La Entrevista
Freddy Briceño Elizondo
Jefe del Subproceso de Salud Ocupacional

“La institución se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias”

Erick Fernández Masís
Periodista

Freddy Briceño Elizondo, Jefe del Subproceso de Salud Ocupacional

El Poder Judicial de Costa Rica mantiene un alto compromiso con la protección de la salud de las personas usuarias tanto internas como externas, aplicando una serie de medidas de prevención para combatir los embates de la pandemia causada por la enfermedad del Covid-19.

Gracias a este trabajo, la institución alcanzó el galardón “Sello Centro de Trabajo Prevenido ante el COVID-19”, premio otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional y el cual reconoce los esfuerzos en materia preventiva en el contexto de la situación sanitaria actual.

Es por esto, que para esta edición de la sección “La Entrevista” hablamos con Freddy Briceño Elizondo, Jefe del Subproceso de Salud Ocupacional, quien nos relata un poco más sobre dicha distinción.

¿Cuál es su criterio sobre la importancia de este reconocimiento?

Este reconocimiento es importante porque destaca y visibiliza los esfuerzos efectuados y compromisos adquiridos por el Poder Judicial de Costa Rica en materia preventiva dentro del contexto de la pandemia del COVID-19, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población laboral y usuaria de la institución, así como garantizar la continuidad del servicio que brinda este Poder de la República al Estado costarricense.

¿Cuáles acciones llevaron a alcanzar este logro?

Son muchas las acciones que se han desarrollado a nivel institucional para alcanzar este reconocimiento, incluso podríamos remontarnos a marzo del 2020 donde iniciaba el estado de emergencia a nivel nacional y emprendíamos las primeras acciones preventivas como institución. Una de las primeras acciones que permitieron alcanzar este logro fueron las medidas para asegurar la continuidad en la prestación de servicios y proteger la vida, salud y seguridad de las personas usuarias y servidoras judiciales, propuestas por la Comisión Institucional de Emergencias y aprobadas por la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2020.

Otra de las acciones a destacar son la creación de los protocolos sanitarios que han sido aprobados por el Consejo Superior, los cuales fueron los instrumentos que vinieron a estandarizar en las más de 800 oficinas del país, la forma en que se accionarían las estrategias preventivas para resguardar la salud del personal y de las personas usuarias, previniendo y mitigando la exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros de trabajo.

Aunado a los protocolos vigentes en este Poder de la República, se deben contemplar otras acciones igual de relevantes, tales como las capacitaciones sobre los protocolos que se han promovido por parte de la Dirección de Gestión Humana, que han permitido formar a más de 780 personas que ocupan cargos de jefaturas o coordinaciones para su implementación en las oficinas; el inmediato abordaje de los casos sospechosos y contacto por parte del Subproceso del Servicio de Salud; las diligentes acciones de limpieza realizadas por el Departamento de Servicios Generales o las Administraciones Regionales en todo el país; las campañas informativas y de sensibilización comunicadas por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional; y las más de 4000 inspecciones, asesorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por las personas profesionales en salud ocupacional que permiten verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los protocolos y brindar recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio.

¿Qué importancia reviste esta distinción para el Poder Judicial como institución comprometida con la salud de las personas usuarias internas y externas?

Este reconocimiento, además de destacar las acciones preventivas implementadas, se convierte en una herramienta para la mejora continua en la gestión institucional de salud y seguridad laboral, ya que conlleva un proceso de autoevaluación periódica sobre las estrategias que se han implementado para la prevención, control y mitigación de los factores de riesgo laborales asociados a la COVID-19. En otras palabras, es una garantía que la institución se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias acorde a las directrices emitidas por los entes rectores en el manejo de la emergencia.

¿Quiénes han sido las personas intervinientes claves para lograr este sello?

Son muchos los actores que han participado de forma directa o indirecta para la obtención de este sello. En una primera instancia se puede mencionar de forma directa a la Comisión Institucional de Salud Ocupacional y a la Dirección de Gestión Humana, quienes tenían interés en someter a la institución al proceso de evaluación para la obtención del sello, tarea para la cual designó al Subproceso de Salud Ocupacional. Sin embargo, de forma indirecta, hay muchos otros actores que participaron y siguen participando como intervinientes clave para la obtención y el mantenimiento de esta distinción, a través del cumplimiento de los distintitos lineamientos, recomendaciones, medidas y protocolos, entre los cuáles se debe mencionar: el liderazgo ejercido por la Comisión Institucional de Emergencias en la promulgación e implementación de medidas; el compromiso adquirido por las altas jerarquías como la Corte Plena y el Consejo Superior en el resguardo de la protección, salud y seguridad de las personas trabajadoras y usuarias a través de la aprobación de distintas medidas, protocolos y circulares; las acciones llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría y otros centros gestores al proveer de los insumos y del equipo de protección personal a las personas que lo requieren; a la atención médica y orientación que ha brindado el Servicio de Salud con cada caso positivo que ha sido reportado; a las acciones llevadas a cabo por las Administraciones Regionales y demás centros gestores como las Administraciones del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al cumplir y promover dentro de sus oficinas las distintas medidas establecidas en los lineamientos y al acatar las recomendaciones dadas a partir de las inspecciones efectuadas por las personas profesionales en salud ocupacional; y finalmente, a cada persona que en su ámbito individual cuida y protege su salud, la de su familia y la de sus compañeros y compañeras de trabajo.

¿Cómo mantener este trabajo orientado al éxito en el mantenimiento de condiciones sanitarias seguras?

Desde el Subproceso de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, nos encontramos frecuentemente revisando los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud, para implementar las actualizaciones requeridas o generar nuevos protocolos que son sometidos ante el Consejo Superior, también mantenemos el compromiso de continuar con el desarrollo de inspecciones aleatorias en las distintas oficinas para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas y brindar las recomendaciones en cada caso particular. No obstante, el éxito de estas condiciones sanitarias seguras depende de cada jefatura que vele e implemente en sus oficinas todas las acciones preventivas requeridas para disminuir el riesgo de contagio en el centro de trabajo, manteniendo a su personal en teletrabajo cuando las funciones lo permitan, priorizando cuando es posible las actividades virtuales sobre las presenciales, y manteniendo el distanciamiento de seguridad en los casos en que se requieran realizar actividades presenciales, pero sobre todo, está en cada persona trabajadora que es consciente de su responsabilidad y autocuidado, y por tanto debe continuar acatando los lineamientos y protocolos que se mantienen vigentes y utilizando el equipo de protección personal de forma correcta cuando es requerido.

Lic. Sergio Bonilla Bastos
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Lic. Erick Fernández Masís
Licda. Sandra Castro Mora
Lic. César González Granados
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