“Resultados del sondeo a personas con discapacidad acerca de la prestación de los servicios del Poder Judicial”

Conocer de primera mano la percepción de personas con discapacidad sobre la forma en que reciben los servicios del Poder Judicial, fue el objetivo de un sondeo que realizó la Contraloría de Servicios en forma coordinada con la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad durante el año anterior en las diferentes zonas del país.

El propósito fue tener un primer acercamiento general sobre posibles problemáticas y oportunidades de mejora, así como para generar insumos valiosos para la toma de decisiones en diferentes aspectos como lo son los espacios físicos, el trato, la información, los productos y servicios de apoyo que la institución ha puesto a disposición de esta población.

La Magistrada y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas en Situación de Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez, recalcó que “los datos recolectados constituyen una oportunidad de mejora para la institución a efecto de proyectar formas más eficaces y eficientes de divulgar los derechos de esa población, consagrados en normativa nacional e internacional, esta última de carácter supraconstitucional según reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional; además, identificar si las instalaciones físicas y mobiliario facilitan o dificultan el acceso al servicio, el trato que se da a esa población, la función que desempeñan los productos de apoyo técnico y los servicios de apoyo institucionales, según la percepción de las personas usuarias con discapacidad”.

Se recibieron un total de 50 respuestas de personas con discapacidad que utilizaron servicios de la institución durante el año 2020, sin embargo, únicamente 42 de ellas contestaron el cuestionario de manera completa. Un 58% fueron hombres y un 42% fueron mujeres, con edades principalmente entre los 26 y los 45 años.

Con respecto al tipo de discapacidad, se recopilaron respuestas principalmente de personas que indicaron tener discapacidades físicas o cognitivas, y en una menor cantidad discapacidad visual y/o auditiva.

Estas personas se presentaron a realizar trámites variados, principalmente en materia de Familia, Pensiones Alimentarias y otros de índole administrativo. Entre los trámites más mencionados destacan la presentación de demandas o denuncias, las solicitudes de información y la solicitud o retiro de hojas de delincuencia.

Según se indicó en el informe, al consultarles acerca de aspectos del espacio físico como: instalaciones, muebles, baños y señalización/rótulos, en general, se recibieron respuestas positivas, en la medida en que califican estos aspectos como buenos, sin embargo, pocas personas otorgaron una calificación de muy bueno, lo cual evidencia que aún se podrían aplicar mejoras.

Las zonas de espera son las que presentan mayor disconformidad, un 40% de las personas las califica como malas o muy malas en términos de accesibilidad, similar sucede con los muebles que se ubican en estas zonas, pues el 35% también los calificó como malos o muy malos.

La institución cuenta con diferentes tipos de productos de apoyo técnico que incluyen: lentes de aumento o lupas, binoculares con aumento, sistema Jaws (programa lector de pantalla que le provee a las personas ciegas acceso al contenido de la computadora por medio de una voz sintetizada), sillas de ruedas, muletas, atriles, teclados especiales, ratones de computadora especiales, mezclador de audio y andadera. Sin embargo, únicamente el 17% de las personas con discapacidad que completaron el cuestionario indicó que los conoce, mientras que el 83% señaló no conocer de la existencia de estos apoyos.

El 98% de las personas considera que debe realizarse mayor divulgación por parte de la institución acerca de las facilidades que brinda a las personas con discapacidad; esto contrasta con el desconocimiento acerca de los productos de apoyo técnico y el servicio de LESCO (Lengua de señas costarricense).

“El compromiso con la mejora continua del servicio que se brinda a la población con discapacidad, interna y externa, es parte de las metas y objetivos estratégicos del PEI 2009/2014, y en especial, de la Política de Igualdad de las Personas con Discapacidad del Poder Judicial. Por ello, es parte importante de nuestras funciones como personas servidoras judiciales su cumplimiento óptimo”, puntualizó la Magistrada Vargas.