenta con la participación de las diversas instancias judiciales en torno a los temas de interés que se abordan dentro de la misma.

Esta distribución interna nos permite trabajar, tanto las áreas compartidas, como las que requieren ser individualizadas, generando una información más fluida y constante.

Sumado a estos esfuerzos institucionales, en el año 2018 se aprueba la ley n° 9593 también denominada “Ley de Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica”, la cual en sus orígenes, mediante proyecto de ley n° 17805, planteaba en su exposición de motivos que esta normativa:

[…] “busca establecer unas reglas mínimas para asegurar el acceso a la justicia a las personas indígenas, tomando en cuenta que vivimos en una sociedad multicultural y pluriétnica, y que las diferencias en la cosmovisión generan diferentes expectativas ante la administración de justicia y diversas formas de solucionar los conflictos sociales.”

Asimismo, aclara que “no se están reconociendo derechos nuevos sino estableciendo mecanismos para el cumplimiento práctico de los ya reconocidos.” Donde concretamente se buscaba dar cumplimiento con los artículos 2, 8 y 12 del Convenio 169 de la OIT.

Para posteriormente señalar que: “se limita a regular legalmente lo que en la práctica se ha venido aplicando en el Poder Judicial.”

Además, se regulan una serie de características y temas, los cuales por la naturaleza propia de este congreso veo que se analizarán durante el mismo, por lo tanto, no nos detendremos en estos puntos.

Sin embargo, esta ley desarrolla algunos aspectos interesantes como el derecho a la información en el idioma materno, la asistencia de intérpretes y traductores, las medidas para facilitar la práctica de pruebas, la posibilidad de establecer una especie de “banco de datos”, siempre y cuando exista consentimiento informado, para así aprovechar el trabajo que se genere en un determinado peritaje cultural.

De igual forma se reconoce la coordinación con las universidades públicas para obtener apoyo en cuanto a los peritajes culturales, y la asistencia letrada gratuita; siendo este último objetivo, donde la Defensa Pública cumple un rol fundamental.

Pero no siempre todo es tal y como dicta el papel.

Está ley conlleva una serie de esfuerzos necesarios para lograr su implementación adecuada en la práctica, tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias que aquejan no solo a la institución sino a todo el Estado en general. De nuevo, para saldar esta deuda, se requiere el fortalecimiento del estado social y del bienestar y no su debilitamiento, como ocurre en los últimos años.

Por eso, para su adecuada implementación, el Poder Judicial realiza acciones para capacitar a las personas defensoras públicas mediante este tipo de congresos.

Se requiere la formulación de convenios con las universidades públicas para realizar un trabajo conjunto en temas de peritajes culturales, convenio que actualmente nos encontramos gestionando.

Asimismo, de acuerdo con las exigencias de esta normativa, en el artículo 12, venimos desarrollando, con el acompañamiento de MIDEPLAN y Naciones Unidas, la elaboración de una Política Indígena para el Poder Judicial, la cual se pretende construir de forma participativa con mujeres y hombres indígenas. Con este fin se utiliza una metodología de MIDEPLAN y de la Dirección de Planificación, que supone la intervención de personas usuarias internas y externas.

También es importante resaltar los esfuerzos que está realizando la institución, para poder materializar una propuesta clara que permita la creación de una jurisdicción especializada en temas indígenas, pretensión que supone un mecanismo que unifique todas aquellas disonancias entre las distintas jurisdicciones que conocen estos temas. Esta tarea no es fácil, mejor sería resolver algunos de esos conflictos mediante acciones políticas más amplias, de mayor alcance, porque la atomización jurisdiccional es probable que en algunos casos no sea eficaz y oportuna.

El Poder Judicial ha venido realizando muchas acciones en pro de mejorar y garantizar ese acceso a la justicia, no obstante, estamos claros que aún hay mucho camino por andar, es mucho el extravío que se ha hecho desde hace más de quinientos años.

Y todo esto refleja una vez más que la creación de sinergias en tiempos tan convulsos, resultan altamente necesarias para la búsqueda de soluciones definitivas, en pro de una población que ha sufrido una exclusión sistemática, no solo en Costa Rica sino en toda América Latina.

El 28 de abril tuve la oportunidad de compartir un espacio con las distintas personas líderes y lideresas de los pueblos Maleku, Térraba, China Kichá, Boruca, Bribri de Talamanca y Cabecar de Talamanca. Fue un paso, aunque pequeño, en favor de una justicia que distinga mejor los problemas de una minoría postergada por siglos.

Y separando un poco, el tema de los problemas existentes por los territorios, me percato que muchas de sus preocupaciones tienen eco y similitud con la que expresan muchas personas usuarias del Poder Judicial, cuando señalan las disfunciones de la mora judicial.

Mora que debemos ir abordando, no solo desde una perspectiva interna, sino que también requiere ajustes estructurales y normativos, de ahí que la política indígena, la simplificación de trámites y una jurisdicción especializada, pueden aparecer como elementos paliativos para mejorar el acceso a la justicia en esa búsqueda, de una meta tan ambiciosa como la “justicia pronta y cumplida”.

Por lo tanto, debemos tener el panorama claro y entender que el acceso a la justicia conlleva, no sólo una suma de elementos y actitudes, sino también una serie de valores que deben regir el accionar de todas las personas que trabajan día a día con estos temas.

El compromiso por garantizar un servicio de calidad y la empatía para entender que las personas no vienen al Poder Judicial por gusto, sino por un auxilio o necesidad de justicia, son factores que no deben perderse nunca de vista al abordar estos retos de una justicia pronta y humana, una justicia que pueda dar acceso a poblaciones que han sido política y económicamente marginadas.

Les deseo el mejor de los éxitos en este Congreso que recién inicia, ojalá que sea de sumo provecho el conocimiento obtenido y que una vez alcanzado, pueda efectivamente ser llevado a la práctica. Es un esfuerzo más en un camino tan largo y cargado de prejuicios y marginalidad.

En esta deuda tan dramática con los pueblos originarios de América, con su opresión y aniquilamiento, esta actividad sólo avanza unos centímetros en dirección de lo que podría ser justo. Así recuerdo una reflexión de Mark Twain, que se hizo las siguientes preguntas: ¿Dónde están mis ancestros? ¿A quiénes he de celebrar? ¿Dónde encontraré mi materia prima? Mi primer antepasado americano……fue un indio, un indio de los tiempos tempranos. Los antepasados de ustedes lo han desollado vivo, y yo soy su huérfano. (cita de Eduardo Galeano. El mundo patas arriba. P.47)

Muchas gracias.